mpeñadas en impedir que los crímenes perpetrados durante el sexenio de Felipe Calderón queden impunes, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abrir una investigación y efectuar un examen preliminar de México.
El viernes 12, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) entregaron una comunicación a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le piden emitir un pronunciamiento acerca de los crímenes y la violencia durante la administración calderonista.
El propósito, según los promotores, es configurar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante 2006-2012, materia de análisis del organismo internacional.
Ese documento se suma a la veintena de comunicaciones presentadas a la CPI por activistas y organizaciones no gubernamentales, de las que hasta ahora sólo se conocen de manera abierta dos de ellas: la relacionada con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, llevada ante esa instancia en diciembre de 2012, y la que coordinó el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros en noviembre de 2011, signada por 23 mil mexicanos, en la que se responsabiliza directamente a Calderón de las 50 mil ejecuciones, 26 mil desapariciones y los miles de desplazamientos forzados ocurridos a lo largo de su gestión.
El escrito entregado por Sandoval en La Haya daba cuenta de 470 casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, se pedía también llamar a cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera –quien se encuentra preso en el penal de alta seguridad del Altiplano–; a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional durante el sexenio calderonista, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván, respectivamente, “y demás autoridades, militares y narcotraficantes” (Proceso 1830).
El recurso del viernes 12 se suma a otro entregado a Bensouda por la CMDPDH, la FIDH y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional en octubre de 2012. Aquel documento daba cuenta de los saldos nefastos de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Calderón y hacía énfasis en la ausencia de castigo a los responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes.
