El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Telecomunicaciones
Ante el crecimiento exponencial que manifestó en los últimos años el mercado de las telecomunicaciones, el gobierno nacional presentó ayer un proyecto de ley que encausa cuestiones básicas del rubro para facilitar la accesibilidad en todo el país en condiciones de precio, calidad y competencia.
La iniciativa, girada al Senado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, tiene además guiños directos a los usuarios de los servicios de celulares, Internet y redes: por caso, habrá regulación de las tarifas de interconexión (alquiler de las redes por parte de prestadores) y, con un mismo cable, los ciudadanos podrán recibir todos los servicios juntos por parte de una misma empresa, en un escenario de competencia directa. Asimismo, se elimina la larga distancia para llamados telefónicos, es decir, costará lo mismo comunicarse con Capital Federal que con cualquier otra provincia del país. Habrá además una exigencia estatal en materia de velocidades de prestación de los servicios que son, al fin y al cabo, el meollo de la cuestión en materia de calidad. Según fuentes parlamentarias, la iniciativa se tratará en la Comisión de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por Lilian Fellner. El oficialismo busca discutirla en el recinto a fines de noviembre.
La iniciativa remplaza los preceptos de la Ley 19.789, de Telecomunicaciones, vigente desde el año 1972. Horas antes del ingreso al Parlamento, las modificaciones fueron detalladas en conferencia de prensa por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Economía, Axel Kicillof; y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner. «Esto establece una completa neutralidad de las redes, que facilitará a la gente acceder al mayor universo de comunicaciones posible», explicó De Vido y agregó que «esta norma excluye de su objeto la regulación de los contenidos, por lo tanto se mantendrá la más plena y absoluta libertad para inyectar a la red esos contenidos». Asimismo, aseguró que con esta iniciativa «estamos garantizando el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador, y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos».
Por su parte, Berner explicó que a partir de este proyecto se «modifica la ley madre de 1972, cuando sólo había telefonía básica, por lo que era indispensable y esencial que tengamos una nueva regulación». «Con un solo cable, los usuarios tendremos acceso a múltiples servicios y empresas, sin necesidad de que nos anden agujereando la pared cada vez que contratamos un servicio», subrayó. A su turno, Kicillof destacó que «es un derecho humano y una necesidad darle un marco jurídico al tema de las telecomunicaciones, no es posible que cinco empresas se dividen el 88% de las ventas y nos vacunen con las tarifas». «Esta ley pone como servicio público a toda esa infraestructura, regulando velocidad y tarifa, lo que seguramente generará más inversiones en el sector», indicó el jefe de la cartera de Hacienda.
Finalmente, Capitanich aclaró que la letra del proyecto de ley fue producto «de un trabajo en equipo, compacto y armónico, bajo el liderazgo de la presidenta».
«No es lo mismo montar plataformas digitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que en distintos pueblos del interior, que es donde el Estado tiene que intervenir», agregó el jefe de Gabinete.
En los considerandos del proyecto de ley se observan casos de jurisprudencia internacional en la materia que propendieron a la convergencia, como el de Colombia y México (ver aparte). Y se especifica además el cuadro en el que se enmarcan los cambios, con mercados de crecimiento exponencial: según las cifras oficiales, entre 2003 y 2014 el país pasó de tener 4,5 millones de celulares básicos a 45 millones, de los cuales buena parte son inteligentes y exceden el servicio de llamadas. Por el lado de Internet, entre 2008 y 2013 la penetración creció un 400%; y al menos la mitad de los hogares cuenta con una computadora. El detalle de los puntos centrales de la iniciativa clarifica los fines de la misma: en primer término, se declara servicio público «esencial y estratégico» de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia al uso y acceso de las redes de telecomunicaciones, para y entre los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Asimismo, se fomenta la competencia entre prestadores, «en igualdad de condiciones», y una mejor calidad del servicio «a un precio razonable». Como la normativa no regula contenidos, la cantidad de licencias de comunicación audiovisual que tenga un licenciatario sigue sin cambios, en línea con lo que estipula la Ley de Medios. Pero como se declara servicio público a celulares, telefonía, Internet y TV por cable, cualquier empresa puede prestar el servicio que elija, en igualdad de condiciones. De todos modos, y a diferencia de lo que ocurre con otros servicios «esenciales» (luz, gas, agua, etcétera), el Estado no podrá intervenir en la regulación de tarifas minoristas. La expectativa aquí es que la mayor competencia derive en mejores precios al usuario.
