«Fondos buitre»: nueva audiencia en la Justicia de EEUU reúne a las partes
Momento de definición en Nueva York
Una nueva audiencia en los tribunales de Estados Unidos reunirá hoy a todas las partes involucradas en la disputa legal entre la Argentina y los fondos buitre. Desde que el fallo del juez Thomas Griesa quedó firme, a fines de junio, se acumularon en la Corte del Distrito Sur de Nueva York demandas, intimaciones y pedidos de aclaraciones de terceros afectados que cuestionan o no comprenden las órdenes. En el encuentro convocado para las 14, el magistrado responderá las consultas y reclamos presentados por el Bank of New York Mellon (BoNY) y otras entidades financieras encargadas de canalizar los pagos realizado por el país a sus acreedores.
Las decisiones de Griesa, que acaba de regresar de vacaciones, impiden a los acreedores que participaron del proceso de reestructuración cobrar 539 millones de dólares depositados por la Argentina en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Son los fondos destinados a cancelar los vencimientos de capital e intereses de su deuda en moneda extranjera y emitidos bajo legislaciones foráneas. Por eso, también dirán presente en Manhattan los Eurobondholders, un grupo de fondos de inversión que posee bonos denominados en euros y regidos por la ley inglesa. Esos acreedores cuestionaron con énfasis al juez por cumplir al pie de la letra las pretensiones buitre. Ningún funcionario del Gobierno estará en la sala, pero sí participarán los abogados del estudio contratado por el país.
El Gobierno presentó ayer un escrito en respaldo a los pedidos de aclaración enviados al juez por los tenedores de bonos en euros, las cajas compensadoras (Euroclear y Clearstream) y el Citibank, la entidad encargada de realizar los pagos de vencimientos en pesos. El documento reitera el pedido argentino para que Griesa suspenda en forma transitoria sus órdenes para habilitar una negociación con los buitres. Desde la visión del Palacio de Hacienda, una medida cautelar hasta fin de año es condición necesaria para habilitar una negociación que permita pagar los 1500 millones de dólares a los demandantes sin violar las condiciones acordadas con el 92,4 por ciento de bonistas del canje.
De esa forma se evitaría incumplir con la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (Rights Upon Future Offers, RUFO) que vence el 31 de diciembre de 2014. Si se cumpliese el fallo de Griesa antes de esa fecha, no sólo habilitaría demandas multimillonarias –el piso para esos reclamos sería de 120 mil millones de dólares–, sino que expone a los funcionarios del Ministerio de Economía a potenciales demandas civiles y criminales, como sucedió con los responsables del Megacanje.
La presentación redactada entre el equipo económico y los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton enfatiza que para alcanzar una solución “justa, equitativa y sustentable” se requieren “garantías” que preserven el exitoso proceso de reestructuración de 2005 y 2010. Como desde la perspectiva de los fondos buitre la cláusula RUFO no constituye un problema para cumplir con el fallo, desde el equipo económico explicaron a Página/12 que sería aceptable que el paraguas legal tome la forma de un seguro pagado por los demandantes.
En el Palacio de Hacienda argumentan que el país estaría dispuesto a pagar a los buitres como ordena Griesa si los fondos encabezados por NML Capital “ofrecen un seguro donde se hacen cargo de la carga financiera vinculada con las potenciales demandas y sentencias que emerjan de una decisión del país que gatille la cláusula RUFO. Total, si como dicen el riesgo no existe, el precio del seguro para ellos será prácticamente cero”. Los funcionarios de la cartera a cargo del ministro Axel Kicillof no precisaron el monto que debería garantizar ese seguro ni los plazos de vigencia. Tampoco indicaron si la posibilidad fue barajada durante las negociaciones encaradas a través de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez. “La Argentina paga para desendeudarse. Pero ahora los buitres nos quieren hacer pagar para que volvamos a endeudarnos”, concluyó anoche un funcionario del equipo económico.
