Ante la crisis fiscal, el gobernador propone reducir el presupuesto
Tal y como había anticipado, el gobernador Alejandro García Padilla envió este miércoles a la Legislatura un proyecto de ley que recortaría $170 millones del presupuesto vigente.
Esta sería la primera acción concreta que toma la administración de García Padilla para reducir el gasto público y proveerle mayor liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), luego que la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P’s) degradara el martes a nivel especulativo gran parte de la deuda del Gobierno.
“Ante la histórica situación fiscal en la que nos encontramos, y tal y como informé ayer (martes), envío este proyecto a la Legislatura, confiado en que lo atenderán con la prontitud que amerita”, manifestó el mandatario en un comunicado al destacar que la medida sienta las bases para presentar un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.
«Gracias a la responsabilidad con la que hemos manejado los gastos del gobierno y las medidas de ingreso promovidas por esta administración, estamos en posición de presentarle al pueblo un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, antes de la meta impuesta para el 2016”, enfatizó.
La pieza legislativa emendaría los artículos 3 y 8 de la Ley 45-2013, que creó el Fondo de Reconstrucción Fiscal, para ajustar el financiamiento deficitario del presupuesto de $245 millones con el fin de reducirlo a $75 millones.
El proyecto ordena modificar la asignación presupuestaria del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) con cargo a ese financiamiento.
Según el parte de prensa de La Fortaleza, la exposición de motivos de la pieza aclara que los recursos que reciben los municipios a través del CRIM no se verían afectados con los cambios, pues serían cubiertos por el Fondo General.
García Padilla anticipó que durante los próximos días se presentarán otras iniciativas para reducir asignaciones especiales que las agencias podrían cubrir con fondos propios o del presupuesto restante, y se efectuarán ajustes adicionales en los presupuestos operacionales de las entidades públicas, incluyendo nómina y compra de servicios.
«En la nómina de confianza con cargo al Fondo General, se ha reducido un 16% del gasto, y utilizaremos unas reservas que establecimos para contingencias y gastos que ahora sabemos no se incurrirán», puntualizó el primer ejecutivo.
