Paraguay: a dos años del golpe a Lugo, Franco dice que Masacre de Curuguaty fue preparada
Federico Franco: «La pregunta ¿qué pasó en Curuguaty? me provoca úlcera»
Este domingo se cumple el segundo aniversario del cese de Lugo por parte del Congreso paraguayo, que llevó a Franco a la presidencia y provocó el aislamiento de Paraguay por los países de la región, que lo vieron como una ruptura del orden democrático.
El detonante de ese acontecimiento, la muerte de seis policías y once campesinos en Curuguaty, aun está envuelto en interrogantes.
«Esa pregunta ‘¿qué pasó en Curuguaty?’ a mí realmente me provoca úlcera porque hay una intención perversa de confundir a la ciudadanía», dijo Franco en una entrevista con Efe en la sede de su futura fundación.
Esa cuestión se ha convertido en el lema de los campesinos, defensores de los derechos humanos y grupos de izquierda, que exigen que se esclarezca qué ocurrió aquel 15 de junio de 2012.
Franco era entonces vicepresidente, producto de una alianza entre su agrupación, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y el Frente Guasú, del exobispo Lugo.
«Hubo una inacción, una incapacidad tremenda de parte de las autoridades del momento, primero por no reclamar el terreno como suyo», dijo. Franco no se incluye entre esas «autoridades», pues mantiene que estaba marginado «de todos los temas y decisiones» del Gobierno.
«Estas personas que permitieron la muerte de 17 van a llevar la sangre hasta el momento de su tumba porque son los responsables criminales de este hecho», declaró.
Franco recordó que los policías no tenían orden de desalojar a los campesinos, que habían ocupado el terreno para reclamar que formara parte de la reforma agraria, sino de realizar un cateo, para sustraer de manera pacífica las posibles armas que portaran.
«Si yo hubiera sido el presidente no hubiera permitido que se haga el cateo, hubiéramos reclamado el terreno», manifestó Franco, quien cuestionó «la posesión absolutamente ilegal de la familia Riquelme», vinculada con el Partido Colorado, en el poder.
Franco mantiene que el enfrentamiento «fue fraguado y preparado».
Por aquella matanza, trece campesinos enfrentarán cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también están acusados de intento de homicidio de los policías, en un juicio que comenzará el 26 de junio. No hay imputados por la muerte de los once labriegos.
La defensa denuncia que el proceso ha estado plagado de irregularidades, por lo que pide la suspensión del juicio, mientras que la fiscalía niega esas alegaciones.
Aquel sangriento episodio le costó la presidencia a Lugo, a un año de concluir su mandato, después de que en el Legislativo los liberales de Franco sumaran sus votos a los colorados, que ya habían intentado llevar antes a Lugo a un juicio político.
Franco dijo que «no tenía ningún conocimiento» de que se fuera a producir el juicio y explicó que en ese momento trabajaba para su candidatura para senador.
«¿Cómo una persona va aceptar ser presidente sabiendo que en ese periodo tenía que compartir con el candidato de su partido y compartir 4 meses con el presidente electo? Yo era consciente que me quedaban 6 u 8 meses de gobierno, yo no busqué ese cargo», dijo.
Aun así, Franco aseveró que si lo hubiera rechazado habría quedado «como un cobarde» que incumplía su juramento como vicepresidente.
El exmandatario lamentó su alianza con Lugo y haberle visto «como un obispo de la Iglesia». «Pensé que iba a hacer absolutamente todo lo que el sentido común decía, pero me pegué muchas decepciones muy pronto», admitió.
Franco objetó a su relación cercana con el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, y «su decisión personal de no perseguir al EPP», en referencia al Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo guerrillero al que se atribuye una treintena muertes, entre otras diferencias, según dijo.
«¿Si yo intenté llegar a la Presidencia de la República? No, en ningún caso».
El golpe a Lugo
Aquel viernes, tardecita noche, terminaba una semana de alta tensión e incertidumbre en nuestro país. Una tensión que casi se igualó a aquellos días de marzo de 1993 luego de la muerte de Luis María Argaña, ocurrida el 23.
Es que a la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, siguieron días de gran conmoción y reposicionamiento en torno de la destitución de Fernando Lugo. En los primeros días, la masacre fue presentada por la televisión y los grandes medios como obra de “malvados campesinos” que emboscaron a “indefensos policías”. No habría tiempo para dilucidar nada porque desde el mismo día de la masacre toda la clase política tradicional, en coincidencia con casi todos los grupos de poder económico de nuestro país, actuarían articuladamente en una campaña por la destitución de Fernando Lugo.
El Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, el oviedismo y Patria Querida no darían ni siquiera la posibilidad de contar los votos. “La sentencia estaba predeterminada”, había denunciado el defensor de Lugo, el actual senador Adolfo Ferreiro. Efectivamente, la copia de la sentencia ya estaba circulando antes de la sesión principal.
Desde Uruguay, el presidente José Mújica, en su programa radial del 5 de julio, comentaba: “sobran las versiones por todas partes que ese sector instigador del coloradismo paraguayo está muy ligado al fenómeno del narcotráfico y a muchísimos episodios dolores de la historia reciente del Paraguay”.
El diputado Oscar Tuma encabezaría el libelo acusatorio en la Cámara de Diuptados. Oscar Tuma había pedido, a principios de ese año, al entonces presidente de la Comisión Permanente del Senado, Efraín Alegre, que exija a las autoridades del Ejecutivo dotar de efectivos policiales el desalojo de los campesinos que ocupaban Marina Cue. Efraín Alegre, efectivamente, había remitido la nota.
La vertiginosidad de la trama política para derrocar a Lugo ensombreció la tragedia y las primeras investigaciones periodísticas que señalaban que las tierras donde ocurriera la masacre no pertenecían a Blas N. Riquelme sino que al Estado paraguayo.
Aquel viernes 22, exactamente una semana después de la masacre, unas 15.000 personas se opusieron al juicio político exprés con un cerco policial de gran envergadura y con un cerco de algunos medios televisivos que infundían miedo a la gente y planteaban no salir a manifestarse por si ocurriera “otro marzo paraguayo”.
A su destitución, Fernando Lugo agradeció a la prensa y dijo que salía por las “puertas grandes del corazón”.
En tanto todo esto ocurría, los familiares de los campesinos asesinados recibían los cuerpos de su gente atados en un hule negro. El caso ahora está para juicio oral. Están imputados solamente los campesinos, presentados por el fiscal Jalil Rachid como invasores de propiedad que se organizaron para emboscar a los policías.
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Las medidas posteriores al golpe parlamentario
Entre las medidas más importantes tomadas tras el golpe parlamentario están la habilitación de la semilla transgénica de algodón, la emisión de los “bonos soberanos”, la ley de militarización, la ley de Alianza Pública Privado y el veto de Horacio Cartes al proyecto de impuesto a la exportación de la soja.
Apenas accedía Federico Franco a la presidencia de la República, vendría una serie de medidas que marcarían estos dos años de gobierno posteriores al golpe parlamentario. Ya durante Franco, se habilitaría la semilla transgénica de algodón, producida por Monsanto, y empezaría la “reprogramación presupuestaria” sobre la base de la emisión de los “bonos soberanos” (endeudamiento externo). En ese período también se concede a la petrolera norteamericana Dahava Petróleos la exploración y explotación de petróleo en el Chaco, región en la que se desarrolló guerra del chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935) impulsada, según varios historiadores, por la también petrolera norteamericana Standar Oil.
Ya durante el período de Horacio Cartes, el “pacto azulgrana” (Partido Colorado y Partido Liberal Radical Auténtico, más apéndices) recrearía la ley de Defensa Nacional otorgándole al Poder Ejecutivo la atribución de utilizar las fuerzas militares en conflictos internos cuando así lo requiera. A esta medida se sumaría la ley de Alianza Público Privado, una ley que habilita la concesión de obras públicas a empresas privadas y explotación de recursos naturales, en un marco a ser regulado por el Ejecutivo. Esta es una de las razones por las cuales algunas personas sostienen que en el Paraguay, además del retroceso grande en su gestión política, se produce un “un neoliberalismo tardío”.
Reagrupamiento
En este período recrudece el avance de los granos transgénicos, utilizándose para su fumigación (ilegal en la mayoría de los casos al no respetarse las leyes medio ambientales) a fiscales, jueces y policías. Este recrudecimiento también traería consigo una reacción enérgica de las bases campesinas principalmente de la Federación Nacional. En el sector urbano, el aumento del pasaje de colectivo en la zona metropolitana de Asunción a 2.400 (20 por ciento de aumento) dispararía también una escalada de protestas. Estas reacciones contra las medidas del “nuevo rumbo”, más la paralización de servicios sociales básicos (ausencia de remedios en los hospitales, retrasos en programas sociales como Tekopora, retrasos en los pagos a proveedores…) confluirían en la huelga general del 26 de marzo pasado.
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