Chile: crecen las controversias por proyecto de administración estatal de pensiones
El proyecto de ley que crea una AFP administrada por el Estado es uno de los principales compromisos para los primeros 100 días del Gobierno de Michelle Bachelet. La iniciativa que ha generado diferencias de opinión entre los distintos sectores políticos de nuestro país, podría tener una primera propuesta en tres meses.
Se trataría de una AFP administrada por el Estado, cuya posibilidad está siendo estudiada por una Comisión de Expertos convocada por el mismo Gobierno. Su objetivo principal es “inyectarle confianza al mercado de las AFP, y permitir a la gente optar entre un sistema público y uno privado para llegar a grupos que no están cubiertos”, explicó la ministra del Trabajo, Javiera Blanco.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), dijo que el proyecto de Ley de AFP Estatal está en un proceso de observación, y aseguró que se tomarán en cuenta todas las opiniones que se han dado a conocer en los últimos años, más la experiencia internacional, para lograr un cambio a largo plazo.
Según el parlamentario, el nuevo proyecto permitirá que se den pensiones más justas y que “todos puedan beneficiarse con las utilidades que genera el sistema”.
“Esto que se ve con las modificaciones, los ajustes, los cambios que sean pertinentes para tener un sistema más integrativo, que entregue pensiones más altas con la misma seguridad y que puedan participar todos de las utilidades que produce hoy el sistema y no solo los dueños de las AFP. Me parecen válidas todas las opiniones, pero esperemos qué dicen los expertos y a partir de ahí trabajaremos en conjunto el proyecto de ley, pero cambiar el sistema de un día para otro después de cuarenta años no es viable”, indicó.
Contraria a esta opinión, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, también miembro de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, indicó que el proyecto de AFP Estatal no mejorará la situación actual de jubilación, y además advirtió que la iniciativa podría generar una distorsión importante en el sistema.
“De acuerdo a la evidencia empírica que existe en el mundo y en Chile yo no veo por dónde una AFP estatal le va a introducir mejor competencia, obviamente sin alterar las reglas del juego y el funcionamiento de un mercado que tiene que funcionar sin subsidios del Estado. En esta materia me parece que no va en la dirección correcta la creación de una AFP estatal, porque además puede introducir alguna distorsión importante en el funcionamiento del sistema. Yo claramente creo que puede salir muy caro una cuestión que al final no va a tener ningún impacto en el funcionamiento del sistema”, explicó Macaya.
En este marco, la presidenta de la Central Única de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, durante el acto conmemorativo de Día del Trabajador, manifestó su desacuerdo con la reforma, ya que según la líder sindical, el proyecto no reflejaría la necesaria transformación del sistema para garantizar pensiones dignas.
Opinión que fue compartida por el miembro del movimiento “Acusa AFP”, Ricardo Hormazábal. El ex senador, indicó que a pesar de que una AFP Estatal es la primera derrota al capitalismo, esto no solucionará el problema de desigualdad, ni cambiará el sistema.
Hormazábal afirmó que la solución está en la creación de un sistema de fondo donde no existan fines de lucro. Además, acusó a la coalición de crear una comisión partidaria de las AFP y de querer dilatar el proceso de cambio.
“La AFP estatal no es una solución en sí, es apenas un paso para alcanzar la solución. El Gobierno está postergando la decisión, aquí nos están dando una aspirina para enfrentar este cáncer para la estructura en Chile. La Presidenta ha dicho con razón que hay que eliminar la desigualdad tremenda que tenemos en el país, pero ocurre que la piedra angular de la desigualdad está en las AFP”, explicó.
Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, el proyecto de Ley estaría siendo estudiado por la comisión técnica por un tiempo aproximado de tres meses, luego de lo cual, debería entregarse una propuesta al Congreso, para finalmente discutirla con los actores sociales y la ciudadanía.
