El debate de fondo tras la ley de aborto – Periódico La Tercera, Chile
EL GOBIERNO podrá reclamar, una vez más, que no hay ninguna sorpresa en sus planteamientos. Que la denominada “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, violación o inviabilidad del feto” formó parte, desde un comienzo, del programa presidencial y que, por lo mismo, su implementación se hace imperativa tras el respaldo de las urnas en diciembre pasado.
Pero no es correcto. No sólo porque el programa “no es la Biblia”, como han advertido las propias autoridades, ni se le puede atribuir tal carácter sobre la base de un apoyo electoral que tampoco supone carta blanca para pasar por encima de las opiniones divergentes, en especial cuando está en juego la vida de las personas y de quienes están por nacer. No es correcto, porque los proyectos que se anuncian concentran la mirada en situaciones complejas, del todo lamentables, pero extremadamente puntuales e infrecuentes, y terminan por desviar intencionalmente la atención de las consecuencias de fondo que generan este tipo de iniciativas, como es la desprotección de la vida y de la responsabilidad que le corresponde al Estado en orden a velar por los derechos fundamentales de las personas.
La legislación vigente considera el aborto como toda maniobra destinada a interrumpir el embarazo, impidiendo que llegue a su término natural, siendo lo esencial que se haya privado de vida al que está por nacer. Las eventuales sanciones quedan restringidas a quien “maliciosamente” cause un aborto, lo cual exime al médico que haya procedido en una acción efectivamente terapéutica (es decir, sanadora) frente a situaciones críticas de riesgo de vida para madre e hijo. De hecho, como el aborto supone la existencia de una denuncia de un tercero, práctica que se opone a las recomendaciones de las propias autoridades de Salud, el Ministerio Público no suma más de 170 causas ingresadas en 2012.
Decisiones clínicas como la señalada no guardan relación alguna con el equívoco concepto del “aborto terapéutico”, donde una persona o un conjunto de facultativos, como proponen algunos proyectos, no hacen más que anteponer el derecho a la vida de uno -en este caso, de la madre- por sobre el otro, el del ser que está por nacer. Experiencias similares en distintos países han dejado en evidencia, asimismo, que la causal de protección de la salud física de la madre es rápidamente extendida a la salud mental, lo que da lugar a un amplio y arbitrario campo de justificaciones para la práctica de acciones abortivas.
Como señaló en entrevista a este medio una experta en bioética y académica de la Universidad Diego Portales, “de las 40 a 50 muertes maternas que se registran al año, son muy pocas las que se podrían haber evitado si hubiese legislación sobre aborto terapéutico, porque si hay riesgo de vida, los médicos interrumpen el embarazo”. De hecho, todo indica que la escasa información precisa que existe sobre la realidad del aborto en Chile en sus distintas situaciones – explicable por la complejidad propia y generalmente dramática que esconde el problema- redunda en terreno fértil para quienes buscan introducir legislaciones pro aborto, independiente de la verdadera justificación de sus propuestas.
Lo mismo se puede plantear en caso de interrupción del embarazo por inviabilidad del feto, por cuanto -en caso de ser necesaria- obedecería a una acción, nuevamente infrecuente, determinada por la necesidad urgente de intervenir en favor de la salud física de la madre. Pero, otra vez, no son las estadísticas ni la contundencia de la práctica actual lo que sustenta el planteamiento de los sectores pro aborto, sino el ánimo de forzar una discusión sobre la base de situaciones extremas que no requieren de legislaciones especiales para su mejor solución. La intención de escalar en las disposiciones normativas sobre esta materia se confirma con los propios anuncios de las autoridades en orden a promover una futura ley de derechos sexuales y reproductivos.
Más allá de las reservas que puede despertar la Constitución vigente en sectores de la Nueva Mayoría, debe haber pocos capítulos de ella que reúnan más consenso en nuestra sociedad que la protección irrestricta del derecho a la vida, un aspecto que el programa de gobierno parece respaldar cuando propone una nueva Carta Fundamental que “reconozca el derecho a la vida y a la integridad física y moral de todas las personas, sin que puedan ser sometidas a torturas o tratos crueles”. Carecería de toda consistencia excluir al ser vivo que está por nacer de esta defensa, incluso en los dramáticos casos en que sea fruto de una violación.
Es imperativo que el gobierno implemente políticas coherentes con esta defensa de la vida que expone en su programa, y que al mismo tiempo respete y atienda los planteamientos de los sectores que se oponen a los proyectos sobre el aborto, que merecen un debate con altura de miras y no descalificaciones como las lamentables burlas de un funcionario a través de las redes sociales.
