Guatemala: la FIDH denuncia hostigamiento a jueza y fiscal involucradas en la condena de Ríos Montt
La FIDH denuncia la suspensión por un año del ejercicio profesional de la Jueza Yassmin Barrios, quien en mayo de 2013, condenó junto con dos otros jueces al ex-dictador Efraín Rios-Montt a 80 años de prisión por genocidio.
Esta suspensión tuvo origen en la queja realizada por uno de los abogados defensores del sentenciado Rios-Montt, quien la acusó de faltas a la ética durante dicho proceso. El 4 de abril de 2014, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y de Notarios de Guatemala (CANG), decidió suspenderla del ejercicio profesional, por el término de un año, le impuso una multa y ordenó abrir investigación penal sobre los delitos en los que pudo haber incurrido. Yassmin Barrios fue quien lideró el Tribunal que condenó al ex-dictador por genocidio cometido contra el pueblo Ixil.
“Denunciamos el claro hostigamiento en contra de la Jueza Yassmin Barrios. El coraje demostrado por ella a lo largo del proceso y la condena histórica lograda contra el ex-dictador Rios-Montt son un ejemplo a seguir y no lo contrario. Es un grave antecedente para la justicia guatemalteca” declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Esta decisión se inscribe en un contexto de hostigamiento que lleva casi un año. En lo que va de la emisión de la sentencia por genocidio han sido numerosos los actos que gravemente atentan y ponen en riesgo la administración de la justicia en Guatemala. El 20 de mayo 2013, la anulación de parte del proceso y en consecuencia de la condena de Rios-Montt, confirmado en enero de 2014 por la Corte de Constitucionalidad.
En febrero de 2014, por medio de una acción de amparo interpuesta por un abogado independiente que responde a los intereses económicos y políticos del país, esta misma Corte ordena la reducción del mandato de la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, encargada además del caso de Rios-Montt, del inicio de una gran campaña de lucha contra la impunidad con resultados remarcables.
Las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad contra la Fiscal y ahora del CANG contra la Jueza del caso de Rios-Montt, revelan la preponderancia no de un sistema de administración de justicia, sino de un sistema de administración de impunidad en el que no se sanciona a los genocidas, sino a aquellos que pretenden que la justicia sea hecha.
Bajo ese contexto, la FIDH expresa su profunda preocupación por lo ocurrido y por los acontecimientos venideros. Ad portas de la escogencia del nuevo Fiscal General de Guatemala y a algunos meses de la elección de 13 magistrados de las altas cortes de este país, el panorama es desolador para las garantías de la independencia judicial y del estado de derecho.
En ese sentido, la FIDH hace un llamado a los diferentes donantes internacionales que apoyan múltiples proyectos sobre la justicia guatemalteca a que analicen con cautela esta situación y reclamen muestras de respeto por la independencia de la justicia y por el derecho internacional de los derechos humanos.
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