Unos 60 jueces rechazan pronunciarse sobre pedido de amnistía a Ríos Montt
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones se desliga de conocer la situación de la amnistía a la que pretende acogerse José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado señalado de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Aproximadamente 60 magistrados suplentes se inhibieron y el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alrededor de 60 magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal renunciaron a ser parte de la terna que entraría a conocer y explicar la situación de la amnistía requerida por Ríos Montt.
En una convocatoria que inició en noviembre, los togados que fueron llamados a ser parte del tribunal de apelaciones no argumentaron razones válidas para no conocer el caso, explicó en anteriores declaraciones Frank Martínez, magistrado de apoyo de la Sala Primera.
En consecuencia, dicho togado elaboró un informe detallado que entre hoy y mañana será remitido a la Corte Suprema de Justicia, para que sean los funcionarios de esa entidad quienes determinen qué sucederá con el caso.
Según la información, los magistrados de Salas rehuyeron al proceso Ríos Montt por acercarse el proceso de elección de nuevos integrantes de la Corte de Apelaciones, ya que dicho caso podría afectar sus posibles nombramientos.
De esa cuenta es que en el documento remitido a la CSJ, se harán constar los argumentos citados por los profesionales que se negaron a conocer la causa penal contra el ex jefe de Estado.
La mayoría de las respuestas recibidas alegaba falta de tiempo, afirmó Martínez, y calificó las mismas como “irrisorias”, ya que no se amparaban en las causales de excusa establecidas por la Ley. El entrevistado explicó que él también se apartó de actuar en el caso por considerar que podría dudarse de su imparcialidad.
SIN RESOLVERSE
En octubre del 2013, la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó que la Sala Primera fundamentara y revisara la petición de amnistía hecha por el general retirado Ríos Montt.
La orden emanada por la CC deriva de la petición de la defensa del general retirado, que insiste en que a su cliente debe extinguírsele la responsabilidad penal en el proceso por genocidio, argumentando que lo alcanzó la amnistía decretada por Óscar Humberto Mejía Víctores, en el Decreto Ley 8-86.
A la fecha han transcurrido 71 días desde que la máxima instancia constitucional mandara a explicar la negativa de la amnistía promulgada el 10 de enero de 1986.
