Informe de Solís sobre sus primeros 100 días: “Sobra corrupción en el Estado”
La desaparición de 117 vehículos de la Casa Presidencial; el desvío de 40.000 millones de colones de los programas sociales a beneficiarios con recursos; el retraso de 38 años en el pago de derechos laborales a trabajdores del Ministerio de Seguridad, entre otra larga lista de «abusos e irresonsabilidades» fueron parte de las denuncias formuladas por el Presidente en su discurso de una hora sobre los primeros cien días de su gobierno.
El presidente reconoció que numerosas instituciones públicas «están postradas» por esta situación, pero dijo que su gobierno hará lo que sea necesario para adecentar la función pública, al tiempo que anunció el conjunto de medidas que está tomando en diferentes campos para estimular la producción, mejorar la distribución de la riqueza y proteger el medio ambiente entre otros objetivos. A continuación el texto completo de su discurso:
Compatriotas:
Gobernar en Democracia es, ante todo y sobre todo, dar cuentas al pueblo y cumplir con lo que la Constitución y la Ley mandan.
Con esa convicción, vengo esta noche a rendir cuentas al pueblo de Costa Rica de lo que hemos hecho en estos primeros 100 días. Y vengo a informar, con igual interés, de lo que nos proponemos hacer en los restantes 45 meses, a partir de la realidad que heredamos.
Mi propósito es que todas y todos los costarricenses sepan cuál es la situación en que el nuevo Gobierno recibió el país, el pasado 8 de mayo.
Este ejercicio implica, inevitablemente, revisar y evaluar la forma en que Costa Rica ha sido gobernada desde hace muchos años. No por revanchismos ni persecución política, no para ajustar cuentas entre facciones, sino por responsabilidad histórica.
El país entero debe saber lo que acontece en el Estado y sus instituciones; y cuáles son los grandes escollos para aumentar la riqueza nacional e impulsar el bienestar general.
Solo así, nuestro pueblo podrá comprender la causa de los males que agobian al Estado costarricense, determinar las reformas que en realidad se necesitan, y dimensionar la magnitud de los esfuerzos colectivos que se requieren para construir el cambio.
Todas y todos los ciudadanos debemos ser conscientes de cuál es la capacidad real del Gobierno, y de cuáles son los recursos con que cuenta, para resolver los múltiples y graves retos que Costa Rica enfrenta como nación democrática.
Esta es una primera rendición de cuentas en el marco del gran objetivo que inspira a esta nueva Administración, que no es otro, ni podría serlo, que cumplir con fidelidad el mandato recibido del pueblo, el 2 de febrero y el 6 de abril, para cambiar la forma en que el país se gobierna.
Ustedes saben que este es un gobierno de cambio. Así lo exigió el pueblo en las urnas y no lo vamos a defraudar.
Es imperativo un cambio real y efectivo en la forma de administrar el país, que restituya la confianza de la ciudadanía en el destino nacional. De no lograrlo, habremos fracasado y eso no lo voy a permitir.
Esta noche quiero decirles qué es lo que vamos a cambiar y cómo construiremos ese cambio. Advierto, sin embargo, que no puedo dejar de señalar los obstáculos y las resistencias que estamos encontrando en este proceso.
Aprendí en los caminos de la vida que la política y, por tanto, el oficio de gobernar, siempre será un intento por conquistar el futuro en medio de tenaces resistencias.
Comprendo, por consiguiente, que cuando un gobierno impulsa profundas reformas políticas y sociales, esas resistencias aumentan con la misma intensidad con que aquellas se acometen.
Acepto de antemano que construir el cambio nunca, en ninguna parte, ha sido tarea fácil. Y no tiene por qué serlo para la Administración que presido.
Es comprensible la urgencia y vehemencia con la que se demandan acciones drásticas. Sin embargo, muchos de quienes reclaman y predican el cambio no siempre comprenden sus alcances, ni tampoco aceptan los sacrificios necesarios para alcanzarlo y corresponder la voluntad popular.
Los cambios políticos exitosos, aquellos que perduran, que fortifican la libertad y la justicia, que acrecientan el bienestar de la población y alimentan la esperanza colectiva, porque contribuyen a aumentar la riqueza nacional y fomentan la solidaridad, son los que se gestan en el alma popular.
Por eso los cambios políticos de trascendencia histórica siempre parten de un cambio en la cultura ciudadana. Así está aconteciendo en la Costa Rica de nuestros días.
También es preciso entender que las verdaderas transformaciones sociales y políticas se nutren de la cabal comprensión que alcance un pueblo, respecto de lo que son los derechos y deberes de cada quien, frente al Estado y frente a la sociedad.
En otras palabras, todo cambio político profundo depende del concepto que tengamos de la Ley y del compromiso de cumplirla por gobernantes y gobernados.
Aquí establezco el punto de partida, la premisa básica, desde la cual el nuevo Gobierno definirá los retos y compromisos de los próximos cuatro años.
Costa Rica tiene que vencer sus rezagos y debe progresar bajo el imperio de la Ley. Tenemos que restablecer un auténtico Estado Social de Derecho. Uno capaz de garantizar, sin exclusiones de ningún tipo, los derechos humanos y la convivencia de los habitantes de la República.
Irresponsabilidad, ineficiencia y corrupción
Lo digo sin rodeos: en las últimas décadas, hemos sido gobernados con irresponsabilidad.
Muchas veces, y de muy distintas maneras, quienes recibieron del pueblo el mandato de gobernar violaron la Constitución y la Ley.
Esta no es una afirmación gratuita. La estadística judicial lo demuestra: en los últimos ochos años, del 2006 al 2013, solo la Sala Constitucional condenó todos los días, repito: todos los días, a un promedio de diez instituciones o funcionarios públicos, por incumplir sus deberes o atropellar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Más grave aún, en otras múltiples ocasiones esas violaciones y arbitrariedades se dieron con la tolerancia cómplice o, al menos, con la resignación de muchas personas que, escépticas o frustradas, ni siquiera protestaron.
