Ley Antiterrorista será usada contra multinacional por “alterar el orden económico”
Tras revelar el vínculo entre la «quiebra express» de la imprenta Donnelley y el titular del fondo buitre NML, Paul Singer, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que, por primera vez, el Estado denunció penalmente a una empresa multinacional en el marco de la Ley Antiterrorista.
«Este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores. Son leyes para proteger a todos los argentinos», sostuvo anoche durante el acto en el Salón Mujeres del Bicentenario en el que también defendió la reforma de la Ley de Hidrocarburos, le pidió a los empresarios que discutan la Ley de Abastecimiento en el Congreso y eviten las polémicas a través de las tapas de los diarios y celebró el descubrimiento de un nuevo yacimiento no convencional de petróleo en Neuquén.
En el marco de del lanzamiento de «Vivir más cerca», un plan que –tal como anticipó el domingo Tiempo Argentino– con una inversión de $ 27.000 millones servirá para la construcción de 105 mil propiedades a la largo del país y que apunta a generar más de 100.000 puestos de trabajo, la presidenta develó ayer el vínculo entre los fondos buitre y la quiebra de la imprenta Donnelley, a la que acusó de hacer «una maniobra para generar clima de temor».
Cristina comentó las declaraciones que hizo el titular del fondo buitre Aurelius, Mark Brodsky, en las que dio por cerrada una negociación con privados por la deuda impaga y pronosticó que «lo peor está por venir». Luego de destacar la velocidad de la quiebra de la empresa gráfica de Escobar, Cristina detalló un entramado de negocios que vincula ambas cuestiones. Según contó, Singer, titular del fondo buitre NML, transfirió parte de sus acciones al fondo de inversión Black Rock, que, precisamente, tiene un 70% de participación accionaria en la empresa gráfica. «La empresa pidió la quiebra un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11.
Fue una quiebra exprés. Hasta Thomas Griesa es más lento», ironizó la mandataria y, con clara intención, citó como responsable al Juzgado Comercial Nº 19, a cargo del juez Gerardo Santicchia. «Tenemos Griesas que superan las marcas de Griesa», comentó. La presidenta aseguró que la firma tenía una buena situación patrimonial y que el sector tampoco presenta grandes altibajos como se pretendió difundir, pero que «se creó un estado de quiebra que no es tal para crear temor en la población». Fue entonces cuando anunció que el gobierno, por primera vez, aplicará la Ley Antiterrorista. «Hemos formulado denuncia penal ante la justicia federal por alteración al orden económico y financiero», explicó, y adelantó que la AFIP ya se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque y se extraigan testimonios para el delito de defraudación.
También anunció que el gobierno hará una presentación internacional ante la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos para que la empresa le explique a sus accionistas por qué motivo presentó quiebra teniendo una situación contable normal. «No tienen problema en tirar 22 millones para crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas. Pero mientras yo sea presidenta, de rodillas, no», advirtió y, en una cita conceptual al premio Nobel Paul Krugman, consideró que los fondos buitre constituyen parte de «un entramado casi mafioso a nivel internacional».
En ese marco, aprovechó para elevar una crítica al presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien había cuestionado la negociación que llevó adelante el gobierno. Recordó las palabras que usó el dirigente, pero optó por no nombrarlo. «No quieren arreglar. No solo por avaricia y codicia, sino también por una decisión política de querer tirar abajo la reestructuración y endeudar a la Argentina», afirmó. Cristina retomó el entramado de la quiebra de Donnelley y las amenazas del titular del fondo buitre Aurelius. Advirtió que a veces «las amenazas se convierten en hechos» y les pidió «conciencia» a los trabajadores y empresarios para enfrentar el conflicto con los fondos buitre en el marco de la difícil situación internacional: «Quieren hacer lo que hicieron toda la vida: minar las expectativas, las esperanzas y hacernos creer a los argentinos que no servimos para nada».
