Gobierno lanza ofensiva jurídica internacional contra los «fondos buitre»
Cambio de posición para jugar en la ofensiva
El Gobierno despliega una ofensiva política y judicial en respuesta a la encerrona en que colocaron al país los fondos buitre, con anuencia del juez neoyorquino Thomas Griesa. Frente a la
ineficacia del mediador designado por Griesa para encontrar una salida consensuada a la sentencia y el bloqueo que el magistrado impuso al dinero que el Estado depositó oportunamente para el cumplimiento de los vencimientos de junio, el equipo económico adelantó que recurrirá a todas las instancias legales disponibles para lograr que se concreten los cobros. Entre las opciones en estudio se analiza accionar contra el Bank of New York (BoNY) por incumplimiento del contrato del fideicomiso, al no librar los pagos a los bonistas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) solicitó a su par estadounidense (Securities and Exchange Commission, SEC) información sobre el cambio de manos de bonos en litigio y de las tenencias de seguros contra default por parte de los buitres. También se avanza en una presentación en los Tribunales en La Haya (ver aparte). La alternativa de un cambio de jurisdicción de la deuda con legislación neoyorquina sería el último recurso en caso de que fracasen otras opciones. El fin último es llegar a fin de año y evitar que se gatille una cláusula que haría caer el canje de deuda.
El fracaso de las negociaciones entre los representantes argentinos y de los fondos buitre ante la ineficiencia –y subjetividad– del special master (mediador), Daniel Pollack, derivó en que se mantengan cautivos los fondos depositados por el país el 26 de junio último en los bancos intermediarios. El juez Griesa habilitó ayer el cobro a todos los tenedores de series en dólares con legislación argentina, frente al pedido del banco JP Morgan Chase para sus clientes en Japón (ver página 5). También lo había hecho en respuesta al Citibank para la emisión en pesos. Sin embargo, todavía se encuentran trabadas las series con legislación estadounidense y europea. Las calificadoras de riesgo y aseguradoras privadas sentenciaron un default selectivo para el país, un mote que el Gobierno rechazó. “El propio mercado está diciendo que no hay default”, sentenció el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Lo que se exhibe con los precios de los bonos y acciones locales, incluso los ADR de empresas argentinas en el exterior, es una tensión lógica frente a la expectativa en torno al desenlace de este litigio, pero no un deterioro notorio de sus valores.
El directorio que define si debe gatillarse el premio del seguro ante la ocurrencia de un default está integrado entre otros por Paul Singer, propietario del fondo NML Capital, que encabeza el reclamo buitre contra el país. Esta posibilidad de estar en los dos lados del mostrador es lo que explica la intransigencia de los buitres a otorgar una medida cautelar (stay) para acordar en enero y evitar que se gatille la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que obligaría al país a equiparar al 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje las condiciones que obtengan los holdouts y hacer fracasar la reestructuración de la deuda.
La Comisión de Valores había iniciado una investigación vinculada con la operatoria con títulos públicos argentinos reestructurados, principalmente las series de bonos Discount y PAR, explicó a este diario el titular de la CNV. El objetivo fue verificar si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado, tanto por parte de entidades locales como internacionales, incluyendo a personas que puedan estar vinculadas con el juicio en Nueva York entre la Argentina y un grupo de fondos buitre. A esta investigación se sumó la acción del Ministerio de Economía, que planteó en una presentación que habría una posible irregularidad en el uso de unos productos financieros que se llaman Credit Default Swaps (seguros contra default), activos estructurados que fueron uno de los que estuvieron en tela de juicio en la crisis que se originó en Estados Unidos.
El presidente de la CNV confirmó el envío de la presentación formal a la SEC, que tiene el doble carácter de denuncia y pedido de investigación, tanto por el uso de información privilegiada y manipulación de los precios de los bonos en litigio por parte de los buitres, como la presencia de éstos en los directorios de la organización que define una instancia de default. “Es una práctica depredadora que hacen en todos los países. Estamos en presencia de una operatoria global que afecta a los distintos mercados”, señaló Vanoli. El funcionario afirmó que existen pruebas suficientes de que se han configurado maniobras graves por parte del juez Griesa y de los fondos buitre, por lo que deberían ser investigadas a nivel mundial.
