Jerarcas de este gobierno anunciaron que entre los planes legislativos para 2014 se encuentra la aprobación definitiva de la llamada Ley de Medios, que tuvo en diciembre sanción de la Cámara baja y espera el tratamiento en el Senado.

Si nos atenemos a la forma ya consagrada entre los parlamentarios frenteamplistas -es decir, la del brazo incondicionalmente levantado en bloque, para aprobar todo lo que tenga iniciativa izquierdista- habrá que deducir que la Ley de Medios ya es un hecho.

Cabe recordar que en la nueva versión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que así se llama), los propios gestores de la iniciativa le introdujeron cambios para evitar una posible denuncia de inconstitucionalidad, haciendo desaparecer la creación del Consejo Audiovisual (ya que crear nuevos cargos en el año electoral se contradice con la Constitución) trasladándole a la Ursec la competencia de controlar los contenidos de los medios audiovisuales. De detectar incumplimientos, de aplicar sanciones y de recomendar revocaciones de frecuencias o sanciones económicas. ¡Casi nada de poder, para una repartición de mandos medios! ¿Estarán sus jerarcas preparados para ejercer con equidad y sin presiones, tamaña responsabilidad? El tiempo lo dirá.

La Ley de Medios frenteamplista es una variante «a la uruguaya» de las que existen en Cuba, Ecuador y Venezuela, países con gobiernos de corte tiránico que requieren de un control férreo de la información para ejercer el poder con la dureza que su condición dictatorial les hace imprescindible.

Los ejemplos del uso abusivo que los referidos países hicieron y hacen de su Ley de Medios están al alcance de cualquiera, en la prensa democrática continental donde han sido hasta hace poco noticia casi diaria. Pero el hecho es que ahora, controlados los medios televisivos, la emprendieron con los periódicos opositores, intentándolos acallar.

Por ejemplo, en Ecuador, donde la ley tiene alcance sobre la prensa, el gobierno de Rafael Correa sancionó la semana pasada al diario El Universo y a su dibujante Xavier Bonilla por una viñeta en la que (a falta de fotos del suceso) mostraba cómo agentes del gobierno invadieron la casa del periodista Fernando Villavicendio y confiscaron sus ordenadores y documentos. Ello porque el periodista escribió algunas notas denunciando la corrupción gubernamental. La Superintendencia de la Información y la Comunicación (la equivalente a nuestra Ursec) ordenó a El Universo a pagar una multa equivalente al 2 por ciento de sus ingresos en los últimos tres meses, a la vez que mandó al dibujante a modificar el epígrafe del dibujo. Y todo alentado por un discurso televisado del mismo presidente Correa en el que, exhibiendo el dibujo, trató de «asesino de tinta» al autor.

Por supuesto que Venezuela tiene ejemplos de igual o peor calibre, donde las investigaciones, persecuciones y sanciones a los pocos medios opositores que van quedando, son cosa cotidiana. Toda la televisión ya está en manos oficialistas y los diarios opositores como «Diario 2001» son objeto de acosos y amenazas públicas hasta del propio Nicolás Maduro. Sus coberturas sobre la actual escasez de alimentos en Caracas merecieron que tres periodistas autores de las notas terminaran golpeados y detenidos; otro que escribió sobre la alarmante pérdida de reservas del Banco Central debió refugiarse en España porque recibió tantas amenazas que temió por su vida. Y hasta un corresponsal extranjero, del Miami Herald, fue detenido por denunciar que una de las razones de la escasez de alimentos básicos es que los mismos son contrabandeados a Colombia, donde se venden por 7 veces su precio oficial en Venezuela, afirmando que militares allegados al gobierno estaban involucrados en el caso. En lugar de investigar la veracidad de las denuncias periodísticas, el gobierno prefirió encarcelar al autor de la nota.

Es cierto que el Uruguay tiene una tradición de respeto hacia el periodismo de oposición que no tienen Ecuador, Venezuela o Cuba, pero también es verdad que de ninguna manera resulta aconsejable poner instrumentos de poder extraordinario en manos de personas que pueden ser permeables a ejercerlo indebidamente. El propio presidente Mujica había dicho con tino: «la mejor ley de prensa es aquella que no existe», pero ya se sabe que el mandatario tiene para todo dos versiones propias.