El texto presentado por el gobierno argentino cuestiona la agresiva estrategia buitre de pedidos de embargo contra activos de las petroleras YPF y Chevron en la Justicia estadounidense. En su escrito, el país volvió a indicar que los 539 millones de dólares depositados en las cuentas que tiene el BoNY en el Banco Central el 26 de junio son propiedad de los bonistas. La apreciación coincide con el reclamo de los tenedores de bonos en euros que le requirieron nuevamente a Griesa que habilite a los intermediarios, desde el BoNY hasta las cajas compensadoras (Euroclear y Clearstream), a procesar sus pagos. Ayer, los intermediarios y los fondos de inversión europeos reiteraron sus argumentos, consultas y pedidos en sendas presentaciones realizadas ante el tribunal neoyorquino, a la espera de la audiencia de esta tarde.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-251273-2014-07-22.html
Argentina pidió a Griesa que reponga la cautelar para el pago a bonistas
El gobierno argentino solicitó al juez Thomas Griesa que reponga la medida cautelar para que los bonistas del canje puedan seguir cobrando, y «protección suficiente» contra el riesgo económico y financiero que puede significar la activación de la cláusula RUFO para poder alcanzar «una solución justa y equitativa a todos los acreedores».
El país realizó este pedido un día antes de la audiencia de urgencia programada por el magistrado neoyorkino para este martes, que fue solicitada por los bonistas europeos que quieren cobrar y permanecen sin recibir fondos desde el 30 de junio último, y las cajas de valores europeas, Euroclear y Clearstern, que pretenden precisiones de parte del magistrado.
Los bonistas con títulos reestructurados como los bancos también advirtieron que la medida de Griesa de prohibir el pago en Europa va contra la jurisprudencia existente en el Viejo Contienente, como sucedió en un caso similar contra Nicaragua del que también participó Elliott.La presentación argentina fue hecha a través de un documento de trece páginas, técnicamente una moción, a la que tuvo acceso Télam.»Un stay, así como una adecuada y suficiente protección a la República contra el riesgo económico y financiereo de la cláusula RUFO, son necesarios y adecuados para permitir, por un lado, que los bonista del canje reciban sus pagos de los intereses de sus bonos, como fue establecido en el cronograma original, mientras por otro lado, permitir a la República, perseguir condiciones justas y equitativas para todos los acreedores», sostiene el texto oficial.
Agrega que «la Corte debería otorgar las mociones de clarificación solicitadas por los bonistas europeos (Eurobondholders) Euroclear, Clearstern, -(NDR que solicitaron cobrar y clarificacion del pago, respectivamente)- y denegar la moción de los litigantes» contra el país.
El documento subraya que los fondos buitre continuaron con acciones «que complicaron» la resolución del conflicto.
«La perspectiva de resolución se complicó aún más debido a que los litigantes continuaron con agresivos esfuerzs de litigio, incluyendo entidades con mayoría estatal como YPF, así como otras entidades no argentinas como Chevron», sostiene la moción presentada por los abogados que representan al país.
Este lunes se conoció que los fondos buitre realizaron la semana pasada una presentación judicial en EEUU para intentar embargar fondos de YPF y de Chevron.
Dicha demanda ingresó en California, de donde es oriunda Chevron, y es consecuencia de la luz verde judicial que logró Elliott (al haber sido denegada la apelación argentina ante la Corte Suprema) acerca del pedido de discovery information (descubrimiemto de activos), para urgar sobre activos de la Argentina.
El gobierno argentino afirmó que «se comprometió y continúa comprometido con el special master (mediador) designado por la Corte para asistir a las partes en alcanar una resolución».
«Pero ese proceso (que encararon los fondos buitre) debería ser tenido en cuenta como restricciones legales y fácticas», agregó el documento.
El gobierno reiteró las consecuencias del peligro para el país de que se active la cláusula RUFO, y argumentó que es «imposible para la República avanzar con una resolución de su deuda, de manera justa, equitativa y sustentable, con los acreedores que no ingresaron a los canjes, si no se otorgan garantías que protejan la deuda que fue reestructurada con el 92,4% de los acreedores».
Y deslizó el factor tiempo que contiene dicha claúsula, debido a que vence el último día de diciembre del corriente año.
En consecuencia, prosigue el documento, dada la actual «ausencia de un instrumento que otorgue al país certidumbre de que no tendrá que enfrentar una carga financiera producto de la activación de la cláusula RUFO, un stay es necesario y apropiado para la República para proceder con la resolución total global de todas las partes, y de los deseos de la Corte».
Por último, este lunes se conoció, en forma coincidente a la víspera de la audiencias convocada por Griesa, «un aviso de pago» de la Argentina correspondiente al vencimiento previsto para el 30 de septiembre próximo, a través de una notificación enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Fueron en total siete avisos de pago, de los bonos Par 2038, Discount 2033, en las distintas monedas: yenes, euros, y dólares.
La nota está dirmada por Alfredo Ortiz González, de la dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía.
http://www.telam.com.ar/notas/201407/71873-argentina-medida-cautelar-griesa-fondos-buitre-rufo.html
