La hipocresía de Human Rights Watch – Por Keane Bhatt

Durante más de un decenio, el ascenso de la izquierda en los gobiernos latinoamericanos ha llevado a cabo logros notables en la reducción de la pobreza, de la integración regional y a una reafirmación de la soberanía y de la independencia. Los Estados Unidos se han mostrado hostil hacia los nuevos gobiernos de izquierda y, al mismo tiempo, ha seguido una política exterior bélica, en muchos casos abiertamente desdeñosa del derecho internacional.

Entonces, ¿por qué Human Rights Watch (HRW), a pesar de proclamarse a sí misma como “una de las principales organizaciones independientes del mundo” respecto a los derechos humanos, ha mantenido tan sistemáticamente posturas y políticas semejantes a las de los Estados Unidos? Esta compatibilidad con la agenda del gobierno de EE.UU. no se limita a Latinoamérica. En el verano de 2013, por ejemplo, cuando surgía amenazadoramente la posibilidad de un ataque unilateral con misiles de los EE.UU. a Siria (una evidente violación de la Carta de la O.N.U.), Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, especuló en cuanto a si sería suficiente un bombardeo meramente “simbólico”. “Si Obama decide atacar a Siria, ¿se conformará con el simbolismo o hará algo que ayudará a proteger a la población civil?”, preguntó por Twitter. John Tirman, director ejecutivo del Centro de estudios internacionales de la universidad Massachusetts Institute of Technology, con presteza denunció el “trino” como “probablemente la declaración más ignorante e irresponsable jamás dada por un importante defensor de los derechos humanos”.¹

La adaptación de HRW a la política de los EE.UU. se ha extendido también a las extradiciones secretas (la práctica ilícita de secuestrar y transportar a sospechosos de todas partes del mundo para que sean interrogados y a menudo torturados en países aliados). A principios de 2009, cuando se informó que la recién electa administración de Obama iba a dejar intacto este programa, Tom Malinowski, director de cabildeo de HRW en Washington en aquel entonces, sostuvo que “en determinadas circunstancias hay un papel legítimo” de las extradiciones secretas y recomendaba paciencia: “quieren diseñar un sistema que no traiga como consecuencia el envío de personas a calabozos extranjeros para torturarlas”, dijo; “sin embargo, el diseño de ese sistema va a tomar un tiempo”.²

No extendió HRW la misma consideración a Venezuela, el enemigo de facto de los Estados Unidos, cuando en 2012, José Miguel Vivanco, director de HRW Americas, y Peggy Hicks, directora de defensa mundial de derechos, escribieron una carta al presidente Hugo Chávez alegando que su país no cumplía con los requisitos para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la O.N.U. Sostenían que los miembros del Consejo deben mantener los más altos criterios para el fomento y protección de los derechos humanos, pero que, desgraciadamente, “Venezuela actualmente está muy por debajo de los estándares aceptables”.³ Teniendo en cuenta el silencio que guardó HRW respecto a la afiliación de los EE.UU. al mismo Consejo, uno se pregunta cuáles son exactamente los estándares aceptables de HRW.

Uno de los factores subyacentes de la conformidad general de HRW con la política de los Estados Unidos quedó en claro el 8 de julio de 2013, cuando Roth utilizó Twitter para felicitar a su colega Malinowski por su postulación al cargo de subsecretario de Estado para la democracia, los derechos humanos y el trabajo (DRL, por sus siglas en inglés). Malinowski estaba preparado para avanzar los derechos humanos en su calidad de funcionario de política exterior de alto nivel para una administración que convoca semanalmente reuniones conocidas con el nombre de “Martes del terrorismo”. En estas reuniones, Obama y los miembros de su cuerpo administrativo deliberan sobre la ejecución de asesinatos extrajudiciales alrededor del planeta mediante el uso de aviones telecomandados, aparentemente utilizando una “lista de asesinatos” secreta que ha incluido a varios ciudadanos estadounidenses, así como a una jovencita de 17 años de edad.⁴

