CIDH ordena al Gobierno hondureño protección a 123 dirigentes campesinos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de cautelares o de protección a 123 dirigentes, entre hombres y mujeres, pertenecientes al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), al considerarse amenazados y perseguidos, porque sus vidas e integridad están en riesgo.
Esta determinación, se colige en un comunicado del MUCA entregado a la prensa, donde establece que este organismo, «el pasado 8 de mayo otorgó medidas cautelares a 123 líderes y lideresas de los movimientos campesinos que luchan por la tierra del Bajo Aguàn. Por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo».
Según el informe, en los últimos cuatro años el Bajo Aguàn ha sido escenario de las constantes violaciones a los derechos humanos en contra las familias campesinas que habitan en diferentes comunidades, que los empresarios Miguel Facusse gerente Ejecutivo de Corporaciones Dinant y Rene Morales gerentes de la Empresa Oleopalma han sido los principales actores en materia de violación de los Derechos humanos y el derecho Inherente a la vida en contra de campesinas y campesinos que luchamos por la tierra».
En octubre del 2013 las organizaciones campesinas representadas por Rights Action enviamos una solicitud de medidas cautelares a favor de 123 campesinos y campesinas ante la CIDH, para que requiriera a la Republica de Honduras la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas pertenecientes al Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguàn (MARCA) y el Movimiento Unificado Campesino del Aguàn (MUCA), quienes hemos sido objetos de una serie de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco del conflicto agrario en sector del Aguàn ubicada en el departamento de Colón.
La CIDH considero que la información presentada por las organizaciones campesinas y su representante Rights Action demuestra prima facie que los miembros de las organizaciones señaladas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia al Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la comisión requiere al Estado de Honduras que:
A). Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de las organizaciones campesinas MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA;
B). Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes;
C). Informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
Asimismo, se establece que el pasado 03 de marzo del 2014, la CIDH solicito información al Estado de Honduras sobre los hechos ocurridos en el Bajo Aguàn en el marco del conflicto Agrario, a la fecha el Estado no ha contestado a su solicitud, nunca respondió sobre resultados o acciones realizadas para evitar el derramamiento de sangre y las constantes violaciones a los Derechos Humanos realizadas por la guardia de seguridad de las empresas terratenientes y las fuerzas de seguridad del Estado en contra de líderes y lideresas campesinas del Aguàn.
Los beneficiarios de estas medidas otorgadas por la CIDH están, tres personas pertenecientes a MOCRA, cinco personas a MCRGC, 83 personas a MUCA y 32 personas a MARCA, todas líderes y lideresas de los movimientos campesinos. Sabemos el otorgamiento de estas medidas no garantiza de la vida de 123 campesinas y campesinos. Pero si evidenciamos la situación de vulnerabilidad en que se encuentran sus vidas.
Las organizaciones campesinas exigimos castigo a los actores materiales e intelectuales de los asesinatos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguàn, quienes gozan de total impunidad.
En el gobierno nacionalista del ex presidente Porfirio Lobo, a través del Instituto Nacional Agrario (INA) que administró el presidente del partido Unificación Democrática (UD) César Ham, se obligó a los empresarios de la zona a vender propiedades cultivadas de palma africana a los grupos campesinos que habían tomado por la fuerza o invadido los fincas.
Asimismo, por diferentes movilizaciones y disputa en la zona se han producido más de un centenar de muertes, de dirigentes campesinos, guardias de seguridad de las empresas, abogados y pobladores, cuyos casos se encuentran en la impunidad, aunque el Gobierno el año pasado y principios de este han iniciado procesos de judicialización de muchos de los crimenes, donde se encuentra un contingente militar supuestamente para mantener el orden y evitar la violencia y las invasiones de cultivos o propiedades privadas por parte de los grupos campesinos.
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