Indígenas llevan al Gobierno paraguayo a juicio por genocidio histórico

Los supervivientes de una tribu de América del Sur que resultó diezmada durante las décadas de los años 50 y 60 han llevado al Gobierno de Paraguay a juicio por el genocidio que sufrieron.

El caso de la tribu cazadora-recolectora aché, que habitaba en las colinas boscosas del este de Paraguay hasta que fue brutalmente expulsada de su tierra, se hizo tristemente célebre en la década de 1970.

A medida que la expansión agrícola en el este de Paraguay se aceleró en la década de los años 50, los achés se vieron forzados a defender su tierra de una población de colonos cada vez mayor. Estos no tardaron en organizar partidas de cacería para asesinar a los hombres achés; las mujeres y los niños solían ser capturados y vendidos como esclavos.

Uno de los cazadores más infames de achés fue Manuel Jesús Pereira, un terrateniente local. Pereira trabajaba para el Departamento de Asuntos Indígenas de Paraguay, un ente gubernamental, y su granja acabó convirtiéndose en una «reserva” aché a donde iban a parar los indígenas de esta tribu que iban siendo capturados. Las palizas y las violaciones a los achés eran frecuentes. Innumerables más murieron de enfermedades respiratorias. El director del Departamento de Asuntos Indígenas visitaba con frecuencia la reserva y él mismo vendió achés como esclavos.

La situación fue denunciada por varios antropólogos en Paraguay, muchos de los cuales fueron deportados o perdieron sus trabajos como consecuencia. El antropólogo alemán Mark Münzel logró captar la atención internacional. Su informe de 1973 «Genocidio en Paraguay”, publicado por la organización danesa IWGIA, documentó muchas de las atrocidades cometidas contra los achés.

Survival International difundió el informe de Münzel y patrocinó una investigación realizada por el prominente jurista internacional Richard Arens, quien encontró que la situación era tan pésima como otros habían denunciado. Muchas otras organizaciones internacionales, académicos y activistas denunciaron las atrocidades y pidieron que el Gobierno de Paraguay rindiera cuentas, lo que frenó algunos de los peores excesos.

Sin embargo, el por aquel entonces presidente, el General Alfredo Stroessner, era considerado un aliado occidental clave en la región. Los Gobiernos británico, estadounidense y alemán-occidental negaron que se estuviera produciendo genocidio y las autoridades de los EE.UU. patrocinaron a la organización Cultural Survival (CS), con sede en Harvard, para que «examinara el estado de los pueblos indígenas en Paraguay”. El informe que elaboraron para el Gobierno era confidencial, pero gracias a la Ley de Libertad de Información se obtuvo una copia. CS publicó entonces una versión modificada. Basándose parcialmente en el testimonio de un miembro del Cuerpo de Paz, Kim Hill, negaba que hubiera acontecido genocidio y criticaba a muchos de quienes, como Münzel y Arens, habían atraído la atención mundial sobre la difícil situación de los achés. La ayuda del Gobierno estadounidense al despiadado régimen de Stroessner continuó.

Ahora, los supervivientes del genocidio y sus descendientes buscan algún tipo de reparación. Una organización del propio pueblo indígena, la Federación Nacional Aché, ha iniciado un caso judicial en Argentina que cuenta con el consejo de Baltasar Garzón, el prominente abogado experto en derechos humanos. Los achés se amparan en el principio de «jurisdicción universal” bajo el que muchos delitos de gravedad, como el genocidio o crímenes contra la humanidad, pueden ser juzgados y castigados en un país diferente a aquel donde acontecieron, si las víctimas no pueden obtener justicia en su propio país.

Ceferino Kreigi, un representante aché, declaró: «Estamos pidiendo justicia; hubo torturas, violaciones, castigos corporales. No podemos soportar más el dolor que padecimos”.

Por su parte el abogado de los achés, Juan Maira, manifestó: «[Los achés] fueron cazados como si de animales se tratara, porque querían confinarlos en un gueto. Una vez en la reserva, no se les permitía irse. No solo vendieron como esclavos a niños, sino también a mujeres en algunas ocasiones. Es posible que el 60% de su población haya resultado aniquilada”.

La población de los achés está volviendo a aumentar nuevamente, a pesar de que se les robaron sus bosques para dar paso a la ganadería y la agricultura, y de que estos han sido destruidos prácticamente en su totalidad.

Nota para periodistas:

El próximo viernes 4 de julio está previsto que se celebre en Madrid un acto en el que se denunciarán las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno paraguayo contra los achés. Testigos del genocidio, como Mark Münzel o Bartomeu Meliá, y una de las víctimas achés, Margarita Mbywangi participarán en el evento que organiza la asociación Paraguay Resiste en Madrid.

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