Paraguay recibe Asamblea General de la OEA, aunque incumple sentencias de la CIDH
Paraguay recibe a la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con tres sentencias sin cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de comunidades indígenas.
El encuentro, que tendrá lugar del martes al jueves y reunirá a los cancilleres de la mayoría de los países del continente, gira en torno al «Desarrollo con inclusión social», un tema propuesto por Paraguay en el que incluyó expresamente el reconocimiento de las «justas reivindicaciones» de los indígenas.
Ireneo Tellez, abogado de la ONG paraguaya Tierraviva, recalcó la paradoja, pues el Estado paraguayo continúa sin cumplir las sentencias de la CorteIDH, un órgano autónomo de la OEA, que le ha condenado por la expulsión de tres comunidades de sus tierras ancestrales en la región del Chaco (Noroeste).
«No se puede hablar de inclusión cuando se expulsa a los indígenas de sus tierras y a los campesinos del único lugar donde han vivido», dijo el representante de Tierraviva, organización que acompaña los tres casos y que los considera un ejemplo del conflicto por la tierra en Paraguay.
El vicecanciller paraguayo, Federico González, dijo a Efe esta semana que los indígenas son una «prioridad» del Gobierno y que éste tiene la «voluntad firme» de hacer lo ordenado por la CorteIDH.
«Estamos haciendo todo lo posible para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana», manifestó González.
El 76 por ciento de los aproximadamente 116.000 nativos del país se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto del Indígena (INDI).
En la primera sentencia, de 2005, la CorteIDH ordenó al Estado a devolver a la comunidad Yakye Axa las tierras que les arrebataron terratenientes ganaderos hace casi dos décadas.
El Gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-20012) impulsó la expropiación de esos terrenos, pero el Congreso tumbó el proyecto de ley en 2009.
Finalmente, esos nativos, pertenecientes al grupo étnico enxet, aceptaron otras tierras a 60 kilómetros de donde vivían antes.
El Estado las compró y las tituló a su nombre, pero los 350 miembros de la comunidad aún no han podido asentarse allí porque los ganaderos que poseen las fincas colindantes se niegan a permitir que se haga un camino por su terreno que las una con la carretera principal, según Tierraviva.
Por ello, esas 70 familias continúan viviendo en precarias condiciones al borde de la carretera, a la espera de que el Estado cumpla plenamente la sentencia, que determina que debe existir acceso libre a la tierra de ese grupo indígena.
Otra comunidad del pueblo enxet, los Sawhoyamaxa, están pendientes de que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, decida si promulga o veta un proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Legislativo, que daría cumplimiento a otro de los dictámenes de la Corte, de 2006.
De salir adelante la propuesta legislativa, el Estado expropiará la mayor cantidad de tierras en favor de una comunidad indígena hasta la fecha, 14.404 hectáreas ubicadas a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción, en el poco poblado y árido Chaco.
El empresario ganadero alemán Heribert Roedel se apropió hace más de 20 años de esas tierras hostigando a la comunidad indígena hasta expulsarla, según denunciaron Tierraviva y Amnistía Internacional.
Los nativos vivieron durante dos décadas al borde de una carretera mientras su caso era dirimido en la justicia y ahora ocupan en protesta un pedazo de esos terrenos.
La tercera sentencia de la Corte IDH sin cumplir data de 2008 y afecta a la comunidad Xákmok Kásek, conformada por unas 350 personas, según las ONG.
La Corte ha dado a Paraguay hasta septiembre de este año para restituirles las tierras, o tendrá que empezar a pagar una multa de 10.000 dólares por mes en favor de la comunidad, según explicó el abogado de Tierraviva.
Insulza promete a indígenas interceder ante Cartes
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA prometió a líderes indígenas de nuestro país interceder ante el presidente, Horacio Cartes para promulgar la expropiación de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. El diplomático chileno recibió a una comitiva este domingo en la Conmebol.
Insulza también se comprometió a incluir en su agenda y en su discurso de la Asamblea los problemas indígenas de Paraguay y la región, según indicó Hipólito Acevei, representante de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos indígenas (FAPI).
«Salimos esperanzados» dijo Acevei al término de la reunión, ya que Insulza prometió dar seguimiento a la problemática indígena planteada en el documento.
A su vez, María Luisa Duarte, del Consejo Continental de la Nación Guaraní, refirió que el diplomático reconoció la desigualdad que existe en los pueblos indígenas en Latinoamérica y que en este sentido Paraguay no es ajeno a la problemática. «Nos alienta que sepan la realidad», expresó.
La diputada Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos acompañó la comitiva y dijo que junto con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), montaron la estructura para realizar las reuniones donde se presentó el documento hecho netamente por los indígenas.
Refirió que la intención es que la OEA mande recomendaciones a Paraguay sobre la problemática indígena, a raíz de la falta de tierras, servicio de salud y educación en sus comunidades.
El presidente del INDI, Jorge Servín también celebró el encuentro y admitió que la institución tiene límites de presupuesto para cumplir con los reclamos de los nativos. Indicó que es una responsabilidad de todas las instituciones públicas y no sólo del INDI.
El documento presentado por los nativos alerta sobre la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas a pesar de los reconocimientos existentes en la Constitución Nacional.
Además, denuncian los despojos de dominios, posesión y legalización de los territorios tradicionales y la discriminación que sufren. El mismo documento ya fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Acompañaron a la delegación de nativos, la diputada Olga Ferreira de López, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y el presidente del INDI, Jorge Anibal Servín.
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