El ingreso de Malinowski al gobierno fue, en realidad, un reingreso. Antes de HRW, se había desempeñado como redactor de discursos para la secretaria de Estado Madeline Albright y para el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. También se había desempeñado como asistente especial del presidente Bill Clinton, cargos todos que incluyó con orgullo en su biografía en HRW. Durante su vista de confirmación ante el Senado el 24 de septiembre, Malinowski prometió “profundizar el consenso bipartidista respecto a la defensa de la libertad que los Estados Unidos lleva a cabo en todo el mundo” y prometió a la Comisión de Relaciones Exteriores que sin importar adónde condujera el debate en los Estados Unidos sobre Siria, “el mero hecho de que ahora lo tenemos muestra lo excepcional que es nuestro país”.⁵

Ese mismo día, Obama se paró frente a la Asamblea General de la O.N.U. y declaró: “es posible que algunos no estén de acuerdo, pero yo creo que Estados Unidos es excepcional”. Suponiendo que por “excepcional” Obama quiso decir excepcionalmente benévolo, una de los que estuvieron en desacuerdo fue la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien había iniciado su intervención en el mismo estrado vilipendiando la “red mundial de espionaje electrónico” de Obama, la que ella consideraba como una “falta de respeto a la soberanía nacional” y como una “grave violación de los derechos humanos y civiles”. Rousseff contrastó el comportamiento desvergonzado de Washington con su caracterización del Brasil como un país que ha “vivido en paz con nuestros vecinos por más de 140 años”. El Brasil y sus vecinos, sostuvo, han sido “democráticos, pacíficos y respetuosos del derecho internacional”.⁶ El discurso de Rousseff materializó la amplia oposición de Latinoamérica al excepcionalismo de los EE.UU. y, por lo tanto, clarificó la relación mutuamente antagónica de la izquierda con HRW.

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La trayectoria de Malinowski es sólo un ejemplo de un panorama mayor. La cultura institucional de HRW está condicionada por los estrechos vínculos que mantienen sus dirigentes con varias ramas del gobierno de los EE.UU. En su biografía en HRW, Susan Manilow, vicepresidenta de la Junta Directiva de HRW, se describe a sí misma como “una vieja amiga de Bill Clinton” que ayudó a administrar las finanzas de su campaña. (HRW una vez firmó una carta a Clinton que abogaba por el enjuiciamiento del presidente yugoslavo Slobodan Milošević por crímenes de guerra; HRW no hizo el intento por responsabilizar a Clinton de los bombardeos de la OTAN que causaron la muerte de civiles, pese haber llegado a la conclusión de que habían constituido “violaciones del derecho internacional humanitario”.)⁷ Bruce Rabb, asimismo miembro de la Junta Directiva de Human Rights Watch, anuncia en su biografía que “se desempeñó como asistente del personal del presidente Richard Nixon” de 1969 a 1970: el período en que esa administración arrasó con bombas, secreta e ilegalmente, a Camboya y Laos.⁸

El Comité Asesor para la división de HRW Americas se ha jactado incluso de la presencia de Miguel Díaz, un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia. Según su biografía en la Secretaría de Estado, Díaz se desempeñó como analista de la CIA y también brindó “supervisión de las actividades de información secreta de los EE.UU. en Latinoamérica” para la Comisión especial permanente sobre información secreta de la Cámara de Representantes.⁹ A partir de 2012, Díaz se concentró, al igual que lo había hecho una vez para la CIA, en Centroamérica para el DRL de la Secretaría de Estado, el mismo organismo que ahora será supervisado por Malinowski.

Otros afiliados a HRW tienen similares antecedentes cuestionables: Myles Frechette, miembro actual del Comité Asesor de la División para las Américas, se desempeñó como representante comercial asistente de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe de 1990 a 1993 y, luego, como embajador de los EE.UU. en Colombia de 1994 a 1997. Posteriormente, Frechette se desempeñó como director ejecutivo de un grupo “sin fines de lucro” conocido con el nombre de North American-Peruvian Business Council [Consejo empresarial peruano-norteamericano] y defendió los intereses de sus financistas ante el Congreso. Su organización recibió financiación de corporaciones como Newmont Mining, Barrick Gold, Caterpillar, Continental Airlines, J.P. Morgan, ExxonMobil, Patton Boggs y Texaco.¹⁰

