Gobierno argentino envió u$s 1.000 millones a bonistas que entraron en canje y hoy se reúne con “buitres”
Argentina giró u$s 1.000 millones a bonistas y responsabilizó a Griesa por incumplir el pago
El Gobierno giró esa cifra a los bonistas que ingresaron a los canjes en 2005 y 2010, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda, con lo que buscó dejar en claro su «voluntad de pago».
Al mismo tiempo, responsabilizó al juez Thomas Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado el lunes 30 de junio, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.
La decisión oficial se conoció sobre el mediodía, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -a través de su cuenta en la red social Twitter- publicó el comunicado oficial en el que destacó la decisión bajo el título «Argentina paga».
Minutos después del encuentro con la prensa en la que Kicillof leyó el comunicado oficial, en Nueva York el juez Griesa dio a conocer su rechazo a la solicitud presentada por Argentina de suspender la medida que obliga a pagar a los fondos buitre para poder cumplir los compromisos con el resto de los acreedores de deuda, por lo que el dinero depositado podría ser embargado.
Griesa consideró que la solicitud «no es apropiada» y dijo que la orden de pagar a los fondos especulativos «no entra en vigor» a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados.
Griesa recordó que en el caso fue nombrado un mediador, el abogado neoyorquino Daniel Pollack, y que su tribunal «entiende que las negociaciones (entre Argentina y los fondos buitre) van a incluir el manejo de futuros pagos de los bonos reestructurados».
Por su parte, NML Capital, uno de los fondos buitre que litigaron contra el país, envió esta tarde una nota a Griesa en la que califican de «medida descarada» y «violatoria» de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, NML pidió una audiencia, y Griesa concedió la misma, y quedó pautada para mañana a las 11.30 hora argentina (10.30 en Nueva York).
Kicillof, durante el anuncio de la medida oficial, se limitó a la lectura del comunicado en el que se recalca la «decisión soberana de honrar sus deudas» por parte la República Argentina, sin pretender «colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas».
«La Argentina ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellow (BONY) en el Banco Central de la República Argentina», señala el comunicado.
A tal efecto, se aclara que «el pago realizado hoy a los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje, sumando los intereses en pesos, supera los mil millones de dólares».
El depósito se realizó hoy en virtud de que «mañana es feriado en la administración pública y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento».
De esta manera, la Argentina continúa con su «exitoso proceso de reestructuración voluntaria de deuda», respetando así los «derechos representados por una mayoría clara e indubitable, que no puede ser fulminados por el 1 por ciento de los bonistas».
En el documento, el gobierno advirtió además sobre la posibilidad de llevar adelante «eventuales acciones judiciales» ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, debido a que el fallo del juez Griesa «vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país (EEUU) como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma antojadiza y absurda el principio de `pari passu`».
A renglón seguido, sostiene que «esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional».
Esas presentaciones se sustentarían en articulados contemplados en los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículos 2ª inciso 1 y 4), el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4º) y se concretarían ante el Tribunal Internacional de La Haya «como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina»..
El G77 envía carta de apoyo a la Argentina a juez de EEUU
Rechazan el accionar de los fondos buitre, al tiempo que explicitaron su «solidaridad unánime» ante la situación judicial que se le presenta al país a causa de una sentencia que fue calificada de «injusta».
Este pronunciamiento se convertirá en una nota que será enviada al juez Thomas Griesa y al gobierno de Estados Unidos, en la que advertirán el impacto sistémico que puede tener la aplicación de este fallo.
Así lo hicieron hoy los representantes de esos países en Naciones Unidas, luego de la disertación del ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre la reestructuración soberana de deuda, las recientes decisiones judiciales y las acciones que lleva adelante la República Argentina.
Durante la sesión, presidida por el boliviano Sacha Llorenti Solís, distintas voces coincidieron en el apoyo en la posibilidad de «negociaciones, justas y equilibradas a ambas partes», según resumió el canciller Héctor Timerman al finalizar el encuentro celebrado en la sede de Naciones Unidas.
En ese marco, se acordó elevar una nota al juez y al gobierno norteamericano, ya que «lo que está en juego no tiene que ver con la República Argentina, sino que tiene implicancias globales y sistémicas», agregó Timerman.
Brasil, el principal socio comercial argentino, expresó que el fallo del juez Thomas Griesa es «irracional y ezquizofrénico».
A su turno, Pakistán, que expresó su «solidaridad», consideró que «no se puede forzar a un país a forzar a pagar todo, e instantáneamente».
En tanto el representante de Cuba transmitió su «solidaridad y pleno apoyo ante una justo reclamo» de la Argentina, ante «esta situación de chantaje y extorsión, no sólo contra la Argentina, sino contra todos los pueblos».
Asimismo, Nicaragua consideró que se trata de «una situación de pillaje internacional», y que están poniendo a la Argentina «contra la pared».
El país centroamericano dijo que «rechaza y condena la decisión judicial que coloca a la Argentina en una situación extremadamente difícil», y elevó el pedido a «los 134 países miembros, de tener una acción urgente» al respecto, y de «dar mandato de estar en consulta permanente de aquí al 30 de junio», fecha en que vence el plazo del pago a bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010, sostuvo el diplomático nicaragüense al hacer uso de la palabra.
