Nicaragua: comunidades indígenas aseguran que el proyecto del Gran Canal atenta contra sus derechos
Por Elízabeth Romero
La falta de consulta y búsqueda de consentimiento previo por parte del gobierno del inconstitucional presidente, Daniel Ortega, a los pueblos del Caribe para la construcción de megaproyectos, en especial del Gran Canal cuya concesión fue otorgada sin licitación pública, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) invitó a comparecer junto a ellos a dirigentes indígenas y afrodescendientes, quienes expusieron en el 150 período de sesiones de la CIDH la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Nicaragua.
En representación del gobierno territorial Rama y Kriol, habló su presidente Santiago Thomas, quien refirió que “sin duda este megaproyecto trastornará la dinámica social, espiritual y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, afectando las actividades para el autoconsumo indispensables para la seguridad alimentaria de nuestros pueblos”.
EXPROPIACIÓN POR MEGAPROYECTOS
Thomas denunció que el 40% del territorio Rama y Kriol es afectado por los megaproyectos, lo que a su criterio representa una expropiación. Esto violenta sus derechos por el régimen legal que establece “la inalienabilidad de la tierra indígena”, sostuvo el líder indígena.
Refirió que otras comunidades afrodescendientes y misquitas quedarían aisladas unas de otras por lo que las posibilidades de subsistencia de estos pueblos se verían “drásticamente reducidas”.
El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, criticó que el representante del Estado, Luis Alvarado, invitó a los pueblos indígenas “a que disfruten de los beneficios del Gran Canal y pasando por encima de su propia voluntad porque no les consultaron”. «Nos parece una ironía”, dijo Ampié.
OTRAS DENUNCIAS
También fue expuesto que después de 11 años de estar vigente la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal, aún los pueblos indígenas no tienen seguridad jurídica, mientras siguen las invasiones de colonos.
El tema del buceo, los frecuentes accidentes y la falta de información y de alternativas laborales y económicas en la zona también fue expuesto ante la CIDH.
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