Instan a la CIDH a otorgar cautelares a campesinos en huelga de hambre

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La organización de derechos humanos FIAN Internacional, con sede en Alemania, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conceda las medidas cautelares solicitadas para los campesinos presos por la masacre de Curuguaty, que llevan 55 días en huelga de hambre en reclamo de la prisión domiciliaria hasta que la Corte resuelva el litigio de la titularidad de las tierras.

La organización insta  al CIDH a “conceder las medidas para proteger la vida e integridad de los detenidos que llevan 55 días en huelga de hambre, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia paraguaya rechazó el día 9 de abril un pedido de detención domiciliaria que representaría la medida más adecuada y eficiente para prevenir un daño irreparable a la vida e integridad de los cinco detenidos en huelga de hambre”.

Asimismo, solicita a la comisión que inste al Estado paraguayo a que suspenda el juicio oral, programado para el 26 de junio, hasta que la justicia resuelva la controversia sobre la propiedad de las tierras que fueron escenario de la masacre del 15 de junio de 2012.

La organización también alerta a la CIDH sobre la necesidad de una rápida intervención, puesto que los labriegos están decididos a llevar la medida hasta las últimas consecuencias en caso de que no tengan garantías de enfrentar un juicio justo.

FIAN también señala que el caso Curuguaty es una muestra emblemática de la situación preocupante de criminalización, violencia y homicidios en contra de los defensores de derechos humanos en Paraguay, particularmente de los campesinos e indígenas, tal como lo había enfatizado  en su momento el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de marzo del 2013.

La defensa de los campesinos presentó el 31 de marzo pasado una solicitud de medidas cautelares a la CIDH en consideración de las “múltiples violaciones del derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial en un proceso de investigación arbitrario, donde se han manipulado, ocultado y fabricado pruebas”, había explicado el abogado defensor Vicente Morales.

Por ello piden  la suspensión del juicio oral hasta que se resuelva la titularidad de las tierras de Marina Cue, la prisión domiciliaria, el acceso a la justicia y la garantía del derecho a la vida de todos los involucrados en la causa.

http://ea.com.py/instan-a-la-cidh-a-otorgar-medidas-cautelares-a-campesinos-en-huelga-de-hambre/

 

“No habrá atención médica para presos de Curuguaty”

“Yo no tengo duda de lo que voy a hacer, no voy a avasallar los derechos de un ciudadano por más que un Juez me obligue. Yo me voy a  negar”, declaró el director del Centro de Emergencias Médicas (CEM) en comunicación con Radio Ñanduti.

Explicó que mientras una persona tenga conciencia es libre de elegir y nadie puede intervenir en su derecho a huelga. “Sólo si el paciente llega inconsciente voy a atenderlo, pero no porque el Juez lo ordene, sino porque tengo que cumplir con mi juramento de Hipócrates”, señaló el director del CEM, Aníbal Filártiga.

Los cinco presos del caso de la “Matanza de Curuguaty” están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Los hombres exigen su libertad a través de una huelga de hambre y se niegan a ser atendidos pese a imposiciones legales.

http://www.paraguay.com/nacionales/-no-habra-atencion-medica-para-presos-de-curuguaty-106181

 

Cuatro mujeres se encadenan por la libertad de los presos de Curuguaty

Raquel Villalba, pareja de Rubén Villalba; Mirta Benítez, hija de Felipe Benítez Balmori;  Elida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro y Carmen Paredes, madre de Arnaldo Quintana, resolvieron tomar dicha medida ante el rechazo del tribunal de Salto del Guaira a la medida de prisión domiciliaria solicitada.

55 días de huelga de hambre soportan Rubén Villalba, Néstor y Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez Balmori.

“Naikatuveima peicha roiko. Neikatui roheja ore gente omano”, sostiene Elida Benítez, madre de Néstor y Adalberto y de Adolfo, muerto aquel 15 de junio de 2012, en Marina Cue, durante el desalojo, con signos visibles de ejecución.

La medida la tomaron porque, al igual que sus familiares en huelga de hambre, ya no se sabe qué hacer con esta justicia “sorda, avasallante, inmisericorde”, manifiesta el pai Francisco de Paula Oliva, que, junto con varios sacerdotes, monjas y activistas de derechos humanos presencian el encadenamiento de las mujeres.

Si bien a todos los huelguistas ya se los ve muy disminuidos, los hermanos Néstor y Adalberto Castro presentan serios signos de mayor debilitamiento, comentó la activista de Articulación Curuguaty, Diana González, durante el encuentro que a la tarde diversas organizaciones, campesinas, estudiantiles, religiosas, sindicales y de partidos políticos mantuvieron en el local de la Central Nacional de Trabajadores.

http://ea.com.py/69350/

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