Las Farc del posconflicto – Periódico El Mundo, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
En los últimos meses, ciudadanos afectados, medios regionales de comunicación y organizaciones especializadas, han denunciado secuestros, extorsiones y alianzas criminales que dan cuenta de los afanes de las Farc por recuperar presencia en zonas de las que había salido, como sucede en Neiva, donde se presenta el aumento de extorsiones por la columna “Teófilo Forero”. Empresarios del Valle del Cauca y habitantes del Bajo Cauca antioqueño, entre otros, denuncian, por su parte, que las zonas que antes sufrieron a las Farc hoy están copadas por Bacrim que, como aquellas, se dedican a la extorsión y el narcotráfico. Observadores de la violencia, como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, atribuyen esos delitos a la decisión del Gobierno Nacional de adelantar la negociación con las Farc en medio del conflicto, mientras que los investigadores de Insight Crime, entre otros, temen que tiene mayor relación con la fragmentación de las Farc frente a un futuro acuerdo de fin del conflicto armado.
Todos los investigadores coinciden en que los acuerdos de cese de conflicto armado entre gobiernos y grupos armados ilegales no garantizan la desmovilización y desarme de todos los miembros de organizaciones que participan en los acuerdos. Según Insight Crime, el veinte por ciento de los miembros de grupos armados ilegales no han participado en los acuerdos de paz, lo que significa que mantienen viva la violencia. Una reciente investigación de la Fundación Ideas para la Paz señala que la reincidencia en procesos de desmovilización en Colombia se encuentra por el orden del 24 %, lo que significa que 10.877 de los 54.389 beneficiarios de acuerdos de paz han retomado las armas. No se espera algo distinto de un eventual acuerdo con las Farc. De hecho, ya han sido noticia acciones de grupos de esa guerrilla que supuestamente han dejado de obedecer las órdenes de los comandantes, como los atentados cometidos en tiempo de tregua en el Norte de Antioquia y en el Cauca. Se trata de la disidencia de jefes radicales que no aceptarían los acuerdos por considerarlos rendición, o la renuncia de grupos criminalizados a rentables actividades.
Los impactos de la no desmovilización podrían ser reconocidos a partir de análisis al actuar de las Farc en distintas zonas del país, un trabajo aun precario pues durante las dos últimas décadas, especialmente, han proliferado estudios y documentos que referencian las mutaciones de la violencia en el país, pero no han sido tan frecuentes y rigurosos los que explican las transformaciones que ha vivido ese grupo. Y es que es mucho lo que va de la “chusma” que el país conoció en 1964 como autodefensa campesina liberal y reconoció en 1966 como “guerrilla comunista, a la poderosa organización terrorista, con intereses económicos en el narcotráfico, la minería ilegal de oro, la ganadería extensiva y las inversiones de capital en paraísos fiscales; que tiene entre sus jefes a capos de la mafia del estilo de Martín Leonel Pérez Castro, jefe del frente 30 de las Farc capturado en la estrambótica finca de Alcalá, Valle, pero que al mismo tiempo mantiene vivas sus alianzas con la izquierdachavista-castrista-correísta que gobierna Venezuela, Cuba y Ecuador.
Dadas las conversaciones en La Habana, el Gobierno Nacional ha pedido a los colombianos sacrificarse por un acuerdo que, según declaró ayer el presidente Santos, ofrece “la prevención de daños futuros” a causa de la acción guerrillera. Sin embargo, de su anuncio ante el Congreso de que en el cuatrienio que iniciará el 7 de agosto “vamos a incrementar en otros 25.000 policías -pues en el primer periodo ya incorporamos ese mismo número- el pie de fuerza para la seguridad ciudadana, que será una absoluta prioridad”, se entrevé que el Gobierno sí sabe que el posconflicto no nos abrirá las puertas del Reino de Salomón que anuncia la propaganda oficial sino que más bien nos conducirá a un camino de mayores sacrificios y no pocos dolores. Esa verdad inconveniente pero necesaria debe ser explicada por los negociadores en La Habana, pues ella permitirá que Colombia se prepare para vivir en una realidad de nueva violencia, que oscilará entre la que han tenido que enfrentar El Salvador y Guatemala con el surgimiento de las Maras asociadas a los carteles mexicanos de la droga y responsables de violencia urbana asociada al narcotráfico y la extorsión o la que enfrenta el Medio Oriente con la terrorista libanesa Hezbolá, que se desmovilizó falsamente y hoy es riesgo para la paz mundial.