Así es como el país se nos fue hundiendo en una espiral de corrupción e ineficiencia, que hoy a casi todos nos asfixia y nos irrita.
Téngase claro que la principal responsabilidad es de quienes han dirigido la nave del Estado.
Para pesar mío y el de ustedes, si esta noche pretendiera revelar con algún detalle lo que hemos descubierto que acontece en las instituciones públicas de Costa Rica, tendría que desvelarlos por varias horas.
No es ese mi propósito. Ya la prensa y las redes sociales han dado y seguirán dando cuenta de ello.
Sin embargo, tampoco puedo guardar silencio en este momento sobre situaciones que deben ser conocidas para resolver las fallas del Estado costarricense.
En este sentido, mi presencia ante ustedes no es más que una estación en un largo recorrido hacia la Costa Rica de la correcta convivencia de los habitantes, la prosperidad económica y el debido resguardo de los bienes públicos.
Permítanme, por lo tanto, compartir con ustedes algunos de esos hallazgos:
• Hemos encontrado, por ejemplo, que en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) se destinaban 2.4 millones de colones mensuales a pagar el mantenimiento de una casa de lujo en la playa, para uso discrecional de su Presidente Ejecutivo. En esa misma institución también se pagan 60 millones de colones anuales en alquiler de un edificio, en el que solo trabajan 4 personas. Esto ocurría mientras miles de familias pobres de la zona costera de Puntarenas y Guanacaste clamaban por mayor ayuda de esa entidad para resolver sus problemas de subsistencia.
• En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz descubrimos puestos de jefaturas que no tenían a cargo suyo ni un solo funcionario para ejecutar programa alguno. Esto se daba mientras la Compañía enfrenta un faltante de 25 mil millones de colones para cubrir sus deudas y en el país los abonados ponen el grito al cielo por las elevadas tarifas eléctricas que deben pagar.
• En el Ministerio de Educación Pública encontramos que un círculo de asesores del Ministro, siendo personal de confianza que no marcaba hora de entrada y salida, prácticamente duplicaban su salario con el cobro de horas extras. Esto ocurría mientras miles de maestros no recibían puntualmente sus salarios y el caos en la panilla del Magisterio Nacional encubría un sobrepago de 30 mil millones de colones.
• Los pagos abusivos de horas extras también se daban en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de la Presidencia, entre otros.
• En el Ministerio de Trabajo nos damos cuenta de que, por muchos años, se han pagado pensiones a personas muertas. Esto ha ocurrido mientras miles de costarricenses viven un calvario para que les aprueben la pensión que sí les corresponde en procura de un retiro digno. En este Ministerio también existe una presa de once mil pensiones que deben ser revalorizadas. Algunos de esos expedientes datan de 1996 y el costo total de esas revaloraciones se proyecta en 65 mil millones de colones anuales.
• En el Ministerio de Seguridad a miles de policías y ex policías se le adeudan pagos de feriados, que incluso se remontan a 1976. Sí, no están oyendo mal, dije 1976; son pagos con un retraso de 38 años.
• En el Ministerio de Cultura comprobamos que un altísimo porcentaje de las contrataciones realizadas en los últimos años, por montos multimillonarios, para organizar festivales y ferias, las acaparaba una sola empresa. Es decir, topamos con una “cultura” de arbitrariedad y privilegio que ahora tendrá que ser investigada por el Ministerio Público para sentar las responsabilidades que correspondan.
• En el Ministerio de Vivienda, al igual que en el Ministerio de Justicia y en el INAMU, tropezamos con contratos de arrendamiento de lujosos edificios, por montos multimillonarios y en condiciones claramente desventajosas para el Estado, que fueron firmados en los últimos días del anterior gobierno y amarrados por cinco años. ¿Por qué decisiones tan apuradas para comprometer presupuestos futuros, cuando ya habían sido relevados de sus cargos?
• Del total de recursos que anualmente se dedican para combatir la pobreza, como el régimen no contributivo de la Caja, el programa Avancemos y Fonabe, más de una quinta parte, cerca de 40 mil millones de colones al año, benefician al 50% de la población de mayores ingresos del país. Esto acontece mientras miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país se encuentran fuera del sistema escolar deambulando por las calles, buscando algo con qué aportar al sostén de sus familias.
• En el INCOFER descubrimos que el descarrilamiento administrativo es tal que se trabajaba sin inventarios, sin presupuestos y sin auditorías externas.
• En el INVU encontramos un desastre organizacional. Ahí no funcionan ni los teléfonos, como lo reportó la nueva presidenta ejecutiva. La institución tiene cuentas por cobrar por más de 10 mil millones de colones, algunas de las cuales las arrastra desde hace 27 años.
• En el CNP el desmantelamiento y la bancarrota llegan al punto que se desviaron millones en pagos que se debían realizar a proveedores, principalmente pequeños y medianos productores, e incluso se deben más de 2 mil millones de colones a sus propios trabajadores, por deducciones de sus salarios que se hicieron pero se desviaron para atender el gasto de la institución.
• En RACSA las pérdidas operativas crecieron en un 85% de 2012 al 2013.
• Para no ir más lejos, ni alargar más esta letanía de ineficiencias y abusos, hasta en la Casa Presidencial están extraviados 117 vehículos que aparecen inscritos a su nombre en el Registro Nacional. Francamente, no creo, y tampoco piensen ustedes, que se los han robado, pero lo cierto es que nadie sabe decirnos dónde están. Al menos la Auditoría Interna de la Presidencia no ha podido averiguarlo.
