Candidato colorado anuncia su plan: más policías y baja de edad de imputabilidad
Bordaberry insiste con bajar edad de imputabilidad
En caso de ganar la elección, el candidato Pedro Bordaberry duplicará la presencia policial y el patrullaje en las calles, promoverá una ley de exclusión de los delincuentes reincidentes de delitos graves de las salidas transitorias y de la libertad anticipada, y aumentará las penas para los delincuentes reincidentes peligrosos, así como reinstalará las Comisiones Barriales de Seguridad, en tanto que insistirá con la baja de la edad de imputabilidad para los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves. Estas son algunas de las quince medidas que anunció el candidato presidencial colorado, Pedro Bordaberry, en materia de seguridad ciudadana. El anuncio fue realizado ayer bajo el planteo “Seguridad: Propuestas para el cambio, un Uruguay libre y seguro en el marco del Plan Uruguay 2015 – 2020”, en la sede de VU, con la presencia de integrantes de cámaras empresariales y dirigentes del PIT-CNT.
“La Seguridad Ciudadana debe entenderse como una estrategia que permita la reducción de los índices de delito y violencia, y que incluya la mejora de la calidad de vida de la población y la protección de sus DDHH. En suma, la seguridad ciudadana como una condición necesaria para el desarrollo humano”.
Asimismo, los colorados tomaron en cuenta en el fundamento que “una encuesta de Equipos Mori sobre percepción pública de los problemas nacionales arroja como resultado que 43% de los uruguayos están convencidos de que la delincuencia y la inseguridad son el primer problema del país y otro 15% dice que es el segundo problema nacional”.
Las medidas
Las quince propuestas de Bordaberry son: “1) Elaboración y remisión al Parlamento de un Presupuesto por resultados para la Seguridad que se presentará en junio de 2015; 2) Las “Comisarías o Seccionales Policiales” de los barrios cerca de la gente, que serán el centro de referencia policial y de prevención y represión del delito; y 3) Duplicar la presencia policial y el patrullaje en las calles”.
Como punto 4) Ley de exclusión de los delincuentes reincidentes de delitos graves de las salidas transitorias y de la libertad anticipada, y aumento de las penas para los delincuentes reincidentes peligrosos; 5) Restaurar la normativa del Decreto Nº 690 que facultaba a la autoridad policial a la detención en averiguación de eventuales implicados en delitos; y 6) creación del Instituto de Rehabilitación del Menor”.
Son partidarios además de 7) Lanzamiento en la modalidad de participación público-privada (PPP) prevista en la Ley Nº 18.786 de un proyecto para la construcción de otra cárcel para mayores y para el Instituto de Rehabilitación del Menor; 8) Combate frontal a la droga y el narcotráfico asignando competencia al personal militar en el control de las fronteras para combatir el narcotráfico; y 9) Aprobación de un nuevo Código del Proceso Penal con nueva función para la Fiscalía”.
El PC impulsa 10) Duplicar la inversión en tecnología de prevención de delito e instalación de cámaras de video vigilancia en todas las capitales del país; 11) Centros de reclusión (cárceles) funcionando fuera de la órbita del Ministerio del Interior, que pasarán a depender de un servicio descentralizado; 12) Disminuir la violencia de género”.
Los colorados 13) Reinstalar las Comisiones Barriales de Seguridad; 14) Mapa de los delitos; y 15) Bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves y mantener los antecedentes penales”.
“La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna”, afirmó Bordaberry.
http://www.republica.com.uy/bordaberry-insiste-con-bajar-edad-de-imputabilidad/
La INDDHH rechaza la baja de edad de imputabilidad
Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la decisión que adopte el cuerpo electoral respecto a la propuesta de reforma del Art. 43 y de la Disposición Transitoria y Especial B de la Constitución de la República, que será sometida a plebiscito el próximo domingo 26 de octubre, se encuentra entre las más relevantes para el país en los últimos treinta años.
La INDDHH comunicó su posición ante el plebiscito en un comunicado de prensa, en el cual expresó que está en contra del proyecto de baja de la edad de imputabilidad.
La ciudadanía deberá pronunciarse en esta instancia respecto a si está de acuerdo o no que algunas personas menores de 18 años y mayores de 16 años de edad, responsables de infracciones a la ley penal, sean juzgadas igual que las personas adultas.
En una declaración emitida este martes por la INDDHH, el organismo señala que en Uruguay han sido varias las iniciativas parlamentarias que plantearon la baja de la edad de imputabilidad penal. «Solamente desde el inicio del proceso de reconstrucción del sistema democrático y del estado de derecho que comenzó en marzo de 1985, pueden contarse más de una decena de proyectos de ley en este sentido. Ninguno de ellos contó con las mayorías parlamentarias requeridas por la Constitución de la República para ser aprobados», dice el texto.
Argumentos de la INDDHH
Uno de los argumentos que la INDDHH utiliza para oponerse a la reforma constitucional se basa en una resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar), que manifiesta que «conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho más tardío el acceso al trabajo y a la formación, lo cuál tiene como correlato en una necesidad mayor de formación educativa y en la consolidación de algunos derechos como son los propios de la niñez y la adolescencia (…) Para un país como el Uruguay, que ha consagrado a los 13 años como la edad mínima para asumir responsabilidades legales por infracciones cometidas, llevar a los 16 años la posibilidad de aplicación del Código Penal de adultos implica, lisa y llanamente, la reducción de la adolescencia como realidad social, psicológica y cultural, lo que contraviene todas las evidencias del proceso civilizatorio”.
Otra referencia que incluye la INDDHH en su declaración es la del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, que sostiene que “la privación de libertad prolongada y desde corta edad, implica un tipo de socialización diferente (…) Los efectos de la pena de prisión en la vida de una persona se proyectan más allá del período de encierro, contribuyendo a incrementar y agravar su desarraigo social y la desvinculación familiar. Esto ocasiona trastornos importantes a largo plazo en el resto de los componentes del hogar y funciona como matriz reproductora de las condiciones sociales de marginación y violencia”.
Efectos jurídicos de la propuesta de reforma constitucional
De ser aprobada la reforma sometida a plebiscito se presentarán serias dificultades para interpretar la Constitución de la República en su conjunto. A juicio de la INDDHH, se generarán contradicciones entre el texto propuesto y otras normas históricamente incorporadas a la Carta Magna.
Es el caso del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 8 de la Constitución vigente. La reforma incorpora la llamada “teoría del discernimiento”, según la cual no todas las personas entre los 16 y los 18 años de edad pueden ser sometidas al Código Penal adulto, sino solamente aquellas que, de acuerdo a lo que entienda discrecionalmente el Juez competente, tienen “madurez o discernimiento suficiente”.
Por otra parte, y como se ha señalado, Uruguay asumió la obligación ante la comunidad internacional de establecer el estándar mínimo de los 18 años de edad para comenzar a aplicar las normas del Derecho Penal adulto. Desconocer ese estándar viola el principio de no regresividad, según el cual, una vez alcanzado determinado nivel de protección de un derecho, el Estado no puede disminuirlo.
http://www.espectador.com/sociedad/296360/la-inddhh-rechaza-la-baja-de-edad-de-imputabilidad