Dura respuesta del gobierno a Amnistía Internacional por fallo contra migrantes
El Gobierno dominicano rechazó hoy por “improcedentes, carentes de toda base legal y atentan contra el principio de soberanía”, las “desatinadas” pretensiones de Amnistía Internacional de que el país revierta la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que la Constitución dominicana establece que “las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado, y por lo tanto deben ser aplicadas, ya que vivimos en un régimen de derechos”.
“Por el contrario, el Plan de Regularización de los indocumentados reducirá la vulnerabilidad de la población sin estatus migratorio y está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno de respetar los derechos de toda persona en nuestro territorio”, insiste.
Además considera “inaceptable” que Amnistía Internacional acuse a la República Dominicana de discriminación y de violación de los derechos humanos, no obstante ser el Estado dominicano “fiel” a su compromiso con los derechos fundamentales de todas las personas.
“Amnesty International dice luchar por la democracia y el respeto a los derechos humanos, ambos indispensables en un Estado de derecho, pero propone que el país viole la separación de poderes y olvide los preceptos constitucionales”, dice la Cancillería en su comunicado.
De igual modo, defiende el derecho que tiene el país de regular a las personas que viven de manera irregular en territorio nacional.
“Es absurdo acusar de violación a los derechos humanos a un país que como el nuestro, garantiza el acceso a la educación, a la salud y al trabajo, sin importar el estatus legal de las personas. A la República Dominicana le asiste el derecho de procurar que los extranjeros en situación irregular normalicen su status de estancia en el país, y lo estamos haciendo con todas las garantías legales”, precisa el comunicado.
“Las escuelas y hospitales dominicanos son el mejor ejemplo de que a nadie se le discrimina en razón de su estatus migratorio”, añade.
El ministerio recordó que justo como planteó el presidente Danilo Medina ante la recién celebrada Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “no es cierto que en la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie; no se le puede quitar lo que no tiene a ninguna persona”, repitió.
“Por el contrario, el Plan de Regularización de los indocumentados reducirá la vulnerabilidad de la población sin estatus migratorio y está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno de respetar los derechos de toda persona en nuestro territorio”, insiste.
La Cancillería reiteró la decisión y plena disposición de diálogo y apertura del Gobierno dominicano con la comunidad internacional, pero señaló que el respeto a la soberanía y ordenamiento institucional son un punto clave para fomentar el entendimiento.
CIDH pide a Dominicana adoptar medidas de protección de desnacionalizados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy a la República Dominicana que adopte “medidas de protección” a favor de los integrantes del movimiento “Reconocido”, debido a las amenazas provenientes del discurso nacionalistas a propósito de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
La disposición está contenida en la resolución 2/14, del 30 de enero del 2014, mediante la CIDH establece la necesidad de proteger la integridad de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que exigen al Estado el reconocimiento de su nacionalidad.
“Los integrantes del movimiento Reconocido se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, dice la resolución, que destaca el tono amenazante y agresivo del discurso nacionalista y a través de las redes sociales, con motivo de su labor como defensores de sus derechos.
Una nota de prensa con base en la resolución dice que la CIDH reconoció que estos “actos de hostigamiento” se traducen en “retaliación por las actividades de los miembros de la organización por ser abanderados en la defensa de los derechos de quienes se habrían visto afectados por la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la cual podría desnacionalizarlos”.
De manera concreta se pide a la República Dominicana:
a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los integrantes del Movimiento Reconocido;
b) Adopte las medidas necesarias para garantizar que los integrantes del Movimiento Reconocido puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones;
c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y
d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
“Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos afectan las garantías propias de todo ser humano”, dice el documento.
Representa a los denunciantes ante la CIDH Francisco Rivera Juaristi, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara.
Rivera Juaristi dijo que la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, además de desnacionalizar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, genera un ambiente abiertamente hostil y discriminatorio contra periodistas, legisladores, intelectuales, abogados, políticos, defensores de derechos humanos y servidores públicos de alto nivel que defienden el derecho a la nacionalidad de estas personas.
Se plantea en la nota que a pesar de que las amenazas y actos de hostigamiento fueron denunciados ante las autoridades nacionales, el Gobierno aún no ha realizado las investigaciones pertinentes, ante lo cual el movimiento Reconocido se vio forzado a acudir ante la CIDH.
Se informa que el Gobierno tiene 15 días para informar a la Comisión acerca de las medidas que adopte.
Gobierno presenta el Plan Nacional de Regularización en asamblea de la ONU
El Gobierno presentó hoy en Ginebra el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se lleva a cabo en la República Dominicana, para que ningún extranjero esté de manera ilegal en el país.
La presentación fue hecha ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, con motivo de la XXVIII Asamblea que se celebra en Ginebra desde hoy.
Igualmente el Gobierno expuso allí las medidas que desde el 2009 viene implementando para garantizar los derechos de los niños, las mujeres, los homosexuales, los discapacitados y los migrantes.
La delegación que representa el Gobierno dominicano ante la asamblea de la ONU está integrada por la vicecanciller Alejandra Liriano, jefa de la sección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la embajadora Rhady Abreu.
De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, algunas instituciones y países saludaron los avances que ha experimentado el país en materia de derechos humanos, mientras que otros hicieron algunas recomendaciones y propuestas que serán evaluadas y estudiadas por el Gobierno dominicano, para dar respuesta en un próximo evento de esa naturaleza.