Lamentablemente, es así como viene funcionando el Estado costarricense desde hace mucho tiempo: con una impresionante falta de capacidad de gestión y postergación.
En la mayoría de las oficinas públicas, el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada.
Todos sabemos que esto se magnifica y reproduce en semejante caldo de cultivo: corrupción, corrupción y más corrupción.
Aclaro que esta larga lista de atropellos a la honestidad y a la buena administración no son más que anécdotas que cito con fines ilustrativos, para demostrar algo más grave: en importantes sectores del Estado costarricense la postración es total. Existen múltiples instituciones que perdieron el rumbo completamente.
Lo que he presentado es una muestra con resultados de una revisión preliminar y, por tanto, parcial, de la forma en que han venido funcionando numerosas administraciones públicas.
Hay muchas otras situaciones irregulares que apenas hemos empezado a investigar. Son casos más complejos, donde los autores actuaron con mayor sigilo.
Empero, basta con estos hallazgos para advertir que el problema de la corrupción y de la ineficiencia en las entidades del Estado puede ser mayor de lo que hasta ahora imaginaron los más pesimistas.
Por eso, frente a situación tan acongojante, lo que urge e interesa es determinar las causas de estos fenómenos y, sobre todo, encontrar soluciones concretas y efectivas.
La irresponsabilidad, la sinvergüenzada y las chambonadas en el Estado no pueden seguir siendo disimuladas, ni toleradas. No solo por razones éticas y morales, que las hay muchas, sino, principalmente, porque tales disfunciones tienen costos y consecuencias sociales.
Aunque muchos consideren que todo este dispendio es ínfimo en el conjunto de los presupuestos públicos, conviene recordar que los costos directos de los principales casos de corrupción de los últimos quince años ascienden a cerca de 60 mil 100 millones de colones. Pero lo cierto es que tantos miles y miles de millones de colones malversados o robados –que por su naturaleza no logran registrarse adecuadamente- podrían representar, si utilizáramos los promedios que el BID sugiere para el conjunto de América Latina, alrededor de un 7% de la producción nacional.
Así las cosas, no es casual que Costa Rica experimente un deterioro notable en los índices de desarrollo humano. A dos meses de iniciar el Gobierno, recibimos con pesar la caída del puesto 62 al 68 en el ranking elaborado por las Naciones Unidas, siendo este un movimiento más de la caída libre que inició hace diez años nuestro país, cuando ocupaba la casilla 45.
La naturaleza del cambio
En medio de tantas irregularidades e ineficiencias, sé que en la Administración Pública afortunadamente también existen miles de funcionarias y funcionarios honestos y abnegados, que tienen claro el compromiso y la relevancia de su tarea.
Ellos y ellas son fundamentales para lograr las reformas que promovemos. El cambio no es contra ellos; es con ellos y en favor de toda la ciudadanía.
Por otra parte, tampoco conviene combatir las irregularidades con poses mediáticas y altisonancias. Menos aún conviene permitir que sean instrumentadas como fines propagandísticos, por quienes gustan alzar tribuna con estos temas para levantar caudal político desde un obsoleto maniqueísmo partidista.
Seamos serios, pongámonos firmes y hablemos con claridad: en la tarea de cuidar el erario público hemos fallado todos o casi todos. Unos por acción; otros por omisión.
Pareciera que en Costa Rica hay corrupción, pero no hay corruptas ni corruptos. Nunca o casi nunca aparecen los culpables. Y cuando aparecen, muy pocas personas resultan condenadas.
La impunidad premia a los cínicos, a los sinvergüenzas, a los irresponsables y a los incapaces. Eso es lo que enoja a nuestro pueblo.
Los tribunales penales, y también los jueces de lo contencioso-administrativo, deberían explicar al país por qué la Ley no se ha hecho cumplir. Esa permisividad nos ha salido muy cara y amenaza con hacer colapsar al Estado.
Hace ya más de diez años, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes que se dijo frenarían o atenuarían estos males: la Ley de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Ambas concebidas y promovidas por la Contraloría General de la República y tramitadas por la Asamblea Legislativa.
Hoy, ante su evidente fracaso, desde esta tribuna, respetuoso, pero vehemente, pregunto a estas entidades: ¿qué fue lo que se hizo mal al redactar y aprobar esas leyes? ¿Por qué su aplicación no ha tenido los resultados que se esperaban?
El país necesita una respuesta. Es necesario determinar quién o quiénes están fallando y por qué:
• ¿Es el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, por cierta obsecuencia hacia el poder político que se traduce en falta de arrestos para cumplir y hacer cumplir las leyes que resguardan el patrimonio de la Nación?
• ¿Son las auditorías internas, por su actitud complaciente y cortesana frente a los jerarcas a quienes deben fiscalizar?
• ¿Es la Procuraduría General de la República, por no cumplir a cabalidad con los mandatos de su Ley Orgánica, que la obligan a prevenir la corrupción?
• ¿Es la Fiscalía General por la tardanza, no siempre justificada, con que realiza las investigaciones que le competen?
• ¿Son los departamentos legales y sus decenas de abogados, por olvidar que su principal obligación es garantizar el escrupuloso acatamiento de la ley por parte de las administraciones públicas?
• ¿Es la Comisión Legislativa de Control del Gasto Público, por las interferencias político-partidistas que mediatizan su labor, para buscar más el impacto publicitario que un escrutinio sistemático de las cuentas públicas?
• ¿Son las y los jerarcas de las distintas administraciones estatales, por olvidar que son responsables de cuidar y garantizar el buen uso del patrimonio público que les ha sido confiado?
• ¿Son los mandos medios del Estado que, por complicidad o comodidad, no denuncian lo que acontece frente a sus narices?
• ¿Son algunos gremios que, por obtener privilegios para sus asociados, han optado por callar ante tanta irregularidad de la cual han sido testigos?