Junto a la batalla judicial que el Gobierno mantendrá en distintos frentes, está la intención de sumar apoyos de los tenedores de deuda argentina, países, organismos y entidades financieras en la cruzada contra el accionar de estos fondos especulativos. “Se impone una acción de carácter internacional, que haga que los deudores y los bonistas, que de buena fe aceptaron una reestructuración, no sean rehenes de este gran chantaje internacional que llevan adelante los fondos”, dijo el presidente de la Comisión.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-252277-2014-08-05.html
Griesa autorizó un pago del banco JP Morgan y ratificó al mediador
El juez neoyorquino Thomas Griesa emitió ayer una orden en la que autorizó al banco JP Morgan a que realice el pago de bonos en dólares bajo legislación argentina «por única vez». El magistrado respondió así al pedido de clarificación hecho por el JP Morgan, dándole vía libre para que efectúe pagos de intereses por bonos denominados en dólares bajo ley de la República Argentina.
«JPMCB está permitido de efectuar un pago por única vez respecto de los bonos denominados en dólares estadounidenses», señaló la clarificación de dos páginas emitida ayer por el juez distrital.
La solicitud de aclaración sobre cómo proseguir con estos pagos de parte de la empresa financiera fue efectuada por la institución el viernes en la última audiencia pública convocada por Griesa, y se suma a las efectuadas por el Citibank y Euroclear, entre otros entes de pago involucrados en el caso que ya fueron habilitados con anterioridad, también «por única vez». Días atrás, Griesa había autorizado también al Citibank a realizar un único pago de los intereses de bonos emitidos en dólares a tenedores de los canjes de 2005 y 2010 con títulos en su poder similares a los que Argentina entregó a Repsol en el acuerdo alcanzado por la expropiación de la petrolera YPF.
«El tribunal no quiere perjudicar el acuerdo con Repsol», señaló entonces el juez distrital, aludiendo que los títulos bajo legislación argentina reestructurados y concernientes al caso con los fondos buitre no podían diferenciarse de aquellos emitidos bajo el acuerdo entre YPF y Repsol.
Todos los bonos con el tipo de contrato implicado suman unos 8400 millones de dólares, pero U$S 6100 millones se emitieron luego del canje y son imposibles de diferenciar de los otros, incluidos U$S 1750 millones en Discount emitidos en abril para la petrolera española.
Estos bonos en dólares bajo ley argentina no pueden discriminarse porque tienen el mismo Código Internacional de Identificación de Valores (ISIN, por sus siglas en inglés) tanto en su versión del canje como en su versión más reciente.
Una vez excluidos los títulos emitidos fuera de la reestructuración, el total del monto que ahora vuelve a estar bajo las órdenes del juez Griesa acumula U$S 2300 millones, cifra que representa sólo el 4,8% de los aproximadamente U$S 47.800 millones de los bonos del canje. La Argentina y el banco creen que con esa cifra se desmiente la idea de los fondos buitre de que es fundamental borrar la excepción total para estos papeles «porque representan el 22,5% del total».
POLLACK. En la jornada de ayer, Griesa también emitió una orden para confirmar al mediador designado en el litigio con los fondos buitre, el abogado Daniel Pollack. El texto difundido sostiene que el letrado «permanecerá en el cargo» a pesar de la objeción formulada por Argentina por ahora de manera informal.
«El objetivo de esta decisión es la confirmación de que Daniel Pollack, el special master (mediador) designado por la Corte para presidir las negociaciones de acuerdo, permanecerá en el cargo», afirmó Griesa en una orden con fecha de ayer.
El juez distrital dijo que tiene una «visión completamente distinta» a la formulada por el abogado que representa a la Argentina ante su juzgado, Jonathan Blackman, quien en la audiencia pública del viernes pasado afirmó que el país «no tiene más confianza» en el proceso de negociaciones llevado adelante por Pollack, tras el último comunicado difundido por el mediador.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció ayer durante su conferencia de prensa de todas las mañanas, que Argentina pedirá formalmente a la justicia estadounidense por el apartamiento del mediador.
Pollack manifestó su «clara parcialidad y comportamiento como vocero de los fondos buitre», afirmó Capitanich, tras lo cual señaló que el gobierno nacional «notificará formalmente su disconformidad con la actuación del mediador Pollack y con su continuidad en el ejercicio de su cargo por manifesta parcialidad». Asimismo, agregó el funcionario, Argentina hará efectiva la notificación porque el special master «no promueve medidas que coadyuven a un mecanismo de mediación parcial y razonable».
Ante esta noticia, el juez Griesa se adelantó y, a pesar de las claras muestras de parcialidad, lo ratificó en su puesto, poniendo más difícil la posibilidad de un acuerdo.
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