Ecuador: comisión investigadora concluye que el “30-S” se intentó un golpe de Estado
La Comisión investigadora de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 concluyó que las supuestas protestas eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos, manifestó este martes Oscar Bonilla, quien formó parte del organismo.
«Los responsables son actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes fácticos internacionales que planificaron los hechos también fuera del país” sostuvo Bonilla en rueda de prensa en la que fue presentado el informe con 20 conclusiones.
La Comisión investigadora establecida en 2013 por el presidente Rafael Correa para apoyar las indagaciones de Fiscalía concluyó que los hechos fueron previamente organizados.
Además, que la mayoría de medios de comunicación social privados contribuyeron a construir escenarios de inconformidad en la ciudadanía y en las tropas armadas.
El presidente de la comisión, Carlos Baca dijo que las evidencia halladas dan cuenta de la “intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir los procesos de transformación estructural del Estado iniciado con el régimen” y que esta desestabilización no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en la región y específicamente en América Latina.
Además, que los saqueos a locales comerciales registrados en la ciudad porteña de Guayaquil fueron organizados por dirigentes vinculados a las invasiones de tierras.
Los comisionados se refirieron a los diferentes pronunciamientos de actores políticos a lo largo de día como del sentenciado exasambleísta Cléver Jiménez, de la legisladora Lourdes Tiban, del partido Pachakutik y al despliegue de manifestaciones del Movimiento Popular Democrático (MPD) a lo largo del territorio.
Dijo que los medios privados iniciaron días antes una campaña de desinformación respecto al alcance de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para generar malestar en sectores de la ciudadanía y la fuerza pública.
“Entre noticias, reportajes y otros se trataba de posicionar diversos temas que atentaban contra el sistema democrático, manipulando la información sesgándola para darla a conocer conforme a sus intereses o los que, presumimos, respondían”.
Acerca del pedido de amnistía que solicitaron en la tarde del 30 de septiembre varios políticos de oposición al gobierno, Baca subrayó que se buscaba dar un mensaje a los policías sublevados acerca de que un posible magnicidio al presidente Correa no sería sancionado.
El 30 de septiembre del 2010 ocurrió una sublevación policial por presuntos reclamos gremiales. El presidente Rafael Correa fue retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía y su liberación se logró gracias a la intervención del Ejército.
Según el Ministerio del Interior, más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista.