• ¿Es el aparato de administración de justicia por su incapacidad de garantizar la salvaguarda del marco legal y constitucional que regula las actuaciones de los servidores del Estado?
• ¿Es acaso cierta clase política que, con su poder e influencia en todo el tejido estatal, pudo haber impedido que la Ley de Control Interno y la Ley Anti-corrupción se aplicaran como debe ser, para no afectar sus intereses?
• ¿Son quizá los grupos de interés económico, a los que la corrupción deja de molestarles cuando de ella pueden derivar utilidades?
• O, finalmente, ¿es una compleja conjunción de todos estos factores lo que nos ha llevado a esta postración del aparato estatal?
Las respuestas a todas esas preguntas pueden ser diversas. Sin embargo, no podemos quedarnos en un mero ejercicio retórico. No estamos para juegos
de palabras.
El saqueo y el desperdicio de los fondos públicos tienen que acabar ya. Si no lo logramos, la corrupción y la ineficiencia seguirán socavando al Estado y sus instituciones.
Es mucho el dolor y el sufrimiento que han soportado los sectores más débiles de nuestra sociedad por esta incapacidad e indolencia de los gobernantes.
Desde hace muchos años, miles de niñas y niños abandonados, miles de mujeres jefas de hogar, miles de viudas desamparadas, miles de ancianos desvalidos, miles de enfermos y de menesterosos, se han visto privados del auxilio que el Estado debía prestarles, para mitigar sus carencias, mientras los presupuestos públicos se dilapidaban o, lo que da lo mismo, no se ejecutaban.
En nombre del pueblo de Costa Rica, que me eligió en las urnas para cambiar la forma en que el país se administra, pido a todas y todos quienes tengamos alguna responsabilidad en el manejo y funcionamiento del Estado, que seamos responsables, críticos sí, pero también honestos y comprometidos servidores de las y los costarricenses.
Con claridad y prontitud, respondamos a la pregunta de si, para desterrar la corrupción y combatir la ineficiencia en el Estado: ¿faltan nuevas leyes o simplemente se necesita voluntad y compromiso de todas y todos los servidores públicos, además de una actitud más celosa de los órganos de fiscalización?
Mi presunción es que no necesariamente se necesitan nuevas leyes. Si todos cumpliéramos con las que ya existen, sin duda el país estaría mucho mejor.
Hace ya 14 años, el artículo 11 de la Constitución fue reformado con el afán de resolver el problema de la falta de rendición de cuentas en la Administración Pública, del que se nutren la corrupción y la ineficiencia estatal.
La norma es impresionantemente clara y precisa:
“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.
Sí, costarricenses, eso dice y manda nuestra Constitución Política; pero, tristemente, no se aplica. El solo cumplimiento de esta norma constitucional crearía un Estado y una sociedad mejores.
Han transcurrido cuatro administraciones desde que esta norma constitucional fue modificada, con la finalidad expresa de mejorar los mecanismos de evaluación de resultados en las instituciones públicas, para exigir cuentas a sus funcionarios y para hacerlos responsables, personalmente, de sus desmanes. ¡Y qué frustración! Todo quedó en el papel; nada ha cambiado en la realidad.
No es de recibo que en la Asamblea Legislativa existan proyectos de ley para regular este precepto legal que lleva tiempo durmiendo el sueño de los justos. Dichosamente, percibo voluntad para honrar esta deuda, y desde ya solicito una rápida aprobación de estas normas con el fin de corregir una deuda histórica con nuestra nación.
Pero tampoco se vale resignarnos. En ese entendido anuncio que el Poder Ejecutivo remitirá en el más breve plazo posible, un proyecto de ley de que puntualice la rendición de cuentas y la responsabilidad política en la Administración Pública, para fortalecer la voluntad política y el coraje de nuestra administración de cumplir y hacer cumplir las disposiciones ya contenidas en la Ley de Control Interno y la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.
Solicito a la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República que se sumen a este esfuerzo frente a la Asamblea Legislativa.
El objetivo de la nueva legislación tiene que ser solo uno, pero uno muy claro: que el Estado costarricense y todas sus instituciones se gobiernen con apego estricto a lo que manda el Artículo 11 de nuestra Constitución Política. Su finalidad ha de ser reglamentar este mandato constitucional, para garantizar su puntual cumplimiento.
No obstante, el cambio emprendido por este Gobierno requiere de acciones urgentes que demuestren decencia personal en sus jerarcas, vergüenza cívica y sentido de responsabilidad. Dar ejemplo es fundamental. Pero también se requiere de las y los ciudadanos, tanto de los que ocupan cargos públicos, como de quienes laboran en la empresa privada, un mayor compromiso con la contraloría social que está obligada a ejercer sobre los presupuestos estatales.
Para ser transparentes en el ejercicio de la función pública, no hace falta más que querer serlo. Para rendir cuentas de cómo se manejan los presupuestos estatales, tampoco se necesita más que estar dispuesto a hacerlo.
Advierto que esto no debe verse como una concesión o un favor de nadie. Al contrario, se trata de un derecho que tienen los ciudadanos y de una obligación que tenemos los servidores del Estado.
El artículo 27 de la Constitución garantiza a los costarricenses “la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.
A su vez, el artículo 30 de nuestra Carta Magna establece como derecho fundamental de todo ciudadano “el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”.
Un alto porcentaje de los 15 mil recursos de amparo contra el Estado, que todos los años atiborran la Sala Constitucional, se debe a que la clase gobernante y los altos mandos de la burocracia estatal no entienden o no aceptan que son simples servidores del pueblo, obligados a cumplir con lo que manda nuestra Constitución.