Chile, por su parte, consideró que «esta situación está en desequilibrio a favor de los acreedores», y resaltó que «todos fuimos testigos importantes esfuerzos para reestructurar su deuda, en un ambiente internacional adverso, y habiendo alcanzado una mayoría del 93% de los acreedores».
Ecuador, en tanto, expresó «la urgencia que tiene Argentina» y destacó su solidaridad, los mismo que Sudan y Jamaica, entre otros países.
Guatemala, en tanto, expresó deseo que se encuentre «una salida jurídica, a un criterio adoptado por un juez solitario».
El gobierno de Uruguay alertó que «esta clase de problemas puede recaer en otro país en situación equiparable con Argentina, y expresó su «rechazo a la actitud de estos fondos cuyo accionar obstaculiza una solución entre deudores y acreedores y pone en riesgo estabilidad financiera de los países».
Perú indicó que «es solidario, no sólo por principio, sino porque lo hemos vivido y conocemos a fondo estos grupos que en el pasado hicieron peligrar a Perú», remarcando también el «gran sacrificio de la Argentina en llegar solución, y encima fondos adicionales de grupos minoritarios, lo quieren boicotear», se hace una carga insostenible».
Carta completa: http://www.telam.com.ar/advf/documentos/ 2014/06/53acc17506db3.pdf
Cuba respalda a la República Argentina
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ha conocido la denuncia realizada por la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de una Corte de Apelaciones en ese país, contrarios no sólo a los intereses de la hermana nación suramericana, sino también al 92 por ciento de los acreedores, que accedieron a reestructurar la deuda.
Argentina ha sido puesta hoy al borde de una inédita crisis de deuda soberana, superior incluso a la de 2001, que dejó a la mitad de los argentinos en la pobreza y a una cuarta parte desempleados, como han denunciado el Gobierno y el Congreso Nacional.
No es la primera vez que Cortes de países industrializados fallan a favor de los tenedores de “fondos buitres”. Este fenómeno fue descrito y denunciado en 1986 por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, durante su batalla contra la deuda externa del Tercer Mundo. Premios Nobel de economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, economistas como Anne Kruger, Thomas Palley y Nouriel Roubini; organismos internacionales y gobiernos de diferente signo han cuestionado la conducta especulativa y corrupta de los dueños de los fondos buitres y de jueces estadounidenses que colocan a los tribunales de Estados Unidos por encima del Derecho Internacional y de las leyes nacionales de los Estados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que estamos en presencia de una nueva forma de agresión contra las naciones del Sur, que se alimenta de las condiciones económicas generadas por el endeudamiento externo y las crisis del capitalismo. Veinte países han sido víctimas de este tipo de acciones, dirigidas básicamente contra gobiernos progresistas, que defienden su soberanía, como se reveló en la reciente Cumbre del Grupo de los 77 más China, celebrada en Bolivia.
Esta agresión contra Argentina se dirige también contra toda “Nuestra América”, especialmente contra los procesos de integración latinoamericana y caribeña. Al defender a Argentina, defendemos el derecho de las naciones del Sur al desarrollo sostenible y a un orden económico internacional justo.
La Habana, 26 de junio de 2014
http://www.granma.cu/cuba/2014-06-26/declaracion-del-minrex
CEPAL se refiere a las implicancias de los holdouts para el sistema financiero internacional
En la siguiente declaración, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, plantea la necesidad de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos de intereses suscitados por defaultssoberanos:
«A comienzos de 2013 la CEPAL organizó en Ciudad de México un seminario titulado «La crisis de la deuda 30 años después», a raíz del trigésimo aniversario de la moratoria de la deuda externa mexicana de agosto de 1982. Esa fecha marcó el inicio de lo que luego se conocería como la «década perdida» para el desarrollo latinoamericano, el período de mayor penuria socioeconómica que experimentara la región a lo largo de su historia.
Tres décadas más tarde, la crisis financiera global y sus efectos (2007-2009) y la crisis de la eurozona (2008-2012) han vuelto a poner de relieve varias de las profundas inconsistencias e inequidades que en ese entonces se ponían de manifiesto, tanto en relación con la organización del sistema monetario internacional como con el poder desmesurado que adquiría el mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción. Además, estas crisis han demostrado que para evitar costos económicos y sociales profundos y duraderos se requieren mecanismos de negociaciones y soluciones a nivel internacional que faciliten los pagos y permitan un manejo adecuado de la deuda en el tiempo.
El riesgo asociado a la ausencia de un mecanismo de este tipo es, precisamente, lo que vuelve a ponerse de relieve a partir de la reciente decisión de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos de rechazar el tratamiento de la contienda legal entre Argentina y una parte minoritaria de los denominados holdouts (también conocidos como «fondos buitres», debido a su estrategia de adquirir títulos de deuda soberana en cesación de pagos a precio vil para luego -proceso judicial mediante- exigir la totalidad de su cobro).
