El Senado dio media sanción a la ley del pago de deuda a los bonistas
El Senado aprobó anoche el proyecto que declara de interés público la reestructuración de la deuda de 2005-2010 y el pago soberano a los tenedores de títulos en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. El Frente para la Victoria (FPV) cosechó 39 votos. Los 27 negativos los aportó la oposición que se negó a acompañar la iniciativa incluso con las modificaciones que introdujo el oficialismo, a partir de propuestas de otros bloques y que incluyen a Francia como domicilio alternativo de pago, y la creación de una comisión investigadora de la deuda desde 1976 a la fecha. Solo se abstuvieron Fernando Solanas y Magdalena Odarda (UNEN-Río Negro).
Superado el momento de catarsis anti Boudou que necesitó la oposición en el inicio de la sesión, el primer tema fuerte de debate fue el proyecto de pago soberano local. Aníbal Fernández, como titular de la comisión de Presupuesto, fue el primero en argumentar sobre la conveniencia y necesidad del texto normativo. Tras realizar una veloz y sintética historia de la deuda, el legislador le advirtió a la oposición que rechazar el proyecto “es acompañar la gestión del juez (Thomas) Griesa”. No contento con ello, Fernández afirmó que “el plan de los buitres es atacar la moneda, al gobierno, bloquear pagos, entorpecer el crédito internacional y esperar que el nuevo gobierno les pague”. Es más, sostuvo que los buitres ya tienen “algunos candidatos que se muestran desembozados con esa posibilidad”. No dio nombres pero en el FPV señalan a Mauricio Macri y Sergio Massa.
Pero por si quedaron dudas, Fernández hizo referencia al proyecto presentado por el referente del Frente Renovador (FR), que en el Senado fue introducido por el sanjuanino Roberto Basualdo. Fernández fue tajante y lo definió como “una estafa y una burla”. Es más, no sólo dijo que el texto pertenecía a los abogados de los fondos buitre sino que la iniciativa “es para cursar la materia cipayismo 1 y 2 y sacarse un diez”. A modo de ejemplo resaltó el artículo dos del proyecto massista que, según dijo el senador del FPV, “otorga herramientas que sólo beneficia a los buitres al ofrecerle mejores condiciones a ellos que a los que entraron al canje”.
De todas formas no todo fue considerado desechable de lo presentado por el FR y en pos de buscar el acompañamiento de la oposición es que el oficialismo incorporó una posibilidad más como sede de pago de los bonos de las reestructuraciones de 2005 y 2010 . Como proponía Massa, se agregó en el artículo 7 del texto normativo original la posibilidad de pago en Francia. También Fernández anunció la incorporación de un título con cinco artículos a través de los cuales se crea la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Origen y el Pago de la Deuda Externa. Esta tendrá 180 días de plazo para investigar no sólo lo realizado por la dictadura cívico militar sino también todos las negociaciones que se hicieron desde 1983 a la fecha. La última modificación que le hicieron al proyecto es la eximición del pago de impuestos a los fondos que serán depositados en las cuentas de Nación Fideicomiso para el pago de los servicios de deuda.
A los radicales no los convencieron las modificaciones y lo dejó bien en claro la senadora radical Laura Montero cuando dijo que el proyecto era “inadmisible”. Montero sorprendió al sostener: “Cuando se gobierna se tiene la responsabilidad de minimizar los riesgos y se debe optar por el mal menor. Eso es lo que vimos que no hicieron en esta última etapa”. En el FpVa interpretaron que para la senadora cobista el mal menor – pagar lo que ordena Griesa-, implicaría que los bonistas que ingresaron al canje reclamen un pago acorde que implicaría unos 450 mil millones de dólares. Un año del Producto Interno Bruto de la Argentina, según le respondió Fernández.
De todas formas, Montero insistió en que la opción de pago en París o Buenos Aires no cambia nada. «Ahora vienen a echarnos en cara esto, a último momento, cuando ya tienen la guillotina en la cabeza”, desafió.
Pero antes de anunciar el voto negativo de todos los radicales, su conducción tuvo que convencer al senador Nito Artaza, para que acate la disciplina de bloque porque hasta las 16 de ayer el correntino afirmaba que había que apoyar la iniciativa oficialista.
A su turno, Fernando Solanas consideró como una “contradicción” la intención del gobierno de buscar la recuperación de la jurisdicción argentina del pago de la deuda. Porque, entiende el ex cineasta, el gobierno firma por otra parte contratos con Chevron y el gobierno de China donde se cede la legislación. En ese sentido sostuvo que la resolución del conflicto es responsabilidad del gobierno nacional y lo acusó de que “cuando el barco se hunde o el enfermo se está muriendo le pide un salvavidas al Congreso, que difícilmente en estas poquitas semanas lo pueda resolver”.
Si había dudas sobre la simpatía del PRO con los buitres se terminaron ayer cuando la senadora Gabriela Michetti propuso que todas las fuerzas políticas acuerden un proyecto de ley donde quede explicitada la voluntad de la Argentina de pagar a los buitres, a partir del primer día de enero de 2015, tal como exige el fallo de Griesa. Michetti lanzó su propuesta leyendo, no sin cierta dificultad, un escrito donde se fijaba la posición de su partido. El socialista Rubén Giustiniani también votó en contra pero antes minimizó la existencia de un 92% de bonistas que entraron al canje y se mostró proclive a que se pague un seguro de 300 millones de dólares a los buitres para acordar el pago restante a partir de 2015. Nada dijo de la activación de la cláusula RUFO y sus consecuencias negativas. Miguel Pichetto (FPV) fue el último en hablar. Sabía que no convencería a los opositores. Igual les dijo que la decisión de sumar París como domicilio de pago se tomó porque allí hay leyes contra los fondos buitre. También les dijo que el propio Roberto Lavagna, hoy en el FR, coincide con el cambio de jurisdicción y le dedicó una frase a los precandidatos de la oposición que dicen que hay que pagar: “Son unos tontos o demasiado pícaros”. Tras once horas de debate se votó. Ahora llega el turno de los diputados.
Oficialismo avaló investigar el origen de la deuda externa desde 1976 a hoy
El proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa incluirá la creación de una comisión Bicameral Permanente, que tendrá por misión investigar el origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda externa de la Nación desde 1976 en adelante.
La iniciativa, que no estaba contemplada en el proyecto original, fue impulsada por el oficialismo esta tarde en el Senado y será incorporada a la hora de votar el
articulado de la norma. El seguimiento contempla a la deuda gestada desde 1976 en adelante hasta el presente.
La Comisión Bicameral estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados y tendrá
por finalidad «investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha».
De ese modo, el Congreso estará en condiciones de estudiar las renegociaciones de la deuda, sus refinanciaciones, los canjes, el megacanje, los blindajes, los pagos de comisiones, el defalut y las reestructuraciones, emitiendo «opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso y sobre las irregularidades que pudiera detectar», dijeron fuentes legislativas.
La Bicameral deberá hacer el seguimiento de la gestión y los pagos de la deuda que se realicen y la investigación de la «adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda».
