Colombia: víctimas del conflicto armado denuncian ante la CIDH impunidad en ejecuciones extrajudiciales
Víctimas del conflicto armado pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado colombiano juzgue como autores y no como encubridores a altos mandos militares acusados de ejecuciones extrajudiciales o lo que se conoce en el país como «falsos positivos».
«Las víctimas consideramos que, al ser comandantes de las unidades militares con responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, hay que juzgarles como autores y no como encubridores», subrayó Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas de Colombia.
La diferencia entre ambos cargos penales son 25 años de cárcel, destacó Malambo, en la primera jornada del período número 153 de sesiones del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra esta semana en Washington, EE. UU.
Los peticionarios, entre los que se encuentra el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron al Estado que garantice «la participación efectiva» de las víctimas en el proceso judicial para salvaguardar su derecho a «la verdad, la justicia y la reparación».
Malambo consideró «insólito y paradójico» que durante los juicios, las víctimas puedan solicitar la presencia de los acusados pero no interrogarles, puesto que esa práctica se delega en la Fiscalía, que pasa a representar a las víctimas.
A su juicio, esta práctica judicial produce una «alarmante impunidad» en los casos de ‘falsos positivos’, eufemismo con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército a cambio de beneficios y mejores cargos.
«Ese es el caso de los 16 jóvenes desaparecidos y asesinados en Soacha. Seis años después, sólo existen dos condenas», resaltó el jurista, en referencia los jóvenes asesinados en el 2008 que vivían esa localidad y que fueron presentados como «guerrilleros muertos en combate».
«Hay aspectos del sistema penal acusatorio que deben mejorar», admitió el representante de la Fiscalía General, Francisco Echeverri, quien dijo que el Gobierno tiene una visión «absolutamente diferente» sobre las ejecuciones extrajudiciales.
A su juicio, no existe «ningún tipo de impunidad», porque el sistema judicial protege los derechos de las víctimas y no ampara a los altos mandos militares, a los que también condena.
«Hay 33 coroneles, tres tenientes coroneles, 11 mayores, 22 capitanes y 64 tenientes condenados», detalló Echeverri, quien explicó que, en total, hay casi mil procesados por ‘falsos positivos’ y más de 2.200 detenidos por estos «graves crímenes».
Otro de los puntos principales que se abordaron en la audiencia fue el de las indemnizaciones que el Estado otorga a los desplazados por la violencia.
Bianca Irene Lopez Garzón, de la Corporación Jurídica Yira Castro, criticó que, con la nueva legislación, las compensaciones a las víctimas hayan pasado de los 27 salarios mínimos a los 17.
«Las víctimas salen del conflicto armado para caer en la trampa de la pobreza», alertó Malambo, quien cree que el Estado debería indemnizar a las víctimas conforme no a criterios de fiscalidad, sino de derechos humanos.