Eso explica que hayamos vivido en una democracia secuestrada por una clase política inescrupulosa, muchas veces deshonesta y casi siempre ineficientes, cuyos vicios y abusos prácticamente han hecho colapsar el Estado.
Las medidas
Esa es nuestra realidad. Atender estos asuntos con prioridad es desde ya, parte de la ruta del cambio que esta administración ha iniciado en materia de trasparencia y rendición de cuentas.
El camino o la senda no está concluida, pero los pasos que estamos tomando son claros.
Preservando los espacios de discreción necesarios para garantizar la defensa del interés y la seguridad nacional, y el combate eficaz contra el crimen organizado, es indispensable avanzar hacia un gobierno abierto que potencie la participación ciudadana. Solo poniendo luz a la opacidad de la gestión pública se puede evitar la corrupción.
Haremos valer las disposiciones que obligan al Consejo de Gobierno, a las Juntas Directivas de las instituciones autónomas, incluidos los bancos estatales; así como a todos los órganos colegiados de los Ministerios, de las empresas estatales y de la Administración Pública en general; a garantizar el libre acceso de sus resoluciones y acuerdos, con su respectivo registro de votación.
En ese mismo sentido, nos encontramos en la fase preparatoria de una “Plataforma de Transparencia Gubernamental”, por medio de la cual cualquier persona podrá tener fácil acceso a todo tipo de información pública que tenga derecho a escrutar, en ejercicio de las garantías que la Constitución le otorga, para una sana vigilancia del erario público.
Los contratos que el Estado y sus instituciones realicen con proveedores de bienes y servicios; las consultorías y asesorías que pagan los Ministros y demás jerarcas; los viajes al exterior que realicen las y los funcionarios de todo nivel; los salarios que perciben los más altos funcionarios de las dependencias estatales y su personal de confianza; las subvenciones y exoneraciones que otorga el Ministerio de Hacienda; las transferencias presupuestarias; las becas y los bonos que el Gobierno distribuye; y mucha otra información de similar naturaleza, podrá ser consultada mediante esta Plataforma Digital.
Desarrollar un programa de este tipo requiere presupuestos adecuados y un plazo razonable para su diseño e implementación que no podemos improvisar.
Pero el compromiso de implementarla en el transcurso de esta administración es irrevocable; porque, además, esta es la ruta hacia una democracia ciudadana; hacia la democracia.
Déficit fiscal
Paso ahora a analizar otros aspectos de la realidad nacional que también causan profunda inquietud a todas y todos los costarricenses, y que constituyen retos para el nuevo Gobierno y la sociedad en su conjunto.
El déficit fiscal es grave, supera el 6% de la producción nacional y para resolverlo tendremos que combatir con eficacia cada una de sus causas.
No insistiré sobre el peso de la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción en el déficit fiscal. Igual de importantes son la evasión y la elusión tributarias. Me refiero a lo que los contribuyentes dejan de pagar, recurriendo a múltiples artimañas y, lo que el propio Estado deja de cobrar por incompetencia, permisividad o alcahuetería.
En el 2012, la recaudación de impuestos alcanzó el 13.18 % de la producción nacional, pero la evasión y la elusión tributaria, juntas, representaron un porcentaje mayor: el 13.37 % del PIB.
En palabras sencillas: por cada colón que el Estado percibió en impuestos, le robaron o este regaló otro colón.
Ante ello, el Ministerio de Hacienda ha puesto en ejecución un conjunto de medidas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos e incrementarla en un 14 %. Para ello, se cambió la metodología de fiscalización de las grandes contribuyentes y se han implementado varios programas informáticos que permiten hacer cruces entre bases de datos que antes no estaban disponibles.
También se envió a la consideración de las y los diputados un proyecto de ley contra la evasión fiscal, y pronto se remitirá otro proyecto de ley anticontrabando; el cual recogerá las propuestas del sector privado, que entiende que no se puede competir con éxito frente a las fuerzas que rompen la fuerza de la libre competencia.
Se ha implementado un sistema de seguimiento de todos los ingresos y gastos del presupuesto nacional, para vigilar su comportamiento, de manera que sea posible anticipar los resultados de las medidas que se han puesto en marcha.
Se utiliza la información de la Tesorería Nacional para detectar las compras de los distintos ministerios y, de esa forma, relacionarlos con los pagos del impuesto sobre la renta. Así mismo, la Policía de Control Fiscal, en asocio con la Fuerza Pública, realiza fuertes operativos para combatir una de las más nefastas formas de defraudación fiscal: el contrabando. Solo en el último mes se ha detenido un cargamento de más de 200 mil cajetillas de cigarrillos y dos decomisos de miles de litros de licores finos.
Como ya lo hemos dicho, seguimos desconfiando de los “paquetazos” fiscales que primero traban la Asamblea Legislativa y luego mueren en la Sala Constitucional.
Preferimos una reforma integral pero paulatina, que no frene el crecimiento de la economía y que resulte justa para todos los sectores productivos.
Una reforma fiscal debe trascender los fines recaudatorios, requiere visión de eficiencia, equilibrio y pragmatismo, que se traduzca en reglas claras que puedan ser uniformemente aplicadas.
Tal y como lo señalamos en su oportunidad, la migración del impuesto de ventas al IVA y las reformas al impuesto sobre la renta para introducir la renta global y otras modificaciones, vendrán después.
Para combatir el déficit fiscal hemos realizado acciones de contención del gasto público, primordialmente en aquellos rubros que no impiden alcanzar metas de crecimiento económico y de progreso social que son tan importantes para el país como el saneamiento de las finanzas públicas.
Emitimos una directriz para congelar el 85% de las plazas que están vacantes en el Estado. Hablamos de unos 2.500 empleos y de ahorrar gasto por 22 mil millones al año.
