El camino correcto – Periódico El Tiempo, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La decisión tomada ayer por el presidente Juan Manuel Santos de no aplicar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado al hasta ayer alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituirlo y encargar provisionalmente de dicho cargo al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, disipa en parte la muy nociva incertidumbre que desde hace unos meses gravita en torno al presente y el futuro de la capital de la República.
La determinación del Primer Mandatario fue la correcta. Y lo fue, ante todo, porque una actuación de dicha Comisión, de carácter complementario y alternativo, como lo señaló en su alocución, solo era posible en caso de que el aparato judicial colombiano hubiera fallado. Y no fue así. Al contrario, al burgomaestre se le respetaron todos sus derechos. Este pudo acudir a un sinnúmero de recursos idóneos, que fueron debidamente tramitados.
A lo dicho deben sumarse dos elementos fundamentales. El primero apunta a que acatar lo dispuesto por la CIDH habría acarreado, tarde o temprano, un aluvión de demandas de quienes han sido destituidos de cargos de elección popular por la Procuraduría. Al tiempo, el control disciplinario –el mismo que merece una revisión exhaustiva por las vías institucionales, como ya se ha propuesto desde estos renglones– se habría visto seriamente debilitado. En pocas palabras: quedaba en la cuerda floja nada menos que la estabilidad jurídica de la nación.
El segundo está relacionado con el orden en el que se produjeron los acontecimientos que condujeron a este desenlace. En particular, el que las medidas se hayan concedido pocas horas después del pronunciamiento del Consejo de Estado. Al proceder de esta manera, la CIDH envió el mensaje de que su valoración sobre el funcionamiento del sistema judicial estaba supeditada a que prosperara tal o cual pretensión.
Es bueno, así mismo, una revisión de casos similares para notar que no se trata de un hecho inédito. Aquí encontramos que Colombia no es el primer país miembro de la OEA que toma este camino de cara a una petición del mismo talante. Ya ocurrió en el 2011, cuando el gobierno brasileño de Dilma Rousseff rechazó una disposición de esta índole que pretendía suspender la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en el Amazonas. Tampoco fueron aplicadas las medidas cautelares concedidas en el 2005 a Jorge Castañeda para permitir su inscripción provisional como candidato a la Presidencia de México.
Dicho lo anterior hay que afirmar con toda claridad que, más allá de las circunstancias que llevaron a este resultado, tres mandatarios en apenas cuatro años son demasiados para una urbe que luce extraviada, que exige hoy más que nunca un líder que genere consensos. Es hora de retomar el rumbo perdido, ese que señalaron alcaldes más eficientes que elocuentes, que construyeron sobre lo construido para así lograr que en el mundo se hablara del “milagro bogotano”, ese que hoy se ve cada vez más lejano y difuso.
Tomará, pues, mucho tiempo para que Bogotá se recupere tanto de este capítulo de polarización y deficiente gestión como del de saqueo de sus finanzas que lo antecedió. Ahora corresponde aprender de los errores, hacer una pausa y encontrar unos mínimos comunes entre las diferentes fuerzas políticas sobre los cuales trazar una hoja de ruta que permita superar este nefasto bache que ningún bogotano se merece.
