Varios países presentan propuestas para el reemplazo de Insulza en la OEA
Al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, le queda un año para concluir su mandato y los países miembros ya están postulando candidatos para sucederlo.
Así, el mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, propuso el sábado al ex vicepresidente de ese país, Eduardo Stein Barillas (2004-2008). Según el gobierno de ese país, esta candidatura “cuenta con el apoyo expreso y entusiasta de siete países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica)”, que conforman Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En tanto, el viernes pasado, el embajador uruguayo ante el organismo, Milton Romani, presentó oficialmente la candidatura de su canciller, Luis Almagro.
Según el diario español El País, el guatemalteco Stein no tendrá un camino fácil, porque el uruguayo Almagro podría arrastrar el respaldo de los países que conforman el Alba y muchos países que dependen del petróleo de Venezuela. A ello se suma, dice el periódico, la buena imagen internacional, incluso en Estados Unidos, que tiene el gobierno de Mujica, lo que podría inclinar la balanza a favor de Almagro.
Según la agencia Dpa, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Diego García-Sayán, es también uno de los nombres que suenan para suceder a Insulza, aunque su candidatura no ha sido presentada. Su postulación podría arrastrar los apoyos de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia y México, además de Perú.
Sin embargo, el respaldo de México está en duda, ya que fuentes diplomáticas dijeron a la agencia Dpa que ese país estaría interesado en presentar a un candidato. Y uno de los posibles nombres es el de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Insulza fue elegido secretario general de la OEA en mayo de 2005 y fue reelegido en mayo de 2010. Durante sus dos mandatos no ha estado exento de críticas. Así, por ejemplo, ha sido cuestionado por negarse a intervenir en la crisis en Venezuela y por rechazar el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fuera de Washington.