Haciendo valer una ley que no se cumplía desde hace 16 años, se puso un tope al pago de más de novecientas pensiones millonarias con cargo al Presupuesto Nacional. Si la Sala Constitucional determina que aplicar la ley tal cual fue aprobada es válido, como precisamente lo entiende el Gobierno, el ahorro en este rubro superará los 12 mil millones de colones por año.
La austeridad en viajes al exterior, la disminución de las consultorías, la frugalidad como regla en la organización de todo evento público y el recorte de gastos operativos controlables, habrá de generarle al fisco otro ahorro de 20 mil millones.
Estas medidas son importantes porque el Gobierno tiene que demostrar su disposición a sacrificarse para luego tener derecho a pedir sacrificios también a los contribuyentes.
Sin embargo, debe entenderse que las medidas de contención del gasto público tienen efectos limitados, pues el 90% del presupuesto nacional es rígido.
En este sentido, la ruta para abatir el déficit fiscal es mediante el aumento de la producción nacional y de la competitividad. Ello implica definir políticas y programas, tanto en el ámbito público como en el privado, que permitan a las empresas incrementar su capacidad de producir riqueza.
Convencidos de que el diálogo y la concertación serán herramientas insustituibles en la búsqueda de este objetivo específico, hemos propuesto a las cámaras empresariales relanzar el Consejo de la Competitividad, como el escenario donde habrá de gestarse y concretarse los acuerdos entre el sector público y el sector privado para aumentar la producción nacional.
Todo lo expuesto sobre transparencia gubernamental, recuperación de la cultura de legalidad y lucha frontal contra la corrupción y la ineficiencia estatal, no solo implica adecentar el ejercicio de la función pública y recobrar la confianza del ciudadano en las instituciones del estado, sino también crear un clima de confianza y de seguridad para la atracción de inversión extranjera y la promoción de la inversión nacional.
Nuestro Gobierno ordenó las transacciones del sector público no bancario en el mercado cambiario, con el propósito de promover mayor estabilidad en el tipo de cambio, lo que permitió devolver tranquilidad al mercado de divisas.
El Banco Central está comprometido con mantener un adecuado nivel de reservas internacionales que le permita enfrentar choques externos y prevenir el riesgo de una crisis en la balanza de pagos.
Al preservar la capacidad del país para atender sus obligaciones externas, se garantiza la convertibilidad de nuestra moneda, lo que constituye un blindaje para la economía costarricense ante eventuales incrementos en las tasas internacionales de interés o el retiro gradual de estímulos monetarios en economías desarrolladas, como la estadounidense.
Valga advertir, además, que la política macroeconómica del Banco Central se plantea en armonía con las demás políticas públicas, incluida la de empleo.
217.000 nuevos empleos
Eso es así porque en este nuevo Gobierno, los esfuerzos para sanear las finanzas públicas y revitalizar la economía siempre irán aparejados a la lucha por disminuir las desigualdades sociales y combatir la pobreza extrema.
Queremos más riqueza para distribuirla mejor, porque esa es la vía correcta para avanzar hacia el desarrollo.
Con ese propósito hemos elaborado una Estrategia Nacional de Empleo, que en realidad representa la articulación de una gran alianza por la producción. Esta estrategia se encuentra en proceso de revisión para asegurar la creación de mayores empleos de mayor calidad.
De esta manera, crearemos al menos 217 mil nuevos puestos de trabajo de calidad en los próximos cuatro años. Adicionalmente, solo en el año 2015 se generarán alrededor de 22 900 empleos directos, como resultado de la atracción de inversiones y el crecimiento en las exportaciones.
PROEMPRESA, una plataforma institucional de servicios financieros y no financieros para el desarrollo de las empresas nacionales, será el mecanismo determinante para el fortalecimiento y promoción de las PYMES, las empresas de la economía social, así como la inclusión de las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad a nuevas y mejores oportunidades de empleo.
Desde el mes de julio pasado, se instruyó la creación de centros de abastecimiento y acopio agropecuarios en las regiones Brunca y Chorotega. Además de los beneficios evidentes que tales centros tendrán en la economía local, aumentarán las posibilidades del productor y la productora costarricense de posicionarse con ventaja en los mercados regionales centroamericanos y caribeños. En este sentido, el trabajo conjunto entre Comex, Procomer, BICSA y nuestras embajadas resultará vital.
Infraestructura
En otro orden de cosas, ha sido doloroso recibir informes de expertos que señalan que, entre 26 países latinoamericanos que reciben financiamiento del BID, Costa Rica ocupa el último lugar en capacidad de utilizar e Somos el país latinoamericano donde los proyectos de obra pública tardan más en ejecutarse, salen más caros y son de peor calidad, restándole competitividad a nuestro país.
¡Qué vergüenza! Nos ufanamos de disfrutar de la mejor democracia del continente y de vivir en uno de los países más felices del mundo, pero tenemos el Estado más ineficiente en cuanto al manejo de préstamos para el desarrollo.
Partiendo de esa realidad, se ha reactivado la Comisión de Financiamiento de la Inversión Pública, integrada por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación.
Aceleraremos la ejecución de 19 proyectos de obra pública, tales como aeropuertos, carreteras, agua y saneamiento, aduanas y unidades productivas carcelarias entre otros, para los cuales el país tiene aprobados recursos por más de 2.100 millones de dólares; incluido algún préstamo con más de diez años de aprobado. La inversión de estos recursos representará un aumento de la producción nacional en alrededor de un 2%.
Pobreza y desarrollo social
Un pilar fundamental de mi administración es la promoción del desarrollo social, que implica el combate contra la pobreza y la desigualdad. Costa Rica es hoy un país con niveles de exclusión que recuerdan lo que sucedía en la primera mitad del siglo 20. La desintegración de la política pública en materia social, se expresa en un país donde las desigualdades territoriales son inmensas.
