Marihuana y politiquería – Periódico El País, Uruguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La escalada de delirio, improvisación, y soberbia que aplica el gobierno en su proyecto de estatización de la marihuana, crece exponencialmente con cada nuevo anuncio.
La firma esta semana del decreto reglamentario de la ley al respecto, no solo deja enormes dudas en cuanto a su aplicación práctica, sino que agrava el talante policíaco de la ley, y establece privilegios tributarios indignantes.
Lo primero que cabe decir sobre la reglamentación firmada esta semana, es que es el sueño de todo burócrata. 104 artículos interminables, donde se pretende abarcar la complejidad de la vida real en una serie de disposiciones barrocas, absurdas, y que dejan en claro contradicciones notorias entre la intención proclamada y los resultados concretos.
Una de las primeras cosas que se dijo se buscaba con esta ley era reducir el consumo de drogas en general. Nada ni en la ley ni el la reglamentación lleva a eso por ningún lado. El costo del producto que supuestamente venderá el estado es ridículamente bajo, ya que se lo exonerará de impuestos que sí tienen otros consumos como el alcohol y el tabaco. Parece poco creíble que suministrar una droga a precio vil, sea una estrategia razonable para bajar su uso.
Se dijo que se iba a competir con el narcotráfico y tampoco eso parece nada claro. Primero, porque el gran narcotráfico hace tiempo que dejó la marihuana (basta preguntar por la calle o a la policía) para dedicarse a otras drogas que dejan márgenes de ganancia cientos de veces más altos. Segundo, porque la estructura pesada que estipula la ley para los cultivadores, hace poco atractivo que se sometan a la ley. Desde el riesgo de los registros, pasando por los controles burocráticos, hasta el precio tarifado. Mientras que en Estados Unidos, en el mercado legal, 1 gramo de marihuana cuesta unos 230 pesos (se ve fácil en internet), acá se pretende vender a 20 pesos. Además, de eso hay un 30% que queda para las farmacias, y otro tanto que se destina a pagar un canon. ¿Quién podrá cultivar rentablemente un producto no autóctono, complejo, cuando el margen es tan chico?
En poco tiempo veremos que para sostener este experimento, el Estado va a tener que subsidiar a los cultivadores, o estos sacarán ganancia destinando parte de su producción, al mercado negro.
Una tercera cosa que se dijo para justificar este proyecto, fue que se quería acabar con la persecución policial y terminar con la contradicción de un sistema que no penaliza el consumo, pero no da caminos para obtener el producto.
Sin embargo, la ley y su reglamentación hacen la situación de consumidores y cultivadores todavía más gravosa que antes. Se dice que en el trabajo y en el tránsito, e incluso en los hogares, se podrá hacer controles sorpresa y aleatorios en busca de marihuana, y que quien tenga su elemento activo en la sangre será susceptible de sanciones. Ahora, cualquiera que investigue sabe que mientras que los efectos del consumo de marihuana pasan a las pocas horas, sus vestigios en la sangre pueden permanecer por meses. ¿Cómo se va a saber cuándo se dio ese consumo?
El señor Julio Calzada, uno de los ideólogos de este disparate, fue claro al decir hace unos días que esta normativa «es más dura y menos permisiva con los compradores de cannabis» que la que rige en Estados Unidos. O sea que la misma no deja contentos ni a quienes se oponen al consumo y venta de drogas, ni a sus usuarios actuales, cuya situación legal y laboral queda mucho más precaria que antes. La gran pregunta es entonces ¿a quién beneficia? ¿Quién gana de hundir a un país con los problemas y las urgencias que tiene Uruguay en este debate bizantino, en este experimento caprichoso? La respuesta es bien sencilla.
Solo hay dos tipos de beneficiarios de este dislate; los burócratas que vienen lucrando desde hace años con dinero público y fondos extranjeros para gestar este mamarracho, y los políticos que esperan hacer carrera internacional con la fama de haber sido los impulsores de la primera legalización a escala nacional de una droga.
El gran perdedor ante todo esto, no tenga ninguna duda, es el ciudadano, que va a tener que financiar y hacerse cargo de las consecuencias de este experimento liviano, improvisado e impuesto a prepo, a una sociedad que en forma abrumadoramente mayoritaria, no lo entiende ni lo comparte.
