La Corte de Colombia, obligada a despejar incertidumbre jurídica sobre matrimonio igualitario

En su sentencia de 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara en el Congreso, creando la actual situación de incertidumbre jurídica. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

No se trata del único matrimonio celebrado y confirmado por la justicia colombiana. Adriana González y Marcela Rojas se casaron el 4 de octubre, y al igual que en el caso anterior vieron su matrimonio anulado y luego restaurado por el mismo Tribunal. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría General de la Nación. Dicha fundación está presidida por Javier Suárez, del que ha trascendido que sería en realidad un homosexual armarizado y que es en este momento candidato conservador al Senado de Colombia. Un tercer matrimonio es el formado por Elizabeth Castillo y Claudia Zea, que ya vieron su matrimonio confirmado en primera instancia y a las que el Tribunal Superior de Cundinamarca dio la razón frente al recurso interpuesto por la citada Fundación.

Dos casos ante la Corte

Decisiones judiciales contrarias a la estrategia de los homófobos pero que no han puesto final a la batalla jurídica, que a estas alturas parece que solo la Corte Constitucional puede dirimir. Por lo pronto, el alto tribunal ha aceptado discutir dos casos que parecen en sí mismos paradigmáticos. Uno es el de una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar bajo el argumento de que el Congreso no ha legislado esa materia y que la Corte Constitucional solo les otorgó competencia para establecer un vínculo contractual. La pareja ha recurrido argumenta que la negativa viola el derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, al impedirles el cambio de su estado civil de soltero a casado; el derecho a conformar una familia y protegerla, así como el derecho a la dignidad humana.

En el segundo caso, la acción de tutela se produce en sentido contrario: es la Procuraduría General de la Nación (al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario uno de los ejes de su acción) la que pide la nulidad del matrimonio celebrado entre Julio Albeyro Borbón y William Alberto Castro.

Una institución acosada

Conviene precisar que las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia reconociendo derechos a las parejas del mismo sexo (o fallando a favor del aborto en determinados casos) le han generado la hostilidad de los sectores conservadores. La Corte ya se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez. La mencionada Fundación Marido y Mujer, de hecho, denunció a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por “usurpación de funciones”.

Hasta ahora la Corte Constitucional la resistido los embates, pero habrá que ver qué sucede finalmente. En noviembre, por ejemplo, recogíamos la noticia de que el alto tribunal preparaba una sentencia a favor de la adopción homoparental, y han pasado ya más de tres meses sin que esta se haya materializado. Nos mantendremos expectantes.