Gobierno anuncia un plan para regularizar haitianos en Dominicana
El gobierno de Haití informó ayer que desplegará unidades móviles en República Dominicana para identificar a inmigrantes haitianos en situación irregular en este país, de modo que puedan regularizar su situación en territorio dominicano.
El director general de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) de Haití, Jean Baptiste Saint-Cyr, informó en una rueda de prensa que el plan incluirá a personal del estado civil haitiano, pero en ningún momento mencionó la participación de funcionarios dominicanos.
Saint-Cyr señaló en cambio que el programa se iniciará dentro de un mes y que, entre otros objetivos, permitirá tramitar solicitudes de documentos de identificación como certificados de nacimiento sobre la base de testimonios y material de archivo.
El anuncio del plan de identificación y regularización sucede a los acuerdos logrados en el diálogo que Haití y República Dominicana iniciaron este año en torno a temas de interés común, tras un año plagado de incidentes que puso en evidencia la fragilidad de las relaciones entre los dos países.
En el último encuentro realizado en Jimaní, Haití se comprometió a proporcionar pasaportes a sus ciudadanos que emigraron a República Dominicana y que no cuentan con dicho documento.
El acuerdo
Un acuerdo suscrito entre autoridades haitianas y dominicanas estableció que antes de la emisión de los documentos de identidad, Haití verificará cuidadosamente que la titularidad de los mismos le corresponde a los solicitantes en virtud de lo establecido en la Constitución y las leyes de nacionalidad en vigor.
“Las autoridades haitianas se asegurarán de que los documentos se entreguen a los verdaderos haitianos de acuerdo con la ley”, dijo ayer el titular de la Oficina Nacional de Identificación haitiana, citado por la prensa local.
Saint-Cyr agregó que el proceso será supervisado por la Cancillería, los ministerios de Justicia y de Interior y la ONI y el gobierno haitiano, y mencionó que el programa involucrará un presupuesto de 2.5 millones de dólares. Dijo que varios encuentros serán realizados para discutir el “despliegue y las implementaciones necesarias”.
En el acuerdo suscrito en Jimaní, las autoridades dominicanas se comprometieron a otorgar a los trabajadores extranjeros en territorio dominicano una de las categorías de estatus migratorio prevista por nuestra legislación, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.
Más garantías
La delegación dominicana también garantizó la expedición de una visa de entradas múltiples por doce meses y de forma gratuita a jóvenes haitianos que estudian en República Dominicana, “en virtud del espíritu de buena voluntad de este proceso de diálogo”, y el sometimiento al Congreso Nacional de una legislación especial para abordar las situaciones no resueltas por el Plan Nacional de Regularización dominicano.
El primer intento de diálogo fue roto en noviembre del año pasado cuando Santo Domingo acusó a Haití de desconocer una declaración suscrita por ambos países, seguida de la participación del presidente haitiano Michel Martelly en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que líderes de la región congelaron las negociaciones para admitir a República Dominicana en ese organismo.
Al mes siguiente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en Caracas la creación de una comisión de alto nivel para que República Dominicana y Haití retomen el diálogo que el mismo gobierno venezolano impulsó en noviembre para evitar una crisis mayor entre ambos países.
Haitianos y dominicanos se reunieron por primera vez el pasado 7 de enero en la localidad haitiana de Juana Méndez.
HAITÍ RECONOCIÓ EL DERECHO DE RD
El diálogo iniciado por República Dominicana y Haití gira en torno a la migración, el comercio, la seguridad fronteriza y la regularización de los mercados binacionales, según han confirmado ambos países, pero a la sombra de disputas de tipo comercial y de la sentencia que fijó las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana, que Haití rechaza porque considera que viola los derechos humanos.
Sin embargo, Haití reconoció el derecho soberano de República Dominicana para determinar su política migratoria, aunque solicitó garantías para salvaguardar los derechos básicos de las personas de origen haitiano.
Informe de la ONU revela que la campaña oficial sobre fallo del TC no convence a nadie
La nota emitida el pasado día 7 por la Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM) informando de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la República Dominicana, es un modelo de asepsia política y comunicacional.
Ni una sola de sus líneas hace público que, aun reconociendo algunos logros en derechos humanos, más de 20 países de muy distintas latitudes ven con preocupación la desnacionalización y la apatridia de decenas de miles de dominicanos, principalmente de origen haitiano, creadas por la sentencia del Tribunal Constitucional.
El recurso de la DICOM es antiguo: lo que no se nombra, no existe. O así fue hasta la aparición y universalización de la internet y su pródigo acceso a cualquier tipo de dato en un abrir y cerrar de ojos. El informe del grupo de trabajo sobre la República Dominicana en el marco del Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés), no es una excepción. Ha sido incluso publicado por medios que recabaron información en la fuente primaria.
Más que saludar “con recomendaciones” los avances en derechos humanos del país, como titula la nota oficial, el informe pone persistentemente el dedo en la llaga abierta por el fallo constitucional. Revela, además, que el rechazo de sus efectos perversos no es solo cuestión del Caricom y la trilogía “fusionista” integrada por los Estados Unidos, Canadá y Francia. España, un país gobernado por la derecha y receptor de inmigrantes dominicanos, fue precisa al respecto: “Evitar la aplicación retroactiva de las normas que podrían resultar de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, generando la apatridia de ciudadanos dominicanos”.
Enfocándose en estos dos aspectos y otros conexos, también formularon recomendaciones Noruega, Portugal, Suiza, Australia, México, Uruguay, Argentina, Italia, Brasil, Alemania y Chile, además de la demonizada trilogía y la quisquillosa Trinidad y Tobago.
Paraguay, México, Uruguay, Ecuador y Argentina instaron al país a ratificar la Convención para la Protección del Trabajador Inmigrante y su Familia, mientras que Nicaragua, Uruguay, Brasil e Irlanda recomiendan adoptar en el menor tiempo posible la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para la Reducción de la Apatridia. Más claro que el agua.
Angola, Bolivia, Eslovenia y Somalia piden proteger efectivamente a las personas víctimas de las diversas formas de racismo, y específicamente a los haitianos. Sobre el tapete fue puesto también el tema de las deportaciones masivas (Australia y Canadá).
La lista es solo enunciativa, razón por la cual se publica el texto íntegro del informe en su versión en inglés, única disponible hasta ahora.
Aprieto internacional
A contrapelo del discurso oficial sobre la efectividad de la campaña diplomática para “convencer” de la inocuidad de la sentencia del TC, el informe del UPR releva que las alegaciones dominicanas no convencen a nadie y que el país continúa en la mira de la comunidad internacional.
Aunque lo quisiera, la República Dominicana no puede ignorar la opinión de un conjunto tan amplio y disímil de países sobre temas tan sensitivos para los derechos humanos –un valor universal— como son la desnacionalización y la apatridia.
Obligado por los protocolos a aceptar o rechazar explícitamente las recomendaciones del informe, el gobierno debe en cualquier caso articular respuestas convincentes. La solicitud de aplazar la opinión oficial podría responder a la necesidad de ganar tiempo para afinar estrategia políticas perentorias, entre ellas la aprobación del proyecto de ley de naturalización especial que el presidente Danilo Medina probablemente someterá al Congreso el próximo 27de febrero.
En todo caso, gobierno y opinión pública no pueden girar la cabeza y mirar para otro lado: el rechazo a la sentencia del TC es universal y tiene consecuencias adversas para el país.
