ONGs españolas piden al Gobierno dominicano solucionar situación de desnacionalizados
Varias organizaciones de la sociedad civil española pidieron hoy al gobierno de la República Dominicana una solución al problema de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 dictada en septiembre de 2013.
En un comunicado, las ONG’s españolas Coordinadora de Comités Óscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA- Cristianos con el Sur denunciaron que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana es contraria a la Convención de los Derechos Humanos y a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La 168-13 es una sentencia dictada en septiembre de 2013 por la que se niega a los hijos de extranjeros indocumentados la nacionalidad dominicana.
Antes de la aplicación de esta sentencia, entre 1929 y 2010, año en la que entró en vigor una nueva Constitución, los nacidos en la República Dominicana cuyos padres fueran extranjeros adquirían la nacionalidad por el hecho de nacer en el territorio de este país, pero con la 168-13 hasta 250.000 personas de ascendencia haitiana quedaron sin nacionalidad, según las mencionadas organizaciones.
En su comunicado, las entidades señalan que «se debe dar solución cuanto antes a la situación de exclusión en la que viven estas personas, que no pueden acceder a los servicios sociales más básicos ni hacer ningún tipo de trámite administrativo».
Asimismo, «dan la bienvenida a las consultas iniciadas por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, con distintos sectores de la sociedad para discutir el contenido de un Proyecto de Ley encaminado a encontrar una solución al problema».
Insisten en que «el Proyecto de Ley que se presente al Congreso debería restituir y reconocer la nacionalidad de las personas afectadas» y piden al Gobierno que «respete el derecho de toda personas a una nacionalidad» y «adopte las garantías necesarias para que no sucedan casos de apatridia».
Desde que el Tribunal Constitucional dominicano dictó la 168-13 varios entidades internacionales, como UNICEF, ACNUR o la CIDH criticaron la norma por considerarla contraria a la Convención de Derechos Humanos.
