El Salvador: más de 50 organizaciones exigen procesar al expresidente Flores por corrupción
Para las organizaciones sociales es, sin duda una satisfacción que la primera acción de dicha comisión, sea pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR), que abra un proceso judicial luego de la información obtenida durante 3 meses investigación, en donde Flores aseguró haber recibido dinero de manera irregular por el gobierno taiwanés.
Ángel Ibarra, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), manifestó que también ven con agrado la apertura que hay en investigar a Flores, no sólo por los 10 millones, sino por los más de $100 mil millones que no se entregaron a las personas que sufrieron los estragos del huracán Mitch y de los terremotos del 2001.
Sin embargo, rechazan la actitud pasiva del Fiscal General, Luis Martínez por hacer, lo que llamaron una “tregua electoral” que favorece a Flores, divido a que el fiscal aseguró no investigar el caso hasta que finalicen las elecciones del 9 de marzo, con lo cual se deja un tiempo corto para hacer el debido proceso que castigue la corrupción de los gobiernos areneros.
Para Ibarra, la actitud de Martínez significa una respuesta a los interese de la derecha y en particular, a los del ex presidente Flores, “frente al hecho que el fiscal no sólo fue sub alterno de Flores, sino que fue empleado de Paco Flores, y socio de su familia, sí hay conflicto de intereses y vamos a hacer las acciones legales pertinentes y necesarias para que él (Martínez) no siga con la permisibilidad que ha estado actuando”.
Por su parte, Mirna Perla del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, se refirió a la necesidad de reformar el Código Penal, Procesal Penal y la Constitución de la República para frenar los actos de corrupción en los bienes públicos, “para perseguir este tipo de casos de cuello blanco porque es obvio que hay crimen organizado desde las más altas esferas del Estado y del poder económico”. Añadió que aún hay debilidad para perseguir a este tipo de criminales que mantiene fuertes cuotas de poder.
Aseveró que existe la urgente necesidad de reformar el artículo 240 de la Constitución para que los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito no prescriban en 10 años como es actualmente, “ese plazo de vencimiento de la acción de enriquecimiento a acosta del erario público debe desaparecer”.
“La Ley de Enriquecimiento Ilícito es muy permisiva, no tiene dientes y por eso debe ser reformada”, dijo Perla.
Entre las organizaciones que se pronunciaron están, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de la Mujer (IMU), Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), entre otros.
http://voces.org.sv/2014/02/
