Nueva demanda de extradición al expresidente Sánchez de Lozada en EEUU
Una comisión de cinco personas, encabezada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ayer en EEUU la demanda de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, acusados por la represión militar que dejó más de 60 muertos en 2003.
La comisión está integrada por Guerrero, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez; Adolfo Nina Suxo (víctima); un representante de la Cancillería; y el abogado de los afectados por la masacre, Freddy Ávalos. Sin embargo, en la fotografía que circuló se veía a siete personas en Washington.
«En horas de la mañana de este jueves se ha presentado el segundo exhorto de extradición del expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada al Departamento de Estado”, informó desde Washington la ministra Sandra Gutiérrez, según un comunicado entregado por su oficina a los medios de comunicación.
«Hemos añadido testimonios y documentos que sustentan el pedido de extradición”, dijo a la agencia EFE el fiscal general, quien luego tenía previsto concurrir a una audiencia con el Departamento de Justicia.
Guerrero añadió que se confirmaron los domicilios de los exfuncionarios, cuya extradición se requiere y «uno de ellos está en Washington (Goni), los otros dos en Florida”.
El Gobierno de EEUU ya rechazó en 2012 ese pedido, pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General, explicó a EFE que ello ocurrió porque «no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición”.
Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y el exministro de Hidrocarburos Jorge Berindoague, quienes están acusados de cometer una «matanza sangrienta”, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios.
Los delitos ocurrieron durante la represión en octubre de 2003 de las protestas contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno. En los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad murieron por lo menos 60 personas.
La ministra de Justicia, que concurrió con Guerrero a las citas con los funcionarios estadounidenses, dijo que «esos prófugos de la justicia tienen que volver a Bolivia porque deben rendir cuentas por el genocidio, tienen que ser juzgados en nuestros tribunales”.
El abogado Freddy Ávalos, que representa a las víctimas de la masacre, expresó su esperanza «para que en un corto tiempo este señor (Sánchez de Lozada) llegue a Bolivia a someterse a la justicia boliviana para responder por todos los delitos que ha cometido en nuestro país”.
Díaz señaló que el pedido de extradición anterior no se presentó acompañado por una traducción de los documentos al inglés realizada por un organismo oficial acreditado ante el Gobierno de EEUU.
Un viaje cuestionado
Juristas y legisladores de oposición consideran innecesario el viaje a EEUU del fiscal general y de miembros de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores (Cancillería), además de representantes de víctimas de octubre negro, para solicitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros.
El abogado constitucionalista William Bascopé dijo que sólo en años electorales la Fiscalía y el Gobierno agilizan este trámite. «No hay una voluntad política del gobierno de extraditar a Goni. Hace años están con este tema y solamente sale cuando son años electorales, como ocurre ahora”, afirmó.
«Si dicen que los recursos no alcanzan, ¿por qué van tantos?”, preguntó el senador de oposición Luis Pedraza, quien además recordó que la Fiscalía contrató al bufete de abogados Rabinowitz de EEUU.
Por su parte, Justino Quispe, Martín Larico y Antonio Mamani Calavi, representantes de las víctimas de octubre negro, expresaron ayer a Radio Patria Nueva su esperanza de que la extradición se materialice.
EEUU agilizará la revisión del pedido de extradición de Goni
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió ayer, en Washington, a agilizar la revisión del segundo pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y de dos exministros por los hechos violentos de octubre de 2003.
La declaración corresponde a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien integra una delegación que viajó a Washington junto al fiscal general, Ramiro Guerrero, y delegados de la Cancillería y de los familiares de las víctimas de octubre de 2003, mes en el que murieron más de 60 personas durante la “guerra del gas” y resultaron heridas otras 400.
“Hemos sostenido una reunión con la Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Leslie R. Caldwell) para explicarle las razones por las cuales se ha presentado un segundo exhorto de extradición de Sánchez de Lozada. Ella se ha comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos”, dijo Gutiérrez.
Los hechos ocurridos en 2003 no pueden quedar en la impunidad y los autores materiales e intelectuales, en este caso, deben ser sometidos a un proceso en Bolivia y volver para ser juzgados, señaló Guerrero. Agregó que con esta solicitud, lo único que se busca es justicia para el país y toda la gente que después de más de diez años sigue pidiendo castigo para Sánchez de Lozada, y los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados de ser los responsables de las muertes en las ciudades de La Paz y El Alto.
Las tres exautoridades son acusadas de cometer los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta; homicidio; vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio. Guerrero explicó que esa tipificación fue compatibilizada con la legislación estadounidense.
En septiembre de 2012, EEUU rechazó el primer pedido de extradición porque los delitos expuestos no eran compatibles con su legislación. “Hoy tenemos la firme esperanza para que en un corto tiempo este señor (Sánchez de Lozada) pueda llegar a Bolivia y someterse a la justicia boliviana para así, de esa manera, cumplir con todos los delitos que ha cometido en nuestro país”, dijo Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de octubre.
