Argentina: comenzó el juicio por la represión del 19 Y 20 de diciembre de 2001
Enrique Mathov tiene la barba casi blanca y bolsas debajo de los ojos. Es, dentro de la sala, uno de los signos más notables de los doce años que pasaron desde la represión del 20 de diciembre de 2001, que desplegó el gobierno de Fernando de la Rúa en su pretensión de despejar la Plaza de Mayo de protestas y que llevó al asesinato de cinco personas a manos policiales y a herir a otras 117 personas.
La presencia del ex secretario de Seguridad en el banquillo denota, además, la importancia de un juicio donde por primera vez deben rendir cuentas los responsables jerárquicos del accionar policial violento. Junto con él son juzgados por homicidio culposo el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el jefe de la Dirección General de Operaciones de la fuerza, Norberto Gauderio. Se suman 13 policías, algunos implicados como autores directos. En la primera audiencia de este proceso que durará más de un año, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) leyó parte de las acusaciones, ante familiares de las víctimas, Madres de Plaza de Mayo, militantes y legisladores.
Ese momento de la lectura, tedioso y burocrático, contiene –sin embargo– los cimientos sobre los que se desarrollará este juicio, que revivirá un punto crítico de la historia del país, antesala de la caída del gobierno de la Alianza, y donde las querellas y la fiscalía buscarán poner a la vista los mecanismos de la violencia institucional, basados en decisiones políticas, ante el conflicto y las manifestaciones sociales. El concepto en el que coinciden las acusaciones es que la represión del 20 de diciembre respondió al objetivo preciso de desalojar Plaza de Mayo ante las protestas y a una orden del poder político dirigida a la Policía Federal para cumplir con ese fin. El planteo es que frente a los abusos policiales, Mathov y los jefes de la fuerza eran, cuanto menos, los garantes de la integridad y la vida de las personas.
Un secretario y una secretaria se turnaban ayer para leer los pedidos de elevación a juicio de los que surge que el ex secretario de Seguridad y los tres jefes policiales están acusados de homicidio culposo (sin intención) por las muertes de Diego Lamagna, Gastón Riva, Alberto Márquez, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto. Algunas querellas han planteado que el homicidio debería considerarse doloso. También se les atribuyen las lesiones sufridas por los manifestantes, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los acusados llegaron al juicio en libertad, pero en algunos casos las penas que les toquen podrían ser de cumplimiento efectivo. Otro de los funcionarios que debieron haber estado en el juicio era el ex ministro del Interior Ramón Mestre, que falleció.
La audiencia, que empezó pasadas las 11 y terminó cerca de las cinco de la tarde, abarcó también el detalle de las imputaciones contra cuatro ex integrantes de Asuntos Internos (Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro), acusados como ejecutores del asesinato de Márquez, quien tenía 57 años y fue baleado cerca del Obelisco. Es el único caso en que se conocen los autores directos de los disparos letales. Una cámara de la propia policía registró todos los movimientos de ese grupo de agentes que dispararon contra los manifestantes que se encontraban en una plazoleta en la avenida 9 de Julio y Sarmiento, como explicaba ayer el abogado Juan Carlos García Dietze, de la querella. Ellos están acusados, a la vez, por las tentativas de homicidio de Paula Simonetti, quien recibió un disparo en la médula, y de Martín Galli, quien recibió un disparo en la cabeza. Ambos sobrevivientes son representados por el abogado Rodolfo Yanzón.
“Hubiese querido que también esté De la Rúa”, comentaba ayer Karina Lamagna, la hermana de Diego Lamagna, un chico de 26 años que recibió un balazo en el pecho cerca de Avenida de Mayo. El ex presidente fue desvinculado del expediente por decisión de la Cámara de Casación Penal, pero no está todo dicho, ya que su situación se encuentra ahora bajo análisis de la Corte Suprema. Entre el público estaba también el hijo de Jorge Cárdenas, cuya foto tendido, sangrando, en las escalinatas del Congreso, fue el anuncio de que se avecinaba una masacre. Cárdenas murió en 2002. Su nombre apareció en la lectura del TOF6, cada vez que se mencionaba el inicio de la represión.
Por la sala más grande de los tribunales de Retiro, conocida como “sala AMIA”, custodiada ayer por Gendarmería, pasaron también el legislador Pablo Ferreyra, el diputado Leonardo Grosso, Madres de Plaza de Mayo como Taty Almeida y Laura Conte, y Horacio Verbitsky, presidente del CELS, que encabeza la querella contra Mathov y los jefes policiales, por las familias de Riva y Lamagna. Entre las querellas, también actúa en el juicio la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), por la familia de Almirón. El fiscal del juicio es Mauricio Viera, quien está acompañado por un grupo de fiscales coadyuvantes.
De los abogados defensores, llamó la atención la presencia de Virgilio Loiácono, en representación de Santos, dado que el abogado está citado como testigo en el juicio, ya que fue secretario Legal y Técnico del gobierno de De la Rúa. Entre las defensas también está Valeria Corbacho, habitual defensora de policías, quien representó a De la Rúa en el juicio de los sobornos del Senado.
Afuera de tribunales había un gran escenario con una pantalla donde se proyectaban imágenes de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Por el juicio oral pasarán 580 testigos. Además de todas las declaraciones, el tribunal –que preside José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu, Javier Anzoátegui y Adrián Martín– dispone de una semana entera de filmaciones y de varias pericias. Un tema que entrará en el debate es la declaración de estado de sitio, “que fue ilegal porque no se dio intervención al Congreso, ni se explicó qué garantías estaban afectadas ni se estableció el ámbito de aplicación –señaló el abogado del CELS Maximiliano Medina–, pero aunque hubiera sido legal, tampoco podía ser un cheque en blanco para salir a matar”.
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