Michael Shifter, quien también es miembro en la actualidad del Comité Asesor de HRW Americas, dirigió el programa de Latinoamérica y el Caribe para la National Endowment for Democracy (NED), una entidad semigubernamental cuyo ex presidente interino, Allen Weinstein, dijo al diario The Washington Post en 1991 que “mucho de lo que hoy hacemos lo hacía la CIA en secreto hace 25 años”.¹¹ Shifter, en su calidad de actual presidente de un centro de políticas conocido con el nombre de Inter-American Dialogue, supervisa cuatro millones de dólares anuales en programación, financiado en parte mediante contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), de las embajadas del Canadá, Alemania, Guatemala, México y España, así como de empresas tales como Chevron, ExxonMobil, J.P. Morgan, Microsoft, Coca-Cola, Boeing y Western Union.

Desde luego, no todos los dirigentes de la organización han estado tan involucrados en actividades políticas sospechosas. Muchos miembros de la Junta Directiva de HRW son sencillamente banqueros inversionistas, como los son los copresidentes de la Junta Directiva Joel Motley, de Public Capital Advisors, LLC, y Hassan Elmasry, de Independent Franchise Partners, LLP. John Studzinski, vicepresidente de la Junta, es director de alta gerencia del grupo Blackstone, una firma de valores privados fundada por Peter G. Peterson, el multimillonario que con saña ha intentado destruir la Seguridad Social y el Medicare. Y aunque Julien J. Studley, el vicepresidente del Comité Asesor para las Américas, una vez perteneció a la Unidad de guerra psicológica del ejército de los EE.UU., hoy en día es sencillamente otro magnate de bienes raíces en Nueva York.

No hay duda que las actividades de HRW reflejen su carácter institucional. De hecho, un análisis de sus posturas respecto a Latinoamérica demuestra la avenencia general y previsible del grupo con los intereses de EE.UU. Tomemos en consideración, por ejemplo, la reacción de HRW ante el fallecimiento de Hugo Chávez. A pocas horas de su muerte el 5 de marzo de 2013, HRW publicó una visión de conjunto: “Venezuela. El legado autoritario de Chávez”, que generó una reacción tremenda por Internet. Conformándose a la terminología engañosa de su titular, HRW nunca mencionó las credenciales democráticas de Chávez: desde 1998, había resultado vencedor en 14 de las 15 elecciones o referendos, los cuales fueron considerados en su totalidad libres y justas por parte de observadores internacionales. La más reciente reelección de Chávez se jactaba de una tasa de participación del 81%; el ex presidente Jimmy Carter describió el proceso electoral como “el mejor del mundo”.¹² El artículo no mencionó ni un aspecto positivo del mandato de Chávez, bajo el cual la pobreza se redujo a la mitad y la mortalidad infantil a un tercio.

En contraposición, el pronunciamiento de HRW el 21 de agosto de 2012 en relación con la muerte del dirigente etíope Meles Zenawi fue decididamente más discreto: “Etiopía: la transición debería apoyar una reforma de los derechos humanos”, se leía en el titular. Leslie Lefkow, subdirectora de HRW en África, instó a la nueva dirección del país a “asegurar a los etíopes edificando sobre el legado positivo de Meles al tanto que se revoquen las políticas más perniciosas de su gobierno”. Con respecto a un dirigente cuya hegemonía de veinte años no tenía nada de la legitimidad democrática de Chávez (la misma HRW documentó las elecciones represivas e injustas de Etiopía, tanto en 2005 como en 2010), la organización sólo alegó que “Meles deja un legado mixto respecto a los derechos humanos”.¹³ Al tiempo que HRW omitía cualquier mención de las mejoras sociales de la era de Chávez, escribió: “Bajo la dirección [de Meles], el país experimentó un desarrollo económico y un progreso importantes, aunque desiguales”.

