Argentina: «fondos buitre» rechazan nueva oferta y el Gobierno niega que el país caerá en default
El ministro de Economía, Axel Kicillof, confirmó ayer que los fondos buitre no aceptaron la propuesta de la Argentina para pagar en las mismas condiciones que los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda. Reiteró que «desde el gobierno no vamos a firmar nada que comprometa el futuro de los argentinos, vamos a defender la reestructuración de la deuda y a cumplir con todos los compromisos». Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa que ofreció desde Nueva York a las 19 (20 horas para Argentina).
El titular de Economía cuestionó a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa y al mediador, Daniel Pollack, y les pidió que «lean el contrato», porque «Argentina no está en default. Argentina pagó», y la situación actual es «un engendro nuevo» ocasionado por las decisiones del magistrado de Nueva York. También criticó a la calificadora de riesgo Standard&Poor’s, acusándola de formar parte de «un mundo de complicidad que trata de sobreendeudar a los países» y preguntándose «¿quién cree en las agencias calificadoras a esta altura?»
Luego de la finalización de la reunión, el mediador Pollack emitió un comunicado en el que informó que «desafortunadamente, no hubo acuerdo y la República Argentina inmediatamente estará en default.» Ayer era el último día en el que el país podía llegar a un acuerdo para que el dinero depositado el 30 de junio llegara a los bonistas del canje.
Pero para eso, explicó Pollack, se «requería, simultáneamente, hacer un pago imponible» de la totalidad de lo adeudado a los buitres. Por lo tanto, expresó el mediador, «un default no es una condición técnica, sino un evento real y doloroso que afectará a gente real», y mencionó como potenciales damnificados a los ciudadanos argentinos, los bonistas del canje y los holdouts. Esa frase es muy similar a la de Griesa en la última audiencia, o las que los buitres publican en la página de la American Task Force Argentina (ATFA), la entidad encargada de los lobby.
En la conferencia, Kicillof respondió duramente contra Griesa y Pollack. Rescató los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al recordar que al haber pagado, al país no le corresponde el estado de default. Para el ministro, «el juez Griesa ha decidido no impedir el pago, porque Argentina pagó, sino que se bloqueó el cobro de los bonistas». Recordó la última audiencia de Griesa, en la que el juez permitió el pago de bonos en ley argentina por parte del Citibank pero no en ley inglesa del Euroclear, y comentó irónicamente que esta situación «le es novedosa al juez». Asimismo, indicó que el depósito «es dinero de los bonistas a todas luces».
Con respecto a los dichos de Pollack y de la calificadora Standard&Poor’s, que bajo la nota de la calificación crediticia a «default selectivo», el ministro pidió «que lean los contratos», porque «esta situación inédita e insólita no está en los prospectos». En el texto de la emisión del bono, aparecen tres eventos que pueden ser considerados un default. El primero es el no pago, el segundo es el incumplimiento de las obligaciones y la tercera, llamada «cross default» refiere a «cualquier evento o condición que resulte en la aceleración del pago de capital que sume un monto agregado de U$S 30 mil millones o más».
Las dos primeras condiciones no se cumplen en este caso, y la tercera por el momento no ha ocurrido. Si bien existe una posibilidad de aceleración de los pagos a partir del 30 de julio, es posible que, en vista de que los pagos se realizan en fecha y terminado el 2014 se podría llegar a un acuerdo con los buitres, los bonistas decidan esperar. En tal caso, no habría un default propiamente dicho.
Kicillof recordó la historia que llevó a la situación legal y financiera compleja en la que se encuentra la Argentina. Según el ministro, para alcanzar un acuerdo, «la condición de los buitres era que se les pague más que a los del canje». Esto se debe a la cláusula RUFO, que impide a la Argentina darles a quienes quedaron fuera del canje condiciones mejores antes de 2015, o de lo contrario dichas mejoras serían extensivas al resto de los bonistas. Dado que «no podemos hacer una oferta mejor, la de la República Argentina es que entren al canje que ya existe». Obviamente, si los buitres piden el 100% y tienen una sentencia favorable, se negarán a esta clase de ganancias aunque, por las palabras del ministro, «eran del 300 por ciento».