En esta línea, otro de los ejes es que «los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y televisión ahora llegarán a los hogares a través de un solo acceso, permitiendo a cada usuario elegir el servicio y/o la empresa más conveniente a sus necesidades, utilizando la misma red». Donde sí intervendrá el Estado es en la regulación del costo de conexión, es decir, el precio que los prestadores que no tienen redes propias abonan en concepto de alquiler a aquellos que sí las tienen. Hoy, en el país, las redes de llamadas y datos son, mayormente, de las empresas de telefonía y de las grandes firmas de la TV por cable. Este punto mejora la perspectiva de negocios de las pymes, que hoy pierden terreno ante las grandes empresas con espalda e infraestructura. De esta forma, se busca desmonopolizar la red de fibra óptica. «No importa qué empresa llegue a tu casa con una red, porque esa red la va a poder utilizar cualquier operador de servicios, vas a poder contratar a cualquier operador. Esto será importante para muchas empresas chicas, cooperativas y pymes que podrán ofrecer servicios a todos los argentinos», afirmó ayer Berner sobre este punto.
Además, los licenciatarios TIC tendrán el derecho y la obligación de suministrar el acceso y la interconexión de sus redes. En pos de la calidad, se establecerá también una velocidad mínima obligatoria de transmisión de las redes que se actualizará cada dos años y garantizará un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional.
La eliminación de la larga distancia en celulares es otra novedad. Fuentes oficiales explicaron que «saldrá lo mismo llamar de Capital a La Quiaca que de Capital a Mercedes». Lo que aún está por verse es si la tarifa general se mantendrá en los valores actuales. Por último, se creará un fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan, y estará conformado por «aportes obligatorios de los licenciatarios y administrado por el Estado Nacional».
“Es una ley claramente antimonopólica que abre el juego a las empresas pequeñas y las cooperativas”
El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, detalló los alcances del proyecto de ley Argentina Digital, que declara el servicio público, esencial y estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), enviado al Senado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los 10 puntos más destacados.
En diálogo con Télam, Berner mencionó a «la neutralidad en la red, la interconección del sistema, la apertura de infraestructura por parte de las grandes empresas, la inviolabilidad del correo electrónico y la mejora en la competencia», como los aspectos principales de la nueva ley, que viene a reemplazar una norma sancionada en 1972.
El funcionario explicó que el texto enviado al Senado nacional garantiza, desde el punto de vista de los usuarios, una mejora en la prestación y una mayor oferta por parte de quienes brindan servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (Tic).
«Con un solo cable, los usuarios podrán acceder a más de una empresa, sin necesidad de que cada vez que contraten un nuevo servicio tengan que clavarle un poste en la puerta de su casa o agujerearle la pared», afirmó el secretario.
Respecto de la neutralidad en la red, Berner sostuvo que la misma estará ahora garantizada por ley y determinará que «quienes brinden el acceso a la red no puedan modificar la calidad ni la velocidad con la que se accede a un sitio».
Además, explicó que con la implementación de la telefonía IP, «dejará de existir el llamado de larga distancia nacional, pagándose el mismo precio por hablar por teléfono en todo el país, desde aparatos fijos».
Por otra parte, aseguró que para las empresas, la obligatoriedad del servicio de interconexión «abaratará los costos de las tarifas».
En este sentido, consideró que la norma apunta a mejorar la relación entre los licenciatarios en beneficio de las empresas más chicas, dado que se trata de «una ley claramente antimonopólica que abre el juego a las empresas pequeñas y las cooperativas».
