México: muere niño herido por la policía en manifestación
José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que fue herido en un enfrentamiento con la policía de Puebla el pasado 10 de julio, y por lo cual fue declarado con muerte cerebral, falleció ayer, 19 de julio, informó el gobierno del estado.
En un comunicado de apenas dos párrafos, la Secretaría de Salud de Puebla informó de la muerte del menor, la cual ocurrió a las 18:30 horas del sábado en el Hospital General del Sur, y se debió a un “paro cardiorespiratorio irreversible”.
Posteriormente, este domingo, Facundo Rosas Rojas, titular de la SSP-Puebla, afirmó a través de un comunicado que “a pesar, de que desde un primer momento, se negó el uso de balas de goma durante el operativo, algunos medios de comunicación han continuado difundiendo que sí las hubo.”
El comunicado informa también que “para aclarar cualquier duda se solicitó mediante el oficio SSP/06/09368/2014 un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional, única autoridad responsable de vender tales municiones.” La respuesta enviada por Sedena en el oficio 28003 y signada por el general comandante de la Vigésima Quinta Zona Militar, fechada este sábado 18 de julio de 2014, “confirma que durante la presente administración, la policía estatal nunca ha adquirido balas de goma.”
Finalmente, el secretario de Seguridad Pública de Puebla se comprometió a “actuar en todo momento con apego a la ley y aportar todos los elementos necesarios para la averiguación en curso.”
Pese a que los manifestantes que estuvieron en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, donde se suscitó el enfrentamiento con la policía poblana, han acusado el uso de balas de goma, las autoridades de la entidad han negado haber adquirido o utilizado este armamento desde el primer momento.
Por lo anterior, reportes de la marcha del 10 de julio han mencionado que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo un proyectil de goma disparado por la policía le reventó el cráneo, dejándole una perforación en su costado izquierdo de la cual manaron borbotones de sangre. Y por ese orificio se le fue también la vida, aunque no de inmediato, su agonía duró nueve días, al menos esa es la versión oficial, pues la tarde de ayer José Antonio Martínez García, director de Hospital General de Sur, uno de los nosocomios más grandes del sistema estatal de salud, hizo pública la muerte encefálica del menor.
Y es la versión oficial, porque desde un par de días antes, en algunos medios locales había corrido la noticia, sin confirmar oficialmente, de que el menor de 13 años ya había sido diagnosticado así. Y algunos trabajadores del nosocomio aseguran que el deceso se produjo desde el jueves pasado.
Pero más allá de versiones, lo cierto es que José Luis Alberto es la primera víctima mortal de una ley que aprobaron el 20 de mayo el Congreso del estado llamada “Ley para Proteger Los Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, y que en redes sociales se le bautizó como Ley Bala, pues en sus disposiciones iniciales estaba la del uso de armas de fuego para disolver y contener manifestaciones.
La iniciativa fue cuestionada por organismos como Artículo 19 y Amnistía Internacional como una normativa que lejos de proteger los derechos humanos, en realidad es una legislación que atenta y criminaliza la protesta.
Y sus efectos se dejaron ver dos meses después cuando producto de inconformidades por el retiro de la facultad del Registro Civil a las Juntas Auxiliares –órganos de gobierno en los municipios para comunidades y poblaciones que no forman parte de la cabecera municipal—comenzaron las protestas de pobladores y autoridades auxiliares y vino la respuesta violenta del estado.
Primero en una manifestación que se llevó a cabo a finales de julio en Tehuacán, donde se usó gas lacrimógeno y toletes en respuesta a la manifestación, y en donde se detuvo a seis personas; y después, el 10 de julio, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, cuando se usaron gases, granadas y proyectiles de goma para confrontar a la población de San Bernardino Chalchihuapan y poblaciones vecinas, lo que dejó como saldo al menos cinco lesionados de gravedad entre los pobladores, entre ellos José Luis Alberto, y una decena entre los granaderos, pues los pobladores respondieron con palos y piedras al embate de las fuerzas policiales.
Que intervenga la PGR
Cinco días después de la refriega, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, convocó a una rueda de prensa para leer un posicionamiento en donde aseguró que la manifestación fue orquestada para desestabilizar al estado, pues hubo grupos infiltrados y acusó que los rijosos habían estado armadoscon bombas molotov, cohetones, palos y “piedras de gran calibre”, y aunque mostró fotos de la confrontación como prueba de sus dichos en éstas no se observan las bombas.
En ese posicionamiento el responsable de la política interior del estado anunció que pedirían la intervención de la PGR en las investigaciones.
Ese mismo día el tema llegó al Congreso local, pues los diputados aprobaron un punto de acuerdo pidiendo que la PGR atrajera el caso, durante la exposición de la petición que plantearon por unanimidad, las fracciones parlamentarias vinculadas con el gobernador del estado aprovecharon para señalar, igual que lo había hecho Maldonado Venegas, que detrás de la manifestación había una intención política, y señalaron a la diputada federal perredista –la legisladora que ha acompañado la inconformidad de las Juntas Auxiliares y en especial el caso Chalchihuapan—y al presidente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, de estar detrás esos grupos desestabilizadores.
Al día siguiente el tema llegó a la Cámara de Diputados cuando Ricardo Monreal subió a tribuna para mostrar las más de 100 latas y granadas de gas lacrimógeno –del tipo CN y CS—y los proyectiles de goma disparados que fueron recuperadas por los pobladores tras la confrontación.
Marcha al DF
Por lo pronto, se tiene anunciado que este lunes los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan marcharán a la ciudad de México para denunciar lo sucedido y exigir la derogación de la ley bala y el regreso del Registro Civil a sus comunidades. Y se espera que organizaciones ciudadanas también hagan público una solicitud para que se derogue la ley que permitió que un menor de 13 años se le reventara la cabeza con un proyectil disparado por la policía.