La explicación para esta discrepancia es evidente: como informó el New York Times en una nota necrológica, Meles fue “uno de los más cercanos aliados africanos del gobierno de los Estados Unidos”. Aunque “ampliamente considerado como uno de los gobiernos más represivos de África”, escribió el Times, Etiopía “continúa recibiendo anualmente más de 800 millones de dólares de ayuda financiera de los EE.UU. Funcionarios de los EE.UU. han dicho que los servicios militares y de seguridad etíopes están entre los socios preferidos de la Agencia Central de Inteligencia”.¹⁴

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HRW ha llevado su doble rasero a extremos caricaturescos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Durante una mesa redonda para otorgar el Premio Democracia de la NED en 2009, José Miguel Vivanco describió a Cuba (no a los Estados Unidos) como “uno de nuestros países del hemisferio que tal vez tenga en la actualidad el peor historial de derechos humanos en la región”. A manera de prueba, enumeró las “detenciones a largo y corto plazo” de Cuba “sin el debido procesamiento, y abuso físico [y] vigilancia”, como si éstas no fueran prácticas habituales de los EE.UU., incluso (irónicamente) en la Bahía de Guantánamo.¹⁵ Vivanco fue también citado a finales de 2013, afirmando durante una actividad del Inter-American Dialogue que “los retrocesos más graves en América Latina en materia de libertad de asociación y expresión se han producido en Ecuador”, no en Colombia, el país más peligroso del mundo para dirigentes sindicales, ni en Honduras, el país más mortífero de la región para periodistas (ambos, por cierto, aliados de EE.UU.).¹⁶

Los eruditos sobre Latinoamérica están dando la alarma: Greg Grandin, catedrático de historia de New York University, recientemente describió a HRW como un “adjunto de Washington” en la revista The Nation.¹⁷ Y cuando Vivanco declaró públicamente que “hicimos [nuestro] informe [de 2008] porque queríamos mostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie”, más de 100 profesores universitarios escribieron a los directores de HRW, lamentando la “gran pérdida para la sociedad civil cuando ya no podemos confiar en que una fuente como Human Rights Watch realice una investigación imparcial y saque conclusiones con base en hechos comprobables”.¹⁸

Los profundos vínculos que mantiene HRW con los sectores empresariales y gubernamentales de los EE.UU. deberían inhabilitar a la institución de cualquier presunción pública de independencia. Tal aseveración es efectivamente insostenible dado el estatus de la organización, con sede en los EE.UU., como una puerta giratoria para burócratas gubernamentales de alto nivel. Si se despojara a sí misma de la etiqueta “independiente” permitiría que las conclusiones y defensa de derechos de HRW fueran evaluadas más acertadamente y que sus predilecciones fueran más claramente reconocidas.

En Latinoamérica existe un reconocimiento generalizado de la capacidad de Washington para desviar cualquier intento externo por restringir su prerrogativa a utilizar violencia y a quebrantar el derecho internacional. Sólo en los últimos tres decenios se han visto invasiones militares de EE.UU. a las islas de Granada y Panamá, una campaña de terrorismo internacional contra Nicaragua, y apoyo a gobiernos golpistas en países como Venezuela, Haití, Honduras y Guatemala. Si HRW pretende mantener su credibilidad en la región, debe comenzar a distanciarse de las esferas élites de la toma de decisiones de los Estados Unidos y abandonar su internalización institucional del excepcionalismo estadounidense. Un primer paso importante sería introducir una prohibición clara a contratar empleados y asesores que hayan elaborado o ejecutado la política exterior de los EE.UU. Como mínimo, HRW puede instituir períodos prolongados de “enfriamiento” (digamos, de cinco años de duración) antes y después de que sus miembros se trasladen entre la organización y el gobierno.

Después de todo, Malinowski de HRW estará directamente subordinado al secretario de Estado John Kerry, quien dio a conocer la actitud de EE.UU. hacia Latinoamérica de la forma en que sólo podría hacerlo un administrador de una superpotencia. En una vista de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 17 de abril de 2013, un congresista le preguntó a Kerry si los Estados Unidos debería dar prioridad a “toda la región, en vez de concentrarse en un solo país, ya que al parecer los paises están tratando de trabajar hombro a hombro más que nunca antes lo habían hecho”. Kerry le tranquilizó, asegurándole de la visión global de la administración. “Mire”, dijo. “El hemisferio occidental es nuestro patio trasero. Es crucial para nosotros.”¹⁹