La RUFO es un obstáculo de gran importancia en la negociación. De gatillarse, los reclamos judiciales escalarían a una cifra de entre U$S 120 mil millones y U$S 500 mil millones, ambas impagables teniendo en cuenta que las reservas del Banco Central rondan en la actualidad los U$S 29 mil millones. Por ello, la alternativa que planteó Kicillof era que se otorgara un stay (medida cautelar) para que Argentina pudiera negociar luego de 2015, dado que la RUFO vence este año.
Ante quienes solicitaban que el país ofreciera a los buitres un depósito en garantía de un acuerdo en 2015, Kicillof respondió que «no tiene sentido dado que la garantía la tienen ellos y es el fallo de Griesa». Incluso, como garantía, los buitres tenían la potestad otorgada por Griesa para conceder o no el preciado stay que Argentina necesitaba para normalizar su situación de deuda con el 100% de los bonistas en 2015. Y a pesar de todas las insistencias de Argentina y de los bonistas europeos, los buitres se negaron a acceder inclusive ayer a la mañana, a través de un comunicado de NML Capital contra los tenedores de bonos en euros.
Mientras tanto, el bloqueo de los U$S 539 millones destinado al pago del Discount en Ley Nueva York dejaba imposibilitados a los acreedores de cobrar los fondos que les correspondían y, por lo tanto, Argentina ayer llegó a un evento crediticio que por su complejidad tuvo diversas denominaciones, como default, default técnico, default selectivo, Griefault (en honor al juez) y como lo caracterizó el economista Aldo Ferrer, un «hecho original».
Con respecto a una solución entre privados, Kicillof dijo que «no me extrañaría porque se ha generado un problema para los bonistas que quieren cobrar y quienes tienen otros bonos cuyo valor podría verse afectado», pero negó que los banqueros argentinos se hayan presentado a la reunión. Un acuerdo entre privados podría haber permitido el cobro a los bonistas sin activar la RUFO, esperando a que el problema se resolviera en 2015. «
Millones
13 mil es el total de la deuda de los acreedores que ingresaron al canje y no pudieron cobrar por el fallo Griesa.
Nuevos interesados
Tras los vaivenes de ayer en torno a un posible acuerdo de los holdouts con bancos privados argentinos, se conocieron detalles de otras grandes empresas nacionales de peso que están interesadas en darle un espaldarazo al país en el marco de la negociación de la deuda en default. Según explicaron a Tiempo distintas fuentes de la negociación, las firmas de la familia Bulgheroni, del empresario Eduardo Eurnekian y hasta referentes de Techint se metieron en la discusión que, hasta ayer, parecía propiedad exclusiva de los bancos agrupados en la Asociación de Bancos ADEBA.
Esta semana, hubo reuniones de esas firmas con negociadores que viajaron a Estados Unidos. En ese tren de empresarios, se incluyó un nombre llamativo pero lógico desde lo político: el mexicano David Martínez, titular del fondo Fintech, accionista del Grupo Clarín y socio en dos de las cinco empresas escindidas. Pero lo más relevante es que Fintech es bonista reestructurado de la deuda argentina, es decir, aceptó las quitas de los canjes de 2005 y 2010. Además, elevó hace un tiempo un escrito en apoyo de la posición argentina ante los fondos buitre y ante el juez de Nueva York.
Una multitud pidió en el Cabildo «defender la soberanía nacional»
Dos horas antes del discurso que dio el ministro de Economía, Axel Kicillof, desde el epicentro de la negociación con los fondos buitre en Nueva York, una multitud se concentró frente al Cabildo Histórico de Buenos Aires para respaldar desde la Plaza de Mayo a los negociadores argentinos y «defender nuestra soberanía nacional», retrató Tiempo Argentino. El encuentro fue organizado por la Convocatoria Económica y Social, un espacio impulsado por la vertiente oficialista de la Central de los Trabajadores Argentinos, conducida por Hugo Yasky, junto con la Asociación para la Mediana y Pequeña Empresa (APYME), Fedecámaras, y una amplio abanico de organizaciones políticas, como el Movimiento Evita, La Cámpora, Frente Transversal, Carta Abierta y gremios como la Asociación Bancaria, UTE y ATE.