Dicha decisión no solo dificulta -o, quizás, imposibilite- que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional, en tanto constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana en el futuro. Pues si ante una negociación voluntaria como la llevada a cabo por Argentina, en la que más de 92% de los acreedores aceptó canjear los títulos de deuda en cesación de pagos (por nuevos bonos con una quita considerable), cualquier acreedor puede reclamar y cobrar la totalidad de la deuda ¿cuáles son los incentivos para ingresar a futuro en una reestructuración semejante?
Además la decisión puede incluso tener efectos negativos para quienes participaron en la renegociación. Por un lado, si Argentina se viera forzada a declarar la cesación de pagos ningún acreedor cobraría. Por otro lado, si Argentina optara por pagar debe hacerlo a todos los acreedores con independencia de si participaron o no en la reestructuración 2005-2010.
La introducción de cláusulas de acción colectiva (que obligan a la minoría no dispuesta a ingresar a un canje a aceptar los términos de la restructuración en función de la voluntad de la mayoría) es necesaria para darle al sistema una mayor estabilidad en el futuro, pero sus verdaderas implicancias jurídicas aún no se conocen con certeza y pueden estar sujetas a cuestiones de interpretación. La discutida interpretación de la cláusula pari passu que está en el origen de esta controversia no hace más que abonar este tipo de incertidumbre. Pero además se necesita diseñar un mecanismo de reestructuración de deuda que tenga en cuenta las condiciones de los deudores incluyendo la necesidad de que el pago del servicio de la deuda pueda depender, por lo menos en parte, de condiciones macroeconómicas contingentes de la cuales dependen la capacidad del servicio de la deuda.
Es en este sentido que emerge la necesidad de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos tal como vienen planteando los organismos internacionales, incluyendo la CEPAL. De la misma manera que las legislaciones nacionales contemplan mecanismos para evitar que una minoría acreedora obstruya la voluntad de una mayoría dispuesta a llegar a un acuerdo de reestructuración de pasivos derivada de una quiebra, los Estados deberían contar con un encuadre jurídico similar que viabilice los mismos mecanismos en el plano internacional. En 2003 el propio FMI propuso -como se sabe, sin éxito- la creación de un mecanismo de reestructuración de deudas soberanas. En aquel momento los países avanzados (o «centrales», como hubiera dicho Raúl Prebisch) consideraron que las negociaciones voluntarias a través del mercado serían más eficientes. En la misma línea, en septiembre de 2009 el llamado «Informe Stiglitz», que sintetiza las conclusiones de un panel de 20 expertos convocados por el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir la agenda de reformas necesarias en el sistema financiero internacional luego de la crisissubprime, proponía la conformación de un tribunal internacional para la resolución de este tipo de controversias (International Debt Restructuring Court).
Como producto del fallo judicial en cuestión, existe la posibilidad de que la deuda pública argentina denominada en moneda extranjera aumente significativamente, no solo porque las obligaciones emanadas de los holdouts litigantes (tenedores del 1% de los títulos de deuda entró en cesación de pagos en 2001) podrían rápidamente extenderse al resto de los holdouts (tenedores de cerca del 7%), sino porque el acatamiento de este fallo puede activar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Esa cláusula impide que Argentina mejore las ofertas realizadas en los canjes de 2005 y 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014 si no está dispuesta a equipar las nuevas condiciones de pago a la totalidad de los tenedores de deuda reestructurada (es decir, al 92% restante). Según las estimaciones más conservadoras, la activación de dicha cláusula podría aumentar en más de 100.000 millones de dólares estadounidenses la deuda pública externa de Argentina. A título comparativo, la deuda pública argentina denominada en moneda extranjera con acreedores privados y organismos internacionales de crédito asciende a 79.000 millones de dólares (datos oficiales de septiembre de 2013). De esta manera, una minoría (1% de los acreedores) echaría por tierra el proceso de reestructuración de deuda poscrisis de 2001 aceptado por la mayoría (92% de los acreedores).
Sin esa reestructuración, Argentina hubiera experimentado otra «década perdida» en los años 2000. Dificultosamente y a lo largo de casi 10 años, el país logró una aceptación mayoritaria de su propuesta. La extensión de plazos y la quita implícitas en el canje de deuda resultante hicieron posible que el país experimentara un ciclo importante de crecimiento, aprovechando las buenas condiciones del contexto internacional, y cumpliera al mismo tiempo con los compromisos emanados de dicha reestructuración. Así como los «salvatajes» de los bancos en una situación de crisis financiera se justifican por las implicancias sistémicas de un quiebre del sistema financiero sobre la economía, las reestructuraciones de los pasivos soberanos, cuando estos son a todas luces insostenibles, protegen el buen desempeño posterior de la economía y por lo tanto también la regularización de los pagos adeudados. Y con ello, naturalmente, el desempeño de los socios comerciales, lo que lo constituye en una cuestión de interés global.
Se trata entonces de un caso testigo para la comunidad internacional, como ya lo han hecho saber numerosos gobiernos y organismos internacionales, que pone de manifiesto un vacío legal que debería dar lugar a una reforma en la normativa internacional que permita proteger el bien común del afán de ganancias extraordinarias de las minorías.
