CIDH enjuicia a Panamá por supuestas violaciones a derechos indígenas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, realizó una audiencia acerca de una demanda de pueblos indígenas contra Panamá por supuestas violaciones a sus derechos antes y después de la construcción de una planta hidroeléctrica en 1976.
En la audiencia celebrada este miércoles los jueces escucharon testimonios de indígenas de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, así como los alegatos orales del Estado, de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El representante de las víctimas y miembro del Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá, Héctor Huertas, dijo a Efe que los indígenas «fueron víctimas de la construcción de un hidroeléctrica que inundó sus territorios» en 1976 y que no fueron indemnizados adecuadamente.
«Este caso puede ilustrar mucho a los Estados latinoamericanos a través de una sentencia que cree jurisprudencia con respecto a las construcciones hidroeléctricas que afecten poblaciones indígenas», afirmó Huertas.
Agregó que espera que la CorteIDH emita una sentencia contra Panamá que indique que las comunidades indígenas tienen derecho a recibir información previa, oportuna y directa antes de realizar un proyecto en sus tierras.
Además, que establezca que los indígenas tienen el derecho a participar en procesos indemnizatorios para que «no sean decisiones unilaterales del Estado» y que las tierras que se les entreguen a cambio «sean de la misma calidad y del mismo tamaño para que puedan retomar su vida nuevamente»
Según la demanda, el Estado panameño violó los derechos a la propiedad colectiva de una veintena de comunidades indígenas, incumplió con la obligación de titular, legalizar y proteger tierras, y de compensar justa y equitativamente a los pueblos desplazados, explicó Huertas.
«Lo ideal es que la Corte reivindique los derechos territoriales y humanos de las comunidades», expresó Huertas.
El cacique de la comarca de Madungandí, Benjamín García, dijo en su declaración ante los jueces que el Gobierno panameño no realizó una consulta a los pueblos en su lengua ni avisó sobre el proyecto hidroeléctrico antes de construirlo.
«Es muy doloroso. Se nos perdió algo sagrado porque la tierra es nuestra madre y nos da todo para subsistir todos los días. Perdimos nuestros recursos naturales y el valor espiritual de nuestros cementerios», expresó García en lenguaje del pueblo Kuna, con la ayuda de un traductor.
El líder indígena, de 69 años, afirmó que el Estado les dio tierras a cambio de las inundadas, pero que resultaron no ser igual de fértiles para los árboles frutales y las plantas medicinales de los pueblos indígenas.
Además, aseguró que con la inundación aparecieron enfermedades como el cólera, diarreas, vómitos, infecciones en la piel y otras transmitidas por los mosquitos, que antes nunca habían sufrido.
Agregó que el Estado incumplió acuerdos en temas como garantizarle a los pueblos la protección de sus tierras, indemnizaciones adecuadas, servicios de salud, educación y vivienda.
Por su parte, la representante del Estado, Rosario Granda, dijo a Efe que los Gobiernos panameños han cumplido con los acuerdos con los indígenas, y que confía en que los jueces de la CorteIDH «harán justicia» y absolverán al Estado.
«Definitivamente, hubo indemnización, se pagaron las indemnizaciones. Pero después de 40 años vienen a decir que no fueron satisfechas. En el expediente hay pruebas de que sí fueron satisfechas de forma oportuna» tras la firma de varios acuerdos, aseguró Granda.
La representante estatal explicó que Panamá puso en vigencia leyes para los derechos indígenas, que se les ha dado «protección a nivel constitucional» y que se han delimitado las reservas indígenas que, dijo, suponen el 51% del territorio panameño.
«El Estado tutela (de forma) efectiva sobre reservas indígenas. Nos sentimos complacidos porque hasta este momento sentimos que las cosas se están llevando a derecho», manifestó.
Tras la audiencia de hoy, las partes tendrán un mes para entregar sus alegatos finales escritos y a partir de allí los jueces analizarán la posibilidad de dictar una sentencia.