Por ello resulta inadmisible que la inversión social del Estado se maneje de manera ineficiente.
En los últimos ocho años, 22 instituciones ejecutaron 26 programas de combate a la pobreza, pero al día de hoy el 20% de los hogares siguen en tal condición y, no solo eso, 88.500 hogares viven en la miseria extrema.
Casi la mitad de quienes han sido identificados por el IMAS en pobreza extrema no perciben ningún tipo de asistencia estatal, porque el Estado no logra dar con ellos y, como es lógico, ellos mismos, los más necesitados entre los necesitados, ni siquiera tienen medios para ir a reclamar la ayuda del IMAS o FODESAF.
Pienso y me estremezco ante el drama de las jefas de hogar que no encuentran asistencia para atender las necesidades de sus hijas e hijos. Me indigna recordar el abandono de las personas con discapacidad, quienes excluidas del mundo laboral también lo están de las políticas públicas de atención social. Me rebelo ante la continuidad de estas condiciones que atentan contra los principios de solidaridad e igualdad que honran a Costa Rica.
¡Cómo aceptar que cuarenta mil adultos mayores que entregaron su vida y su fuerza por el progreso de la Nación, no reciben ningún tipo de pensión cuando un sector muy pequeño de costarricenses disfruta de pensiones desproporcionadamente altas!
Para superar esos rezagos, hemos iniciado la reorientación del gasto social. Vamos a asegurarnos de que esos recursos lleguen primero a los que más los necesitan.
En coordinación con el IMAS, la CCSS aumentará en quince mil personas la cobertura de pensiones del régimen no contributivo y nos comprometemos a aumentar ese número en el tanto crezca la producción nacional.
Dignificar cuanto antes la condición de vida de los que menos tienen es un acto de justicia y es también un paso necesario para apuntalar la paz social.
Esencial para esta Administración es la condición de la CCSS. Ya se inició el reordenamiento administrativo que incluye la intervención de hospitales y clínicas. Este proceso no se detendrá mientras no se aclaren por completo las graves denuncias que persisten en muchos centros de salud. Sin embargo, y más importante todavía, queremos una CCSS con finanzas sostenibles que le permitan continuar desarrollando sus indispensables tareas para las generaciones presentes y futuras. En tal sentido, mi administración ha iniciado un diálogo con las autoridades de la CCSS con el fin de poner al día las deudas que el gobierno central tiene con esa institución.
Este esfuerzo tiene dos grandes condiciones: la determinación del monto real de la deuda del Estado con la CCSS, lo cual requiere de la armonización de las metodologías para calcularla y el compromiso de mi administración de buscar los recursos que se requieran para ello.
Vivienda
En materia de vivienda y asentamientos humanos, tema crítico en lo social, hemos invertido 28 mil millones de colones en la construcción de viviendas e infraestructura comunal. Se han otorgado 2804 bonos para una inversión superior a 20 mil millones de colones, de los cuales 345 millones corresponden a territorios indígenas.
Apenas ayer, hemos anunciado la continuación de intervenciones en zonas vulnerables como La Carpio, Triángulo de Solidaridad, Guararí, Finca Bosquini, Limón 2000 y Santa Marta de Esparza.
Energía y medio ambiente
Durante los últimos meses ha recrudecido el debate en torno al alto costo de la vida, que afecta al país desde la última década. Ese fenómeno se explica por múltiples razones, sin embargo los altos costos de la luz y los combustibles inciden grandemente en él. Esta discusión no se resolverá de manera satisfactoria y definitiva fuera del marco de un profundo debate en torno a la matriz energética, que en mucho remite a una discusión en torno al modelo de desarrollo nacional.
Este debate impostergable y conducido por el Ministerio de Ambiente y Energía, trasciende en mucho a esta administración, pero hemos resuelto iniciarlo sin demora con una amplia participación de los sectores sociales, productivos, ambientales, académicos y técnicos del país, a partir del 1 de setiembre y hasta por 18 meses.
Ese debate deberá permitirnos contar con opciones de política pública que atiendan la complejidad del tema y reviertan los años de negligencia con la que los gobiernos anteriores lo administraron este sector estratégico de la producción nacional.
Igualmente, deseo subrayar el compromiso reiterado de mi administración con las políticas para la preservación del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible contenidas en el Pacto Ambiental. En particular, deseo recordar la moratoria de la exploración y explotación petrolera hasta el año 2021, anunciada el pasado 25 de julio; la alta prioridad de las política para el manejo del recurso hídrico y la declaratoria del maíz criollo como patrimonio cultural de Costa Rica.
Seguridad
Deseo advertir sobre la situación que enfrentamos en materia de lucha contra el crimen organizado y, en particular, sobre la amenaza que representa el narcotráfico. Nuestras autoridades han asumido con absoluta firmeza y claridad esta tarea. En los últimos tres meses y medio, se han incautado más de tres veces la cantidad de droga capturada en el año 2013.
Esto significa casi 16 mil kilos de cocaína, más de 3 millones de dólares en efectivo, armas de asalto, una aeronave, varios vehículos y la captura de narcotraficantes costarricenses y extranjeros. También se han realizado importantes operativos para desarticular bandas locales de sicarios y narcotraficantes en diferentes regiones del país. Un esfuerzo similar se ha emprendido contra la criminalidad común, la cual constituye una prioridad para las fuerzas de policía.
Sumadas a los operativos de combate al contrabando, estas acciones se acelerarán gracias a la mejoría en la calidad profesional de nuestras fuerzas policiales y a la modernización de los equipos requeridos para esa labor. Ello requerirá del apoyo financiero de las y los diputados en el Presupuesto de la República.