La cita no tuvo oradores, pero contó con la lectura de un documento, donde todas las organizaciones firmantes advirtieron que «no se puede ni debe negociar con los fondos buitre en estas condiciones porque, de hacerlo, se activarían cláusulas que generarían potenciales reclamos por miles de millones de dólares por parte del 93% que aceptó de buena fe el canje en 2005 y 2010».
Entre sus consideraciones políticas, el texto también sostuvo que «los buitres de afuera y de adentro quieren crear la sensación de que si Argentina no arregla el 30 de julio sobrevendrán calamidades. Nos quieren apurar para que cerremos cualquier acuerdo.
Calamidades que sí sucederán si se activa la cláusula RUFO o si se dan mejores términos a los buitres que a quienes de buena fe aceptaron la reestructuración de la deuda.» Con respecto al juez Thomas Griesa, acusado de beneficiar a los fondos buitre, la convocatoria consideró que «no es lo mismo un default de Griesa, severamente cuestionado en el plano internacional y aun por los medios internacionales del propio establishment, como el Financial Times y The New York Times, insospechados de simpatía por nuestro país, que un default argentino. Esto no es un default porque no lo es en el plano jurídico y porque Argentina cuenta con los recursos para afrontar los compromisos.»
Estuvieron presentes representantes de la Iglesia, de la UCR, como Leopoldo Moreau, y funcionarios oficiales como el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el dirigente de Carta Abierta Eduardo Jozami y el reconocido economista Aldo Ferrer, profundo conocedor de la deuda externa y una de las voces que más ha respaldado la negociación impulsada por el país. Entre los impulsores también estuvo el ex canciller y actual legislador porteño Jorge Taiana junto con los diputados nacionales Juan Carlos Junio y Carlos Raimundi. Todos volverán a estar presentes hoy, en la Casa Rosada, durante el acto oficial convocado por Presidencia a las 17 horas.
La dirigencia política, entre el apoyo al gobierno y la crítica
Luego de la conferencia de prensa bridada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, donde comunicó el rechazo de los fondos buitre a la propuesta argentina, los referentes del oficialismo salieron a respaldar la negociación llevada adelante por el Ejecutivo. En tanto, la oposición se mantuvo en silencio a la espera de un resultado final, aunque el radical Ernesto Sanz responsabilizó al gobierno por la falta de acuerdo.
La titular de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Juliana Di Tullio, explicó que «el ministro de Economía reiteró la postura de Argentina: nosotros estamos dispuestos al diálogo, a negociar, hemos propuesto que estos tenedores de bonos, que no son originales, que han comprado bonos defaulteados, ingresen a la reestructuración que hemos hecho en 2005 y 2010. No han querido, incluso sabiendo que iban a tener una renta extraordinaria del 300 por ciento.»
La diputada bonaerense se refirió al acuerdo entre privados que podría destrabar la situación y sentenció: «Como Estado, nosotros no tenemos nada que decir porque es un arreglo entre privados, si es que sucede. No tenemos competencia alguna.» En la misma sintonía se pronunció el ministro de Defensa, Agustín Rossi: «Nosotros no vamos a opinar de un acuerdo entre privados. Es algo que habrán hablado ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, como Estado, siempre hemos tenido voluntad de diálogo y hemos demostrado que honramos nuestras deudas.»
En tanto, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, enfatizó que «Argentina ha defendido sus derechos y su soberanía» y aclaró que el país «no está en default y seguirá andando».
En la misma sintonía se expresó el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien afirmó que «es un orgullo para los argentinos y argentinas tener una presidenta y un gobierno dispuestos a defender la soberanía y el futuro del pueblo hasta el último día de su mandato», y explicó: «Sería muy fácil que nuestro gobierno haga lo que hicieron los anteriores: cerrar un acuerdo de espaldas al pueblo cuyas consecuencias más graves recaigan en las próximas gestiones y generaciones.»
El presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, no tuvo contemplación y aseguró que «la impericia y el secretismo llevan a la Argentina a un default innecesario y absurdo. Los principales damnificados serán los argentinos más vulnerables.»
El referente de Libres del Sur, Humberto Tumini, prefirió destacar que «el gobierno no cediera a la presión del poder financiero» y señaló que, de haber firmado un acuerdo en los términos que pretendían los fondos buitre, se hubiera «hipotecado el futuro de nuestro país»
