Del festín intervencionista a la amenaza totalitaria – La Nación, Argentina
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El aumento de los controles sobre los turistas argentinos que viajen al exterior, la posibilidad de reformar la ley penal cambiaria para agilizar los procedimientos contra quienes compren y vendan dólares fuera del cada vez más restringido circuito formal y los cambios que el proyectado Código Civil y Comercial provocaría en los contratos pactados en moneda extranjera, sumados a la ley de abastecimiento, constituyen un nuevo paso en la dirección tan temida: la elegida por la Venezuela chavista.
El fortísimo avance del intervencionismo del gobierno kirchnerista en la economía tiende a aumentar a medida que se agrava el escenario, de la mano de una inflación que se espiraliza y de un nivel de actividad que se contrae y hace caer el empleo, en función de las negativas expectativas y de la consecuente falta de inversiones productivas, además de la pésima gestión de la Presidenta y su ministro de Economía.
Resulta claro que cada traspié económico es para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una oportunidad para redoblar la apuesta intervencionista. Frente a cada fracaso, tanto ante la suba del costo de vida como ante el cierre de una fábrica o el alza descontrolada del dólar, el Poder Ejecutivo ha reaccionado con más regulaciones, más controles y más ataques contra la libertad de los actores económicos.
La tesitura que, vanamente, intenta imponernos el Gobierno es que los cada vez más graves problemas socioeconómicos presentes no son causados por los desaguisados de la política económica oficial, sino que son responsabilidad de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, y de especuladores que alientan la compra de divisas con propósitos «destituyentes». Deberían preguntarse la Presidenta y su equipo económico por qué esos empresarios a quienes apuntan sus dardos no subían los precios durante los primeros años del kirchnerismo en el poder y por qué, durante ese período, ningún argentino se preocupaba mucho por hacerse de billetes estadounidenses.
La corrida cambiaria actual, como otras vividas por la Argentina, más que apetencia por dólares, expresa el deseo de la gente de desprenderse de sus pesos para proteger su poder adquisitivo.
En un contexto de inflación galopante, derivado fundamentalmente de los crecientes niveles de emisión monetaria para paliar el aumento del déficit de las cuentas públicas, cualquier medida gubernamental tendiente a cercenar la oferta de moneda extranjera no hará más que seguir alentando la suba de su precio y la devaluación del peso.
Es probable que, de prosperar, la reforma penal cambiaria que se proyecta sólo sirva para detener y condenar a pequeñísimos ahorristas que buscan en el dólar un refugio para evitar la rápida depreciación de su ingreso. El caso de una jubilada de 70 años, condenada en 2004 por la Justicia con una multa por haber adquirido dos años antes 200 dólares en una heladería del barrio porteño de Floresta, es más que indicativo al respecto.
La iniciativa que apresuradamente se apresta a tratar la Cámara de Diputados para reformar y unificar los códigos Civil y Comercial, a la cual el Senado le dio media sanción a fines de noviembre de 2013, plantea también serios interrogantes para la actividad económica y el derecho de propiedad, en lo referido a contratos en moneda extranjera.
Según la redacción prevista para esa clase de obligaciones, el artículo 765 del proyectado Código dispone que si se pactó la entrega de moneda extranjera, se deberá «cantidad de cosas» y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Eso faculta a quien debe pagar a desconocer el pacto de entregar la moneda extranjera que se comprometió a abonar y a reemplazarla por pesos argentinos.
De acuerdo con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, tal normativa se contradice palmariamente con el proyectado artículo 766, que establece que se debe entregar la cantidad correspondiente de la «especie» indicada en el contrato, por lo que «el tema asume extraordinaria gravedad en un contexto en el que es habitual la contratación en moneda extranjera como medio para prevenir el fenómeno inflacionario».
Estamos así frente a una razón más para que el proyecto de reforma y unificación de los códigos no sea aprobado a libro cerrado, sin un debate serio y sereno que permita alcanzar un consenso amplio para una iniciativa de tamaña trascendencia para la vida de los argentinos.
Lamentablemente, el gobierno nacional parece empeñado en profundizar su festín intervencionista que, además de cercenar libertades, tendrá efectos negativos para la seguridad jurídica y la atracción de inversiones.
La reciente resolución de la AFIP que obliga a los prestadores de servicios de transporte aéreo internacional a brindar a la Dirección Nacional de Migraciones 32 datos del vuelo y de cada pasajero, que quedarán en manos del órgano recaudador de impuestos, puede interpretarse como un nuevo intento por desalentar el turismo en el exterior, en los actuales tiempos de escasez de divisas. Pero también como un paso más en la escalada para gobernar infundiendo temor, que nos acerca a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, donde han venido creciendo las restricciones para viajar al exterior ante la imposibilidad de adquirir moneda extranjera.
En el país caribeño, además de restricciones como las señaladas, impera la prohibición de difundir la cotización del dólar que se compra y vende en el mercado marginal, y existen duras penas para los medios de comunicación que violen esa regla. Aunque aún el gobierno kirchnerista no ha llegado a este extremo, las medidas comentadas en esta columna editorial, sumadas a las cuestionables leyes de abastecimiento y antiterrorista, nos hacen pensar que estamos en el camino que conduce al totalitarismo.