Costarricenses, este examen de la realidad nacional tendremos que repetirlo de forma periódica en los próximos años. Empezar a liberar de malas prácticas a la administración y ordenar la conducción del Estado es una tarea laboriosa que requiere dedicación, paciencia y compromiso patrio. Reitero que el cambio en marcha enfrenta resistencias, pero nuestra convicción de dirigir el país hacia estadios de mayor equidad, competitividad y respeto por el medio ambiente, es superior a ellas y brinda el ánimo necesario para avanzar hacia estas metas sin distracciones.
La evaluación en muchas instituciones está en proceso. Y en algunos casos, la complejidad de los temas investigados demanda rigor y prudencia.
Tal es el caso, de lo que acontece en JUDESUR, DINADECO, Consejo Nacional de Concesiones, Consejo de Transporte Público, INDER, entre otros.
No obstante ello, estoy convencido de que la adecuada combinación de la voluntad del Gobierno, el aporte de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, las fuerzas sociales y productivas y el acompañamiento de la ciudadanía hará posible resolver estos desafíos.
Agradezco la comprensión de mi Pueblo respecto a la profundidad y complejidad del reto que tenemos frente a nosotros. Sacaremos la tarea. Para que ello sea posible, sin embargo, reclamo serenidad, mesura en la crítica, generosidad en el aporte, y a las cúpulas de poder les digo: “Déjenme gobernar, permítanme avanzar y cumplir el mandato recibido en la urna electoral”.
Reto enorme
Hemos hecho un recorrido por la realidad nacional y la conclusión solo puede ser una: por imperativo ético y responsabilidad histórica, debemos revertir el estado de cosas en que se encuentra el país.
La postración en que están sumidas importantes instituciones del Estado atenta directamente contra el bienestar colectivo.
La vida y destino de todas y todos los costarricenses, pero en particular de ese 20% más necesitado, depende del cambio al que les convoco.
Seamos realistas. El reto es enorme y las tareas a cumplir extraordinariamente complejas.
Entendámoslo así y aceptemos que solo sumando voluntades y compartiendo sacrificios, animados por un gran espíritu de concordia y de unidad nacional en torno a los intereses superiores de la Patria, podremos superar esta encrucijada.
Para enfrentar con éxito este viraje de la nave nacional es imprescindible una mayor participación, patriótica y sensata, de la ciudadanía costarricense como la que se ha iniciado esta noche.
Ustedes y yo lo sabemos: para sacar al país adelante, necesitaremos mucho diálogo, mucho respeto a la diferencia y a la diversidad.
Por esa razón, ya se han iniciado las mesas de trabajo y se han establecido los diálogos sectoriales en diferentes temas de agenda nacional. Así mismo, ya están o pronto estarán en pleno funcionamiento todos los consejos presidenciales previstos por ley.
Falta, sin embargo, retomar en nuevos términos el diálogo con los partidos políticos representados en la asamblea legislativa, con el fin de allanar el camino para la aprobación de importantes proyectos de ley que puedan dar solución a muchos de los problemas indicados.
En ese sentido me permito extender una respetuosa invitación a los jefes de fracción y a los comités ejecutivos de dichos partidos para que en el marco de las efemérides patrias del mes de setiembre nos reunamos en la Casa Presidencial. Con el propósito de avanzar en estos objetivos, le he solicitado al señor Ministro de la Presidencia que se encargue de organizar este encuentro.
Lo que está en juego es el destino nacional. Tenemos que saber interpretar el signo de los tiempos y actuar con espíritu patriótico.
Debemos construir nuevos consensos sociales que alimenten nuevos consensos políticos.
Hay que despojarse de vanidades y egoísmos. Hay que vencer la intransigencia. Hay que resistir a la tentación del chantaje.
El pluralismo político y el multipartidismo, bien entendidos, son expresión de libertad y, por tanto, deben nutrir la Democracia; no paralizarla, menos aniquilarla.
La discrepancia es saludable mientras no se convierta en miope revanchismo. La madurez para disentir debe ser expresión de la capacidad para coincidir.
Las diferencias de pensamiento no nos deben separar frente a los grandes objetivos nacionales: producir mayor riqueza y repartirla mejor, para abonar los eternos ideales de Justicia y Libertad de nuestro pueblo.
Lo peor que nos puede ocurrir, a quienes de manera pasajera transitamos por la política y la función pública, es no entender que nuestro pueblo se cansó de vivir una democracia insuficiente, dominada por poses y falsos debates; se cansó de creer en quienes dicen representarlo y defender el interés general, pero que en la práctica han secuestrado los poderes públicos para someterlos a mezquinos intereses.
Los cálculos personales y las apuestas partidistas no tienen cabida cuando el pueblo exige que le devolvamos la soberanía para tutelar su democracia y que reconstruyamos el Estado costarricense, sobre nuevas bases de respeto a la legalidad, de total transparencia y de mayor diálogo y respeto.
El pueblo costarricense, hoy, nos está mirando a las y los políticos y gobernantes con atención, recelo y esperanza. Este es el pueblo más educado, mejor informado y más independiente políticamente de nuestra historia. No acepta consignas ni frases hechas. Tampoco pide milagros; quiere cambios y compromisos serios y realizables.
Inspirado en el patriotismo y la sabiduría del Dr. José María Castro Madriz, pido la ayuda y comprensión de todas y todos ustedes para lograr ese cambio, y como él, digo que “mi administración no procede de luchas ni se inaugura sobre las ruinas de ningún partido. Su bandera es la nación y su objeto el bienestar de Costa Rica”.
Honremos el legado de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Construyamos un futuro digno y próspero para nuestros hijos e hijas.
Llegó la hora de la Patria. Digámosle presente a Costa Rica.
Avancemos juntos hacia un luminoso horizonte de cambio y esperanza.
Buenas noches y muchas gracias.
San José, Costa Rica ; 28 agosto de 2014
