Honduras: Congreso inicia tratamiento de la Ley contra lavado de activos
El Congreso Nacional iniciará esta semana la discusión en el pleno del anteproyecto de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, con el objetivo primordial de combatir las actividades del narcotráfico y en general del crimen organizado.
El lavado de activos, busca ocultar o disimular, dinero o bienes producto de actividades delictivas precedentes, ya sea delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las entidades públicas o privadas, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública (delitos fiscales, malversación de caudales públicos etc.) y, cualquier otro que atente contra la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente, que genere ganancias ilícitas.
Por razones geográficas, económicas y sociales, Honduras es altamente vulnerable al dinero proveniente de actividades delictivas; el país suele considerarse punto de paso para el tráfico de drogas entre América del Sur y Norteamérica.
En la actualidad Honduras sirve para que el crimen organizado, incluso en carteles nacionales e internacionales, almacenen temporalmente la droga cuando existe el riesgo del decomiso por el reforzamiento del control y vigilancia que ejercen los cuerpos policiales.
Cuando el peligro pasa, la droga sigue su camino, además existen fuertes indicios de que en el país se estaría procesando alguna droga que posteriormente sería consumida en otros mercados.
En un inicio, la ruta terrestre era la más utilizada por los traficantes pero el control que se desarrolla en estas fronteras centroamericanas hizo que surgieran otras vías. Las rutas alternativas son la marítima y aérea y el sector más preferido por los «narcos» es la Mosquitia ya que además de las condiciones geográficas deseadas posee poca presencia policial.
Según un informe realizado en 2012 por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, el 20 por ciento del dinero que mueve el crimen organizado en Centroamérica es blanqueado en Honduras, de una cartera de 14 mil millones de dólares, que el crimen organizado moviliza en toda el área de Centroamérica.
Ese mismo año el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, presentó un informe en el que a nivel centroamericano, Honduras aparece como el segundo país más vulnerable al lavado de dinero. El primer lugar es Costa Rica.
Conforme a un informe de Global Financial Integrity (GFI, o Integridad Financiera Mundial), organización no-gubernamental que trabaja en temas de transparencia fiscal, cada año empresarios alrededor del mundo utilizan métodos ilícitos para extraer fondos que deberían de quedar, y ser sujetos a impuestos, en países en vías de desarrollo, dentro de los cuales Honduras sufre de un nivel excepcional de flujo.
Cuando se compara con su Producto Interno Bruto (PIB). En 2011, los flujos ilícitos sumaron el equivalente al 20 por ciento de su PBI para ese año.
El GFI recomienda que la comunidad internacional se coordine mejor para fortalecer leyes contra el lavado de dinero, para compartir información sobre el pago de impuestos, y de obligarles a las empresas multinacionales a reportar sus ventas, ingresos percibidos e impuestos pagados en cada país donde operan.
En 2013, la criminalidad organizada propició uno de los mayores golpes en los esfuerzos realizados por el país en su erradicación y castigo del delito de lavado de dinero, el 18 de abril de ese año, fue asesinado el fiscal coordinador de la Unidad Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, Orlan Chávez
Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en Honduras se ha recorrido un largo camino en la lucha contra el lavado de activos de la mano de las recomendaciones internacionales.
En el 2008 se realizaron reformas sustanciales a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; en el 2010 se aprobó la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, reformada ese mismo año mediante decreto 153-2010; en ese año también se aprobó Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y por último figura la creación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF) .
Sin embargo, tal como consta en los informes relacionados, la legislación con que ahora se cuenta no ha sido eficaz para frenar ese flagelo que consume la sociedad hondureña, incluso la aprobación de una ley más eficiente para luchar contra el delito de lavado de activos es un nuevo requerimiento al Estado de Honduras por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
De las cuarenta 40 recomendaciones que ha presentado ese organismo, para que el país no aparezca en la lista gris que se publicará en los próximos meses, como país no colaborador en la lucha contra el delito de lavado de activos, el más reciente informe que “es preciso hacer modificaciones vitales a las leyes y reglamentaciones para que Honduras cuente con un régimen de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo más eficaz”.
En ese sentido, a inicios de 2014, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió al Congreso Nacional, el anteproyecto de una nueva Ley de Lavado de Activos que derogaría la ley vigente que fue aprobada en 2002.
El anteproyecto se elaboró con la finalidad de contar con un sistema normativo integral tanto para la prevención y represión de la comisión de los distintos tipos penales que derivan en la legitimación de las ganancias económicas.
Si bien es cierto, tanto en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la Ley Sobre el Uso Indebido Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, se colige que esas medidas que se orientan a investigar sancionar y erradicar el lavado de activos, tal como se expresa por los autores de la iniciativa, el proyecto busca armonizar la legislación tanto a nivel hondureño como en relación a los tratados internacionales para la prevención y combate de los organizaciones delictivas.
El proyecto fue sometido a una comisión especial de dictamen y el 29 de abril pasado, se presentó el dictamen a discusión y votación, sin embargo, durante el debate se ha considerado que el proyecto debe recibir una segunda revisión a fin de verificar que no contenga vicios de constitucionalidad ni violente tratados intencionales suscritos por Honduras.
Es por ello que el Congreso Nacional considera necesario realizar una revisión general del proyecto dictaminado, especialmente en aquellos puntos que pudiese existir un límite muy estrecho en relación a los elementos del tipo penal de lavado de activos y el proceso a seguir, especialmente en relación al respeto de derechos y garantías establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte.
Uno de los cuatro pilares del Plan de Gobierno Legislativo 2014-2018, es el tema de la seguridad.
http://ultimahora.hn/node/21677
