Insistimos en la necesidad de que el próximo Gobierno tenga legitimidad plena – La Prensa Gráfica, El Salvador

Pasados unos cuantos días después del evento electoral del pasado domingo 9 de marzo, es cada vez más claro que la forma en que se dieron dichos comicios y los números que arrojaron los resultados de los mismos han producido importantes giros en el desenvolvimiento político actual del país. Para empezar, esta segunda vuelta electoral fue muy distinta a lo que comúnmente se espera en las segundas rondas: hubo crecimiento significativo del número de votantes, se produjo un alza impresionante en la votación a favor de la fórmula de derecha, que quedó en segundo lugar en primera vuelta, y se puso de manifiesto una energía ciudadana muy diferente a la que se pudo percibir el 2 de febrero.La sorpresa y la expectativa generadas por tales hechos ponen las cosas en una nueva dimensión, sobre todo de cara a los comicios legislativos y municipales que se avecinan, cuya campaña formal iniciará el 1 de diciembre de este año, pero cuya campaña real arrancará sin duda inmediatamente después de que el convulso y enredado capítulo de la definición del ganador de las presidenciales quede concluido. También para la justicia electoral el momento es altamente desafiante. El Tribunal Supremo Electoral, pese a los elogios diplomáticos que pueda recibir, ha venido quedando en entredicho a lo largo de la campaña recién pasada, y eso de seguro intensificará la presión ciudadana para emprender reformas estructurales al respecto, que garanticen la independencia y la imparcialidad del referido Tribunal.

El escrutinio final ha concluido, y los números resultantes del mismo no varían de manera sustancial respecto de los que arrojó el escrutinio preliminar. Esto puede ser formalmente cierto, pero no despeja todas las dudas sobre el ejercicio concreto de la votación y el manejo de sus resultados. Hay recursos pendientes, que ha interpuesto el partido ARENA, y que tendrán que resolverse en muy corto tiempo; pero lo tendrá que hacer el mismo ente cuestionado, que es el TSE, lo cual hace prever que se reiterará lo que se ha venido produciendo. Es realmente deplorable que no haya habido la apertura inteligente para no usar la legalidad como argumento institucional defensivo por parte de las autoridades competentes y del partido presuntamente triunfador, desechando de antemano una práctica que no puede estar fuera de la ley como es la revisión de votos en los casos en que haya dudas fundamentadas, ya que esto último habría permitido despejar dudas y propiciar el compromiso de aceptar resultados por parte de los dos contendientes.

Así las cosas, lo que pareciera avizorarse es un tránsito tenso de una gestión gubernamental hacia otra, precisamente en un momento histórico que requiere distensiones y entendimientos. La pregunta que surge de eso es inmediata: ¿Cuánto más tendrá que padecer el proceso democrático para que los liderazgos institucionales y políticos reconozcan, sin excepciones, que dicho proceso tiene una lógica interna, que apunta hacia la estabilidad y el balance pluralista, y que no admite que prevalezcan las maniobras y los manejos oscuros?

El 1 de junio está ya a la vista, y la Administración que llegue a hacerse cargo de la conducción nacional tendrá que ser responsable y prudente, si no quiere perder pie al borde del despeñadero. No hay ningún salvoconducto ideológico que valga: o se hacen las cosas conforme a lo que la realidad pragmáticamente exige o no habrá gobernabilidad sostenible.