Ordenan investigar a Cristina Fernández por el acuerdo entre YPF y Chevron
La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra la presidenta Cristina Fernández y ordenó que siga siendo investigada por el acuerdo YPF-Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta, tras la firma del decreto que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas.
Fuentes judiciales informaron ayer que la Sala II de la Cámara, por mayoría, anuló un dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia que los diputados Alejandro Bodart y Enrique Viale, del partido Nueva Izquierda, presentaron el año pasado contra la jefa del Estado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
El fiscal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia, pero la jueza María Servini de Cubría anuló ese dictamen para que la causa se inicie, lo que ahora fue ordenado por la Cámara.
El expediente gira en torno del decreto 929/2013, que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
«Es de destacar que el mencionado decreto, simultáneo con la firma de un acuerdo entre la empresa YPF y la empresa multinacional Chevron (ex Standard Oil), ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta», sostiene la denuncia que dio lugar a la causa Nº6.842.
El fiscal Taiano la desestimó en origen por considerar que no había «irregularidad o inobservancia legal», lo que hacía «descartar la tipicidad de las conductas denunciadas», pero Servini de Cubría modificó esa postura, en una medida avalada ahora por la Cámara.
«El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa», consideraron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.
Agregaron que lo dicho por el fiscal para rechazar la denuncia «sólo pone de manifiesto que, en rigor, existe —al menos— una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado».
Así, para los magistrados el dictamen fiscal «carece de validez argumental suficiente» y «no cumple con las exigencias de fundamentación que el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación establece a su respecto».
Ese artículo dice que «los representantes del Ministerio Fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos».
Autonomía. Por su parte, el camarista Eduardo Farah entendió que el dictamen de Taiano debía mantenerse porque el Ministerio Público Fiscal tiene «autonomía» en su rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales.
El acuerdo definitivo entre YPF y Chevron se firmó en julio del año pasado luego de más de diez meses de negociaciones e incluye la perforación de más de cien pozo en el primer año y una inversión en torno a los U$S 1.500 millones.
El acuerdo implica un desembolso inicial de U$S 1.240 millones para la primera fase. La última palabra la tuvo la Legislatura de Neuquén, que aprobó el contrato el 28 de agosto de 2013 en una sesión polémica. Pero lo más grave sucedió afuera, donde la policía reprimió una protesta en contra del acuerdo.
