Costa Rica contrademanda a minera canadiense ante el CIADI por daño ambiental

Costa Rica demandará a Industrias Infinito, empresa que intentó desarrollar la explotación minera de Crucitas,  hasta por un monto de cinco millones de dólares por daños ambientales, anunció este martes el ministro de Ambiente y Energía, René Castro.

El anuncio se produce luego de que el lunes, la casa matriz de la compañía canadiense, Infinito Gold, dio a conocer que había demandado a Costa por 94 millones de dólares por la anulación del contrato para explotar oro en Crucitas, en la zona norte del país.

Castro dijo que el país está preparado para enfrentar el proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo especializado del Banco Mundial, al que se deben llevar este tipo de diferencias según el tratado de inversiones entre Costa Rica y Canadá.

«El árbitro internacional valorará el estudio elaborado por expertos independientes que demuestran el daño ambiental causado por la empresa» y dará la razón a Costa Rica, confió Castro durante una conferencia de prensa.

El funcionario consideró que a la empresa no le será fácil demostrar que ha sufrido un daño financiero de 94 millones de dólares y, por el contrario, Costa Rica podrá demostrar que Infinito Gold incurrió en flagrantes violaciones al contrato y a la legislación nacional.

El ministro recordó que hace algunos meses, la compañía amenazó con una demanda por 1.090 millones de dólares y a la hora de la verdad tuvo que reducir sus pretensiones a menos de una décima parte.

Castro estimó que el arbitraje podría durar de un año a año medio y dijo que Costa Rica invertirá cerca de un millón de dólares en el pago de abogados y expertos.

En noviembre de 2010, el tribunal contencioso administrativo de Costa Rica anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito en un fallo en que también declaró ilegal un decreto de «interés nacional» emitido ese mismo año a favor del proyecto de explotación minera por el expresidente Oscar Arias.

La sentencia fue ratificado luego por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, por la Sala Constitucional que dio por cerrado el capítulo.

El proyecto era adversado por un amplio movimiento social que lo consideraba altamente nocivo para el ambiente, no solo por la contaminación que podía producir, sino porque la construcción de la mina implicaba la destrucción de un bosque seco de características únicas en Centroamérica.