La mala educación – Periódico El Mostrador, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La crisis instalada en la educación superior de Chile está en un punto límite de urgencia, con requerimientos de mayor mesura, reflexión y realismo por parte de los actores del proceso. La exasperación con que ellos se conducen en defensa de prerrogativas que son parte estructural de la crisis enlentece las soluciones y aumenta de manera dramática la incertidumbre de cientos de miles de estudiantes, quienes no saben si las instituciones a las que asisten existirán en un futuro cercano o si los títulos que obtendrán les servirán para algo.
En términos de seguridad real sobre sus carreras y títulos, los educandos están peor que hace un año. No hay un piso de garantía y seguridad –aunque sea de formalidad legal– de que lo que siguen pagando como estudio, efectivamente se transforme en algo habilitante para el mercado de trabajo. Menos aún de que alguien se haga cargo de responder por el producto que ellos han pagado en términos formales. Está fresca en la memoria de la población lo ocurrido con los estudiantes de la Universidad del Mar luego de la quiebra de la institución.
La masa de estudiantes que va a las universidades privadas percibe, además, que el debate se economiza y los temas del lucro y el financiamiento han terminado por absorber tanto el de la calidad como el del derecho a una educación digna, y les ha explotado ya sea en la deudas con los bancos y en la incertidumbre de no saber si están invirtiendo dinero en algo verdadero y útil.
Las investigaciones del Ministerio Público sobre la eventualidad de la comisión de delitos vinculados al lucro han derivado a fraudes tributarios. Con ello, parte del problema vuelve a la sede administrativa al Ministerio de Hacienda a través del SII y, eventualmente, pueden determinar que, si existe fraude tributario, el lucro es legal.
Todos estos hechos y otros llevan a la conclusión que la elite política debe ser austera en adjetivos calificativos y frases alusivas. La frase “diplomas de baquelita” del ministro Eyzaguirre no fue feliz, pues desliza un toque de frivolidad y una falta de empatía con las víctimas del lucro. Sobre todo aquellos que tropezaron con los problemas del Crédito con Aval del Estado.
Ello también tiene especial aplicación en el mundo parlamentario, pues las malas universidades y los vacíos de legalidad derivan en gran medida de su directa responsabilidad, con contadas excepciones personales.
Superar el problema no resulta fácil. Sin embargo, para hacerlo es necesaria una dosis de franqueza y realismo que pocos desean asumir. No habrá solución rápida, sino que se requiere de un sistema transitorio que genere un marco objetivo de relaciones y conductas de las universidades, públicas y privadas, que permita ganar el necesario espacio político para los acuerdos de la gran reforma, aceptando que el objetivo de lucro no está permitido.
Dos aspectos centrales de la administración son, uno, la existencia de una garantía legal de estudios para todos los estudiantes, otorgada por el Estado; y dos, junto a lo anterior, la existencia de una auditoría pública de los recursos, que permita transparentar lo que es la universitas y diferenciarla de lo que son los negocios.
Lo segundo, en materia de distribución de recursos es que, uno, se genere un sistema nacional de investigación al que se adscriban los docentes e investigadores, donde califiquen sus estudios y publicaciones y sean beneficiarios de recursos nacionales de investigación y de asignaciones estatales de excelencia; dos, que se cree un Sistema Nacional de Fomento a la Investigación e Innovación en la educación superior, que distribuya fondos para infraestructura y desarrollo de investigaciones.
Junto con ello, lo más importante es considerar que no hay posibilidad de solucionar el gran embrollo en que la ideología de un mercado sin regulación metió a la educación nacional, sin pensar y construir un modelo transitorio que permita el paso de un sistema salvaje como el actual a uno regulado, resguardando los derechos de los estudiantes.
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