Comienza juicio clave por la represión en la rebelión popular de diciembre de 2001
El regreso de la feria judicial marcará el inicio de la cuenta regresiva para el comienzo del primer juicio oral y público con gran impacto político de 2014: el que intentará determinar quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa luego de una feroz represión que dejó cinco muertos sólo en la Plaza de Mayo y más de 200 heridos en toda la ciudad. Casi 13 años después, en el banquillo de los acusados estarán el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, junto a todos los integrantes de la cadena de mando que entonces encabezaba el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, además de los autores directos de los crímenes.
La hipótesis que intentará demostrar la acusación durante el proceso es que el estado de sitio dictado por el gobierno de la Alianza fue ilegal, y que, a partir de allí, todas las acciones llevadas adelante por las autoridades pusieron en riesgo a los manifestantes. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia dilata desde hace casi dos años la decisión sobre la apelación al sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, el principal responsable político del operativo, que no formará parte de este juicio que llevará adelante, a partir del 24 de febrero, el Tribunal Oral Federal Nº6.
ESTADO DE EXCEPCIÓN. A partir del Decreto 1678/01 De la Rúa decretó el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio, algo que la acusación sostiene que fue jurídicamente ilegal. Con el pretexto de que el Congreso estaba en receso, el Ejecutivo dictó un estado de excepción por 30 días sin especificar, tal como lo pide la Constitución, que se delimite qué garantías se suspenden, ni en qué parte del territorio regía. Por añadidura, todas las decisiones tomadas a partir de ese momento por el gobierno de la Alianza podrían ser tachadas de ilegales, especialmente el diseño de un operativo represivo que fue caótico en las calles de la Ciudad, y que incluyó un despliegue de fuerzas en decenas de patrulleros, personal de infantería, policías a caballo, policías sin uniforme, carros de asalto, y carros hidrantes que acrecentaron el riesgo de ocasionar el saldo que finalmente dejó la jornada del 20 de diciembre. Sumado al antecedente que esa misma madrugada se había producido una muerte en el marco de incidentes de similares características. Sólo en territorio metropolitano hubo cinco muertos: Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Ariel Benedetto. Los heridos fueron 227; y los detenidos, más de 300. Al juicio llegarán los autores materiales de los disparos policiales y la cadena de mando policial, que será acusada de «homicidio culposo».
PRUEBAS. Con tres audiencias semanales en los Tribunales Federales de Comodoro Py, los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino deberán escuchar un listado tentativo de medio millar de testigos, por lo que se prevé que durará por lo menos hasta mitad de año. Pericias balísticas, una jornada completa de modulaciones policiales, documentos de la Dirección General de Operaciones de la Federal y reglamentos policiales completan la prueba que examinará el tribunal, que llevará adelante el juicio unificado luego de la instrucción de los jueces federales Claudio Bonadío y María Servini de Cubría.
Pero el juicio estará también cruzado por componentes políticos que remiten a la historia reciente. Se pondrá en juego por parte de la acusación demostrar el hecho de que la orden política del gobierno de la Alianza fue la de despejar la Plaza de Mayo de protestas para poder buscar una salida negociada con el peronismo ante la crisis de gobernabilidad que atravesaba el gobierno de De la Rúa. «Llegamos a juicio con un caso muy sólido y tenemos expectativas de alcanzar las condenas de los responsables para lograr justicia para las víctimas de la brutal represión. Creemos que el juicio es una oportunidad histórica para establecer los niveles de responsabilidad de los funcionarios políticos y policiales por los delitos cometidos en el marco de la represión», sostuvo a Tiempo Argentino Maximiliano Medina, abogado querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El relato cronológico de la jornada será esencial para confirmar las acusaciones. Los hechos más graves que se investigaron ocurrieron luego de las 15, después de que la plana mayor de la PFA y de la efectuada por el Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior, presidida por Mathov. Nunca hubo una contraorden para detener la represión ante las muertes. El responsable de las fuerzas de seguridad fue el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre que falleció antes de ser enjuiciado.
ACUSADOS. Mathov será juzgado por «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público» que, según la acusación de los fiscales Patricio Evers y el fallecido Horacio Comparatore, provocaron además de cinco homicidios culposos lesiones a otras 117 personas. Por los mismos cargos se sentarán en el banquillo de los acusados el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos –hoy jubilado– y los ex comisarios Raúl Andreozzi (jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana), y Norberto Gaudiero (jefe de la Dirección General de Operaciones de la PFA). Entre los procesados también se encuentran cuatro ex integrantes de Asuntos Internos por el asesinato de Alberto Márquez, baleado en inmediaciones del Obelisco. Son Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro, todos actualmente excarcelados. Los cuatro viajaban en un automóvil particular y dispararon contra los manifestantes aquella jornada. «Se promovió una verdadera cacería de manifestantes y transeúntes ocasionales», afirmó la querella en el pedido de elevación a juicio. Las defensas ya adelantaron su estrategia. Las autoridades políticas y policiales apuntarán a subrayar los límites hasta donde puede responsabilizarse al superior de una estructura jerárquica, respecto de los hechos ejecutados por un subordinado, y sus consecuencias.
«Este juicio será sin dudas el caso más emblemático de represión de la protesta social, y la sentencia será muy importante para constituir estándares que permitan modificar las prácticas policiales que ponen en riesgo la vida de los manifestantes y garantizar que estos hechos no se repitan nunca más, sostuvo Medina. «
los beneficios a de la rúa
El ex presidente Fernando de la Rúa consiguió en esta causa un rotundo respaldo judicial en todas las instancias. Fue indagado, pero la justicia lo sobreseyó en 2009 con un fallo del juez Claudio Bonadio. En sus dichos, el ex mandatario aclaró que no sabía nada de las muertes ocurridas en la Plaza de Mayo, y que se enteró a través de Crónica TV. El 27 de diciembre de 2012, la Cámara de Casación –máximo tribunal penal del país– ratificó que el ex mandatario quedaba fuera de culpa y cargo por la represión de 2001. Dictaminó que «desconocía los supuestos excesos de sus inferiores» y que por ello no tuvo responsabilidad política en los asesinatos de cinco manifestantes, y las heridas provocadas a 227 personas. El fallo fue firmado por los camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi. La misma postura había tenido antes la Cámara Federal que, además, había rechazado las apelaciones contra su decisión. Desde finales de 2012, su situación está bajo análisis de la Corte Suprema sin que la decisión tenga expectativas de resolverse en el corto plazo. De todas formas, es posible que De la Rúa sea llamado como testigo en este juicio, lo que lo dejará en una posición de observador de lo que sucedió y le permitirá, por el momento, esquivar el banquillo.
