Argentina: proponen crear una comisión bicameral para identificar consecuencias de la dictadura
La iniciativa fue presentada en un acto del que participaron también el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
Durante su exposición, Recalde dijo que “este proyecto nada tiene que ver con los linchamientos; sino que es una investigación para saber quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”.
“Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó el legislador.
Recordó también que “con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa torturó algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”.
El titular de la comisión de Legislación del Trabajo añadió que “a partir de estas desventajas laborales los empresarios tuvieron un importante rédito económico, a partir de la transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas”.
Por su parte, Domínguez dijo que el proyecto apunta a “conocer el rostro civil de la peor dictadura de nuestro país” y precisó que “fueron 604 las empresas apropiadas ilegalmente por el terrorismo de Estado”.
También señaló que “esta investigación va a poner luz sobre la parte más oscura de la historia argentina”, un tema que “lamentablemente no forma parte de la agenda mediática de los intereses corporativos”.
Verbitsky hizo un repaso de los avances conseguidos desde 1983 a la fecha, poniendo énfasis en “el punto de inflexión que se dio en el año 2003”; en tanto que Vanoli calificó al proyecto como “una iniciativa seria para que de una vez por todas se termine la impunidad sobre este tema”.
La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar «la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas».
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
Además de Recalde, firmaron el proyecto la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio; y los diputados y diputadas Teresa García; Adela Segarra; Pablo Kosiner; Carlos Kunkel, Verónica Magario; Horacio Pietragalla; Eduardo «Wado» de Pedro; Andrés Larroque; Juan Cabandié; Carlos Gdansky y Edgardo Depetri, todos del FPV, y Oscar Martínez, del Frente Renovador.
