Comité contra la Tortura de la ONU emitió recomendaciones a Uruguay

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El Comité contra la Tortura de la ONU respondió al informe presentado por Uruguay sobre tortura, malos tratos y condiciones inhumanas. El documento critica la situación carcelariay manifiesta su preocupación por las denuncias sobre el Sirpa y por el proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad.
El Comité de Naciones Unidas cuestiona el plebiscito que pretende bajar la edad de imputabilidad a 16 años y enjuiciar a los «jóvenes en conflicto con la ley como adultos en casos de delitos graves, como forma de luchar contra la criminalidad».

Preocupan también «los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros del Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (SIRPA)», indica el documento, citado este sábado por el diario El Observador.

Sobre los detallados informes que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó respecto a las condiciones degradantes de encierro y situaciones de malos tratos registradas en especial en los centros SER y Burgues de Colonia Berro, el Comité se expidió al respecto: «si bien el Estado parte no ha facilitado datos sobre la tasa de ocupación en estos centros, según la información de que dispone el Comité los centros SER y Las Piedras, en Colonia Berro, registran situaciones de hacinamiento agravadas por el hecho de que los menores permanecen hasta 23 horas al día confinados en sus celdas sin acceso a actividades formativas o recreativas».

Y agrega: «El reforzamiento de las medidas adoptadas para evitar fugas en estos centros han restringido considerablemente las posibilidades de contacto con el exterior de los menores internados».

Ante esto, la ONU recomienda «velar por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas de internacionales», «aplicar la privación de libertad a menores infractores como último recurso y por el periodo más breve posible» y que las condiciones de detención en los centros de internado de menores «sean compatibles con la Convención».

El informe también remarca que no se facilitaron «datos precisos sobre el número de denuncias» penales «por maltrato u omisión de asistencia a personas privadas de libertad», en referencia a las «decenas de denuncias penales» referidas por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario; así como el extendido uso de prisión preventiva, situación calificada de

Entre las recomendaciones, el Comité sugiere: «Adoptar las medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad, se enjuicie debidamente a sus autores y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos; velar porque las investigaciones de las denuncias de torturas o malos tratos sean realizadas por un organismo independiente que cuente con los recursos necesarios; evaluar la eficacia de los sistemas de denuncia puestos a disposición de las personas privadas de libertad; proporcionar información detallada sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos durante el periodo examen».

http://www.uypress.net/uc_51509_1.html

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