Condenan a perpetua a 15 represores por crímenes de lesa humanidad
Por María Eugenia Marengo y Juliana Díaz Lozano
. Luego de diez meses de juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata condenó a perpetua por crímenes de lesa humanidad a 15 represores que participaron del ex Centro de Detención Clandestina «La Cacha».
El ex centro de detención clandestino (CCD) conocido como «La Cacha», que funcionó durante la última dictadura cívico-militar, estaba ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata. El viernes pasado el Juzgado Oral Federal N° 1 de la ciudad platense condenó a prisión perpetua a 15 de los 23 represores que torturaron a cientos de desaparecidos, entre ellos Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y madre del nieto recuperado 114. Afuera, aguardaron la sentencia organizaciones populares y de DD.HH del oficialismo, mientras que organizaciones y movimientos sociales del arco de la izquierda, realizaron diferentes concentraciones y actos.
Durante casi un año más de 120 testigos atravesaron el estrado que montó el Juzgado Oral Federal N°1 en la sede de la ex AMIA, de la calle 4 entre 51 y 53 de La Plata, para llevar adelante los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El tribunal compuesto por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega, llevó adelante el debate oral y público que surgió por la unificación de tres causas, donde se investigaron 127 hechos vinculados a: homicidios, privación ilegítima de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores de diez años, cometidos entre los años 1977 y 1978.
En este este juicio se logró, por primera vez, juzgar a los servicios de Inteligencia del Ejército, dado que «La Cacha» dependía del Destacamento 101 de Inteligencia Militar (ubicado en la calle 55 entre 7 y 8). A partir del testimonio de las víctimas, se evidenció el rol de los represores encargados de la inteligencia y el lugar que ocupaban edificios como el Destacamento 101, en la zonificación del territorio que se planificó para llevar adelante la represión.
Los imputados fueron militares, funcionarios públicos y efectivos policiales. Dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor «El Oso» Raúl Acuña e Isaac Crespín Miranda; trece ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande; y Miguel Ángel Amigo; cuatro policías bonaerenses, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director General de Investigaciones; Eduardo Gargano, Director General de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata y Julio César Garachico de la misma Unidad Regional; un civil, Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno y Juan Carlos Herzberg, retirado de la Armada, integrante de la Fuerza de Tareas 5. Además de los 15 sentenciados a perpetua, Herzber fue condenado a 12 años, Baltalla, Grande y Espinoza a 13 años y Perea fue absuelto.
Sin embargo en la lista quedaron afuera Alejandro Agustín Arias Duval, Jefe del Destacamento 101, y el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Manuel Saint Jean, ambos fallecidos impunemente. Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 19 de diciembre.
Cómo funcionaba «La Cacha».
«Estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente», solían decir los represores a las y los detenidos, en alusión al personaje ideado por Manuel García Ferré, en su popular tira animada conocida como «Hijitus».
Entre los años 1976 y 1978, este centro del terror apodado como «La Cacha», funcionó entre las calles 191, 196, 47 y 52 en las afueras de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Lisandro Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. En este macabro lugar, también existió una maternidad clandestina para las detenidas desaparecidas embarazadas, entre las que estuvo Laura Carlotto.
Este Centro de detención clandestina funcionó bajo el área operacional 113 del Primer Cuerpo del Ejército y allí tuvieron participación conjunta desde la Marina, la Armada, la Policía Bonaerense, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires y el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
A partir de las investigaciones preliminares, se pudo comprobar que «La Cacha» no era un lugar de tránsito para los y las detenidas, ya que en la mayoría de los casos no pasaron por otros centros ni fueron parte de un circuito de represión clandestina.
El ex penitenciario bonaerense Héctor «El Oso» Acuña, fue recordado por muchos sobrevivientes como uno de los torturadores más crueles dentro del Centro. El día de la sentencia, encerrados en el «corralito» que el juzgado arma para los imputados y rodeados por agentes del servicio penitenciario, el Oso Acuña y Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía de la provincia bonaerense, cumplieron con el ritual: luego de escuchar las condenas, Etchecolatz intentó acercarse en un acto provocativo al presidente del tribunal, Carlos Rozansky, para alcanzarle un papel escrito de su puño y letra que decía: Julio López. Mientras que, el Oso Acuña, debió ser retenido por los agentes de seguridad, en un intento por abalanzarse al público.
Juicios fragmentados y a cuentagotas.
Como denuncia el colectivo de derechos humanos y querellante en las causas de lesa humanidad «Justicia Ya», en todo el país en los últimos once años sólo se ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25 por ciento de los dos mil genocidas procesados en estos años.
El juicio que culminó el viernes por el CCD «La Cacha», al tiempo que constituye un emergente de años de lucha de las organizaciones populares y de los organismos, es también un cabal ejemplo de la fragmentación e insuficiencia de los procesos que se vienen realizando para desentrañar los peores crímenes de la dictadura. Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por este CCD pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio. Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
Sin embargo, con la fragmentación del proceso a manos del Juez Blanco que instruyó en la causa durante doce años, en este juicio, sólo se investigaron a 21 represores por los delitos cometidos durante 1977, perdiéndose la oportunidad de investigar en unidad, el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.
En consonancia, María Laura Bretal, una de las testigos sobreviviente de «La Cacha», afirmó luego de festejar las perpetuas para los quince represores, «esperamos 37 años para poder realizar un juicio completo, que fuera por todos los compañeros del campo de concentración y contra todos los genocidas y sus cómplices. Este juicio no lo pudimos tener todavía». Es que a contramano de los pedidos de los organismos, no se investigó la complicidad de los médicos de la policía bonaerense que firmaban los «NN» luego de los homicidios, que fueron probados por el equipo de Antropología Forense. Por otra parte, la justicia rechazó la ampliación de indagatoria por delitos sexuales, que exigía que estos crímenes fueran considerados de manera autónoma como delitos de apropiación del cuerpo de las mujeres y no sean subsumidos dentro de la práctica de tormentos.
