Colombia: ambientalistas y campesinos resisten contra la gran minería

Los habitantes, campesinos, mineros artesanales y ambientalistas que viven en las distintas regiones del país donde se están realizando explotaciones mineras son quienes han intentado detener las actividades extractivas generalmente en cabeza de grandes multinacionales. Tienen un inventario de la realidad de la gran explotación minera en las distintas regiones el país.‘La gran minería envenena, eres tú quien la frena’ es el nombre de la campaña en la que mineros tradicionales, campesinos y ambientalistas trabajarán para detener las actividades de empresas extractoras de recursos subterráneos en sus regiones.

Esta iniciativa también pretende promover el debate público, local y nacional sobre los costos de la gran minería para plantear otras formas de desarrollo, compatibles y respetuosas con el territorio, el agua, la naturaleza, los animales y las comunidades.

El anuncio tuvo lugar la semana anterior durante el evento convocado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que reunió personas afectadas de todo el país, de quienes escuchamos algunas percepciones sobre el impacto de multinacionales mineras en departamentos como Caldas, Santander, Nariño y Cauca.

En Ríosucio y Supía la Anglogold Ashanti ha intentado adelantar actividades de explotación bajo diferentes nombres, reclamando áreas ya concedidas igual que la contratista La Esperanza.

Fabio de Jesús Moreno Herrera, miembro de la Asociación de Mineros Artesanales del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta plantea la posición de su comunidad frente a la polémica locomotora minera: “nosotros desde nuestro punto de vista de resistencia y defensa territorial, le decimos que no a esas empresas, y al Gobierno que no nos hable de consulta previa, porque el territorio es nuestro y en lo nuestro no negociamos nada”.

Asegura que en 2007 una prospección aérea sobre la región en busca de recursos subterráneos, los alertó para salirle al paso a las multinacionales empezando por agremiarse a partir de un principio ancestral: “nuestros mayores nos han inculcado que sin territorio no hay nada”.

Allí, declara, aunque haya oro no significa que éste deba ser extraído; ellos tienen zonas vedadas de explotación, pues se trata de lugares sagrados. Su legislación estableció además, que a menos de 40 metros de una carretera, centro poblado, escuela o puesto de salud no puede haber boca minas, y 150 metros para yacimientos de agua por pequeños que sean.

Como minero tradicional, Fabio señala que en un momento determinado el impacto en un área de extracción de oro se detiene con la intención de permitir que el ecosistema pueda regenerarse, mientras que, según él, “las empresas no se preocupan por minimizar daños ambientales”.

El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, conformado por un grupo de ciudadanos bumangueses preocupados por la intromisión de empresas multinacionales, cada vez más frecuente en el sistema montañoso donde nacen las fuentes hídricas para abastecer más de 2 millones de personas solo en el área metropolitana de Santander y Cúcuta, logró detener la exploración de oro a cielo abierto, persuadir a las autoridades ambientales para que creará el Parque Natural de Santurbán con una extensión de 11700 hectáreas, e incentivar la ampliación del área protegida probablemente hasta 44 mil hectáreas en la parte más alta. Sin embargo, otros puntos del Páramo quedarían susceptibles de ser impactados mediante socavones.

“El Páramo es una unidad biogeográfica. No pueden protegerlo arriba para dañarlo abajo; entonces la medida es igual o peor porque pueden excavar en el bosque andino. Están detrás del depósito de oro de 7 millones de onzas, se lo quieren llevar”, declara Luis Jesús Gamboa Barajas, miembro del Comité.

Con la propuesta de delimitación del Páramo de la ministra de Ambiente Helena Sarmiento, al menos 12 títulos de empresas quedaron dentro, de los cuales 8 son de Leija, dueña además de títulos a 3400 metros. Por otro lado, incluye 8 mil hectáreas del municipio de Vetas donde el 90% de sus habitantes son mineros tradicionales.

Vetas y California han sido poblaciones mineras desde antes del año 2002 cuando empezaron a llegar empresas como Greystar Resources, Eco Oro Minerals, OGX, Anglogold Ashanti, Leija, Casvista, a quienes se le atribuyen atropellos ambientales que aún no reciben atención del Estado.

Luis afirma que de no ser por la importancia que recobró la movilización social en defensa del Páramo de Santurbán, el proyecto de angostura de la Eco Oro (a 63 km de Bucaramanga) ya habría empezado actividades de exploración y explotación a cielo abierto con piscinas de lixiviación en la parte alta, usando 40 toneladas de cianuro y 200 de explosivos cada día”.

Mientras no fueron suspendidas actividades de este tipio, solamente la Eco Oro habría realizado cerca de 1000 perforaciones y abierto dos tuneles que permitían la filtración de 10 litros de agua por segundo.

Las comunidades mineras según Luis, vendieron sus títulos y pasaron de propietarios a empleados de las multinacionales, junto a campesinos que dejaron de lado la agricultura; así mismo, lagunas como Páez y La Pintada del complejo de 47 con que cuenta el Páramo, disminuyeron su volumen de agua durante el tiempo que las empresas cumplieron la fase exploratoria, y destruyeron el hábitat de aves y otros animales con los taladros de broca de 400 metros que perforaron la tierra.

