El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países de América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia

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El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En todos los países estudiados, el CEDD encuentra que los usuarios de drogas  de uso ilícito son perseguidos penalmente, incluso en los países en los que el consumo no está penado .

Este estudio también encuentra que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial. Esta discriminación también impide que los usuarios de drogas que lo necesitan busquen atención médica. Finalmente, esta forma de abordar del consumo –a través del sistema penal- termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios como son el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello, viola diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger.

Documento completo: http://www.drogasyderecho.org/assets/reporte-completo.pdf 

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