La presidenta aprovechó para pronunciarse sobre la controversia que generó el paquete de leyes que promueve el Ejecutivo para defender a los consumidores. Ante el rechazo que manifestaron las cámaras empresariales, prometió que «van a tener espacio» en los debates en el Congreso para «discutir y modificar» el proyecto. «No hay ningún bando que busque imponer», aseguró, y les pidió que dejen de enviar mensajes a través de las tapas de los diarios. «Los consumidores tienen que tener protección. No queremos fundir a ningún empresario, queremos que los empresarios no nos fundan a los argentinos» (ver páginas 8 y 9). Patios colmados de militantes, y una pared «a la izquierda» Los «patios militantes» empezaron ayer más temprano en el interior de la Casa Rosada. A modo de «previa»y desde las cuatro de la tarde, los jóvenes de distintas organizaciones se instalaron en el Patio de las Palmeras y en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos.
De a ratos entonaban el himno y, por momentos, volvían al repertorio clásico de consignas. Fue una sorpresa preparada. Ni bien la presidenta terminó su discurso en el Salón y se asomó a la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, la recibieron con una canción nueva. «Vamos transformando la Argentina. Los pibes siempre vamos al frente, pensamos diferente. Si todos los traidores se van con Massa, no pasarán.» Después de dejarlos cantar varias veces el estribillo, tomó la palabra para contarles detalles de su visita al Paraguay. Vinculó la Guerra de la Triple Alianza con la situación en la Franja de Gaza al asegurar que «hay un verdadero entramado de negocios e intereses en todas las guerras». Contó que ayer vivió «uno de los momentos más felices» de su mandato cuando un trabajador de Olivos se acercó para agradecerle que, gracias al Plan Fines, pudo terminar la secundaria. «Eso no me lo saca nadie», dijo. Después, en un patio de las Palmeras repleto de trabajadores de la UOCRA, recordó que «son los laburantes los primeros que pagan las crisis cuando pierden el trabajo o se precarizan». La presidenta apuntó a sectores que «quieren el desempleo, porque es el principal disciplinador social», y avisó: «A los que quieren correrme por izquierda, les digo que a mi izquierda está la pared».
Un anuncio sorpresivo El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de que el Estado Nacional denunció penalmente a los accionistas de la estadounidense R.R. Donnelley por la presunta comisión del delito de alteración al orden económico y financiero, se convirtió en una de las sorpresas más fuertes desde que se profundizó el conflicto legal con los fondos buitre. El Estado solicitó que las penas previstas en el artículo 309 –en el caso de que prospere la denuncia en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas– sean incrementadas al doble por la aplicación del artículo 41 quinquies (quinta actualización) del Código Penal, modificado por la Ley 26.734. Ese artículo prevé que los delitos que hayan sido cometidos «con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» deben ser castigados con una pena que duplique la cantidad de años de prisión previstas por el delito original. Al momento de su sanción, en diciembre de 2011, la llamada Ley Antiterrorista (Ley 26.734) generó una polémica en la que intervinieron activamente sectores de la oposición y organizaciones sociales. Sancionada y promulgada a principios de diciembre de aquel año, la ley modificaba algunas partes del Código Penal incrementando penas.
El artículo clave que se incorporó al Código es el ya citado «41 quinquies» (por haber sido cinco veces modificado), que pretende sancionar el hecho de realizar alguna acción con el propósito de generar temor o alarma en la sociedad («aterrorizar a la población») u obligar a las autoridades legítimas a tomar medidas, o a no tomarlas, a través de la intimidación o la extorsión. Una de las consecuencias del debate en el Parlamento fue la incorporación de una frase aclaratoria en ese mismo artículo 41 quinquies: «Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de Derechos Humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.»
En mayo, la discusión en torno a esa ley volvió a ocupar espacio en la agenda luego de que un periodista de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez, fuera acusado por un fiscal federal de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones. La imputación se agravó con la aplicación de uno de los artículos de la Ley 26.734, que prevé un endurecimiento de penas cuando los delitos en cuestión se hayan cometido con «la finalidad de aterrorizar a la población». Suárez había difundido la detención de un efectivo que exigía aumento salarial en el marco de la ola de sublevaciones policiales que sacudió al país a finales del año pasado.