En el municipio agricultor de San Lorenzo, existe la Red de familias lorenseñas ‘Las Gaviotas’, conformada tras la llegada de la firma Mazamorras Gold instalada en la vereda Pedregal en el 2012. Asesinatos, agresiones físicas, alteraciones en los ecosistemas, daños en viviendas, aumento de consumo de alcohol y tensión en la población, fueron razones suficientes para rechazar su presencia.

Según Albeiro Antonio Alvarado, agricultor y líder en fortalecimiento organizativo, el conflicto más alarmante era entre vecinos, por estar a favor o en contra de la Mazamorras, empresa que ofreció inicialmente vacantes en las minas con salarios engañosos.

La disputa pudo saldarse, pero antes hubo trabajadores muertos en circunstancias confusas para Albeiro y los demás campesinos; lo mismo que bastas zonas verdes quemadas por el agua mal oliente que habría brotado de una perforación de 1000 metros de profundidad, cercana a una vivienda que su dueño tuvo que vender a la firma.

Por todo esto, empezó a gestarse un proceso de resistencia social que tenía que ver con el análisis de los efectos del extractivismo en otras latitudes y la denuncia permanente de las acciones de la Mazamorras, del cual surgieron algunos líderes posteriormente amenazados, señalados e involucrados en procesos judiciales que a la fecha no han prosperado.

Pese a que la Mazamorras tuvo que rendirse cuando también en otras veredas como Vegas, Cristales y Salinas su proyecto exploratorio fue rechazado, los pobladores de San Lorenzo no están tranquilos porque aún hay 17 solicitudes mineras en su territorio.

El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) conoce de cerca el impacto de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en la región.

Para el año 2012 halló 248 concesiones para explotación en más de 337.000 hectáreas más 510 solicitudes en 1.127.000 hectáreas que comprometerían la mitad del territorio para la minería a gran escala, sin tener en cuenta los territorios acaparados por la minería ilegal, caracterizada por el uso de retroexcavadoras para la extracción de oro. El CIMA alerta sobre las 50 empresas que están detrás del zinc, oro, molibdeno, coltan y el petróleo del Cauca.

“No sirve mucho que el Gobierno anuncie que será más contundente en erradicar la minería ilegal y que reparará a familias de víctimas en tragedias como la de Santander de Quilichao, si después va a concesionar esas minas a multinacionales como la Anglogold”, dice Guido Rivera líder social y defensor de derechos humanos del CIMA.

Asegura que es común que poderosas empresas ofrezcan proyectos sociales, pintura y balones para escuelas rurales y dinero en lugares donde planean establecerse. “La petrolera Gran Tierra Energy, la Anglogold Ashanti, C2 Gold y Carboandes han logrado ser aceptadas en algunos municipios, porque durante las jornadas de consulta previa entregan hasta 30 millones de pesos a los consejos comunitarios. (…) En territorios de pequeños mineros, compran los títulos a la gente para expandir la concesión inicial”.

El CIMA y otras organizaciones sociales defienden la minería tradicional de pico, pala y batea porque coinciden en que no afecta las fuentes de agua dulce. Rechazan asimismo la extracción ilegal de oro, que por voraz, ha dejado en los ríos Esmita, Quilcace, Timbio, afluentes de la cuenca del Patía, destrozos de 100 y 200 metros de largo en ambos costados debido al uso de dinamita, cianuro y mercurio.

El riesgo que supone la labor de Guido en Cauca parece no ser tan importante como la lucha por la defensa del territorio, el medio ambiente y las comunidades, que ya le costó la vida a Belinda Gómez, colega suya, amenazada por grupos guerrilleros y paramilitares igual que otros líderes entre quienes se cuenta él.

En el espacio de lanzamiento de la campaña, fue expuesto el informe Impactos de la minería canadiense en América Latina que menciona efectos nocivos en Colombia por proyectos de empresas como Gran Colombia Gold, Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources), Solvista Gold y San Lucas Gold.

“Los derechos tradicionales de los mineros a la tierra no son legalmente reconocidos y el Gobierno, por medio de autoridades ambientales y mineras, ha comenzado una campaña de desalojo de quienes no cumplen los requisitos legales para realizar su actividad. En algunos casos, se utiliza la intervención de la fuerza pública para desalojar a los mineros artesanales y hacer valer los derechos de la empresa”, señala el documento presentado en abril pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina.

El tema adquiere relevancia toda vez que el reciente libro Minería en Colombia, institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, escrito por varios investigadores[1], confirma que en departamentos donde hay niveles altos de extracción minera, la pobreza alcanza hasta el 91% del total de su población.

Por otro lado, la Contraloría General advierte que la Policía no ha sido eficiente en la estrategia de lucha contra la minería ilegal, responsable de daños irreversibles en la cuenca del río Dagua en Zaragoza (Valle del Cauca); la cuenca del río San Juan, en el Alto Baudó (Chocó); El Bagre, Taraza y Jardín (Antioquia); Santander de Quilichao, Caloto y Timbiquí (Cauca); Tumaco (Nariño); Ataco (Tolima), entre otras.

[1] Entre ellos está Luis Jorge Garay, Guillermo Rudas, Jorge Espitia y 8 personas más, expertas en economía, derecho, química, geología e ingenierías.

http://www.las2orillas.co/la-resistencia-de-ambientalistas-y-campesinos-contra-la-gran